Aquellos que cuestionan la utilidad del Senado no encontrarían este miércoles un aliado en la figura de José Castro. El juez, célebre por haber conseguido que un miembro de la familia real española se siente por primera vez en el banquillo de los acusados, aprovechará una iniciativa del Grupo Popular en la Cámara Alta para retrasar dos años su jubilación. De este modo, Castro podrá seguir instruyendo los casos que inundan el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, entre ellos el que investiga la financiación irregular del PP en las Islas Baleares.
El Pleno del Senado aprobó en la tarde del martes la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Gobierno, incluida una enmienda del Grupo Popular que permite a los jueces que aún no hayan cumplido 70 años continuar en la carrera dos años más, si así lo desean. Castro, que los cumple en diciembre, tiene intención de solicitar la prórroga, según fuentes de su entorno, y culminar así 19 piezas que aún restan del complejo puzle del caso Palma Arena, del que surgió el caso Nóos y entre las que se encuentra una dedicada a la caja B del PP local.
Siguiendo la constante desde que Alberto Ruiz Gallardón se convirtiera en ministro de Justicia hace más de tres años, el departamento ha tenido que dar marcha atrás de nuevo en una iniciativa. La intención del PP era acabar con la figura del juez emérito, que hasta ahora permitía a los magistrados continuar ejerciendo hasta los 75 años solo como miembros de Sala. La reforma se reveló una improvisación, ya que media docena de jueces del Alto Tribunal se verían obligados a dejar sus puestos en apenas cuatro semanas.
Para salir del entuerto, el PP recurrió al Grupo Popular en el Senado, que presentó una enmienda transaccional a su propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, finalmente, han apoyado cuatro grupos en el Senado. La iniciativa de última hora es fruto del compromiso que alcanzó el actual ministro de Justicia con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en una reunión de urgencia celebrada el martes de la semana pasada.
De este modo, los jueces que en la actualidad ejercen como eméritos podrán continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, conservando su actual régimen retributivo. No obstante, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los 75 años. Para compensar a aquellos jueces que aún no ejercen como eméritos, pero pretendían hacerlo en el futuro, el PP ha optado por elevar la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72. Y es aquí donde se beneficia Castro.
Precisamente, el juez José Castro recurrió a la figura del juez emérito para intentar continuar al frente de su Juzgado hasta los 72 años. En su solicitud del pasado febrero alegó que sería “un quebranto” para el Juzgado abandonarlo con 19 piezas del caso Palma Arena aún abiertas, las mismas que trazan un completo cuadro de la corrupción durante los cuatro años que Jaume Matas fue presidente autonómico, antes de acudir a la llamada de José María Aznar para convertirse en ministro del Gobierno de España.
Pero la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó la pretensión de Castro. La figura del juez emérito está reservada legalmente para ser suplente a la hora de formar parte de la Sala en las audiencias provinciales, la Audiencia Nacional y tribunales superiores, no para ejercer de juez de instrucción. Con la enmienda aprobada el martes, Castro seguirá al frente de su juzgado hasta diciembre de 2017, cuando alcanzará la edad de 72 años.
La enmienda original del PP establecía que los jueces que tuvieran la condición de eméritos y superaran los 72 años cesarían en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) entrara en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP, según Europa Press. Una vez corregida la iniciativa, ya solo resta que el Congreso ratifique la reforma de la Ley Orgáncia del Poder Judicial.
El juez Castro abrió el pasado febrero la pieza 28 del caso Palma Arena, destinada a averiguar si la sede del PP en Palma fue sufragada con dinero negro. En la causa ya están imputados Jaume Matas y el que fuera tesorero del partido y cuñado del primero, Fernando Areal. La causa surge del testimonio ante el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach de un arrepentido, el exconcejal de Urbanismo de Palma Rodrigo de Santos.
De Santos relató cómo el empresario Antonio Pinal pagó la sede del PP a cambio de la adjudicación urbanística en un solar militar de Palma, que finalmente se frustró. Pinal estuvo imputado en la causa de la financiación irregular del PP en la Audiencia Nacional por aparecer en dos anotaciones de Bárcenas como donante del partido. Como con el resto de los empresarios, Ruz archivó la causa contra él al no poder acreditar que las donaciones se produjeran a cambio de adjudicaciones concretas.