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La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular, que desde octubre de 2018 está presidida por Adolfo Suárez Illana, actual secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado, y cuyo vicepresidente primero es el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, recibe cada año más de 458.000 euros de la Comunidad de Madrid –gobernada por PP y Ciudadanos– por gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).
Estos centros, creados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y que dan información, asesoramiento y formación a inmigrantes, son organismos públicos que dependen de la administración que preside Isabel Díaz Ayuso, una de las grandes apuestas de Casado y cuyas políticas pone como ejemplo de lo que haría él si llega a la Moncloa. Pese a estar cofinanciados en un 50% por la comunidad madrileña y en otro 50% a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, la gestión de los CEPI es, no obstante, privada y se suele adjudicar a fundaciones o asociaciones benéficas que trabajan con población inmigrante.
En 2015, antes de que la Fundación Concordia y Libertad –entonces llamada Humanismo y Democracia (H+D)– estuviera vinculada al PP, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid adjudicó a la ahora fundación 'popular' la gestión de los CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Usera/Villaverde con un plazo de ejecución “del 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017”. Pero las dos adjudicaciones se prorrogaron en 2017 durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Cuando se aprobaron las prórrogas, el 25 de octubre de 2017, la fundación ya formaba parte del PP.
Tal y como consta en la correspondiente orden de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en el caso del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, el contrato se prorrogó por un importe total de 681.854,48 euros, distribuido en tres anualidades –las referidas a 2018, 2019 y 2020– de más de 227.000 euros. Para el CEPI de Usera/Villaverde la cuantía total de la prórroga ascendió a 692.441,84 euros, distribuida en tres anualidades de más de 230.000 euros. Sumados ambos contratos, la Fundación Concordia y Libertad recibe de la Comunidad de Madrid 458.000 euros anuales.
La fundación señala en su página web que el objetivo con esta actividad de gestión de los CEPI “es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo de exclusión y las compensaciones de déficit de apoyo social, centrando el interés en los factores de vulnerabilidad y dependencia, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales públicos”.
Este diario se ha puesto en contacto con la fundación para conocer su valoración acerca de que sea una administración gobernada por el propio PP, partido que a su vez es dueño de la propia fundación, la que financie su actividad. El departamento de comunicación de Concordia y Libertad ha delegado la respuesta en Domingo Delgado, director del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, que defiende que la adjudicación de la gestión de estos centros “sale a concurso público” y que la fundación se presentó al celebrado en 2015, siéndole adjudicados los dos mencionados centros.
Según señala Delgado, el concurso fue “transparente y cristalino” y la fundación, pese a su pertenencia al PP, “tiene derecho a presentarse” y si “los técnicos, dentro de su solvencia técnica, consideran que el pliego es el mejor”, es correcto que les sea adjudicada la gestión de los mencionados CEPI. “No existe favoritismo alguno”, remarca, para insistir en que la fundación, a lo largo de su historia, ha trabajado con “gobiernos de todos los colores”. “El ideal de la fundación no es otro que ayudar a sus usuarios”, remarca.
Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, “con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos”. Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación.
Creada para la “sociedad civil de centro derecha”
Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.
En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y “a propuesta de su presidente”, que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.
La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, “no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal” esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside “no es del PP sino de la sociedad a la que sirve”. Además, justificaba su nueva responsabilidad en que “la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada”.
H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una “relación de afinidad”. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.
Otras polémicas de la fundación
El pasado lunes, El Confidencial reveló que Laura López de Cerain, alta funcionaria y ex alto cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), había sido condenada a siete años de inhabilitación precisamente por favorecer a la fundación vinculada al PP en proyectos de ayuda al desarrollo. La sentencia considera probado que, en 2014, López de Cerain, que llegó a ser secretaria general de la AECID, cambió las puntuaciones para que esa fundación obtuviera una subvención y que lo hizo “sin que existiera ningún criterio técnico que fundamentara dicha modificación”.
Por otro lado, los CEPI ya estuvieron en el centro de la polémica en 2009, apenas unos años después de que se crearan los primeros de estos centros por la Comunidad de Madrid entonces presidida por Esperanza Aguirre. El diario El País publicó entonces que la congregación Legionarios de Cristo, investigada por el Vaticano, controlaba a través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria 4 de estos 17 centros.
La congregación ultracatólica percibía entonces –ya no consta que ningún CEPI esté gestionado por esa organización– 1,6 millones al año de las arcas regionales por encargarse de cuatro CEPI. Y, al menos en uno de ellos, los legionarios aprovechaban para hacer apostolado y campaña contra el aborto entre los inmigrantes.