PP y Ciudadanos han bloqueado 58 veces la reforma de la ley de la que se ha beneficiado el expresidente de Murcia

El Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado en el último año y medio en 58 ocasiones una iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que prevé derogar la reforma legal que establece plazos de caducidad a la instrucción de las causas penales. El Gobierno de Mariano Rajoy promovió una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar a seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellos casos declarados complejos. La reforma entró en vigor en diciembre de 2015 tras ser aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP.

La medida contó con la oposición de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que llevan advirtiendo desde entonces de que aumentaría la impunidad al propiciar el archivo de grandes causas. El desacuerdo con la medida logró unir a colectivos de todos los espectros ideológicos. También los secretarios judiciales o el Consejo General de la Abogacía se posicionaron en contra del cambio de regulación.

Precisamente gracias a esta reforma el expresidente de Murcia con el PP Pedro Antonio Sánchez ha conseguido evitar su primer juicio por corrupción. La Audiencia Provincial de esa comunidad autónoma lo absolvió este jueves de una de las tres causas que tiene abiertas después de que su abogado alegara durante la vista de las cuestiones previas que el plazo para investigar se había agotado antes de que se hubiera estipulado la complejidad de la causa y que eso obligaba a declarar nulas todas las diligencias. Sánchez, que sigue procesado en los casos Auditorio y Púnica, dimitió en abril de 2017 acorralado por esas acusaciones.

A pesar de que el cierre de esa investigación es consecuencia de la ley que aprobó el PP, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que el archivo supone la confirmación de que “se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona”. “No podemos permitir que esto ocurra en una democracia”, ha añadido.

Aunque ya no está en el Gobierno, el PP sigue bloqueando que pueda derogarse esta polémica reforma. Para ello está contando con el apoyo de Ciudadanos. Desde junio de 2017 ambas formaciones han votado hasta en 58 ocasiones a favor de la ampliación del plazo de enmiendas de una proposición de ley de Unidos Podemos que pide su derogación. En la práctica, esto supone la paralización del trámite parlamentario de la iniciativa y dilata en el tiempo la posibilidad de que pueda ser aprobada.

El texto de Unidos Podemos tiene un único artículo: la derogación de la limitación temporal a la instrucción de sumarios de causas penales. Se registró en el Congreso en marzo de 2017, pero las continuas dilaciones que impusieron PP y Ciudadanos han alargado los trámites.

Una vez desbloqueado el plazo de enmiendas, el PP ha presentado una enmienda de totalidad para hacer un último intento de que el Congreso no tumbe su reforma. En la exposición de motivos defienden que su recorte de los plazos de instrucción responde a la necesidad de “evitar dilaciones indebidas”. Recordaron la frase de esa primera iniciativa, en la que se decía que la reforma eliminaba “cualquier riesgo de impunidad”.

“Gracias a esta reforma puntual, las instrucciones eternas, que en ocasiones rondaban los diez años han sido afortunadamente superadas”, insiste el Grupo Popular, que registró esta enmienda hace un par de días.

Su texto apenas tiene un par de modificaciones respecto a la reforma de 2015. El PP amplía algunos supuestos para pedir una prórroga de las causas y establece que el juez instructor deberá avisar al Ministerio Fiscal un mes antes de que concluya el tiempo para pedir una de esas prórrogas.

El PP está orgulloso de su reforma y de hecho ha echado mano de ella en un caso judicial. Los abogados del partido trataron de impedir que continuase la investigación de la caja B: argumentaron que la causa no se había declarado compleja por lo que, según la norma que aprobaron desde el Gobierno, debía cerrarse.

Los letrados del partido argumentaron que la Fiscalía no había pedido la prórroga y que, según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez no podía extender más la investigación sobre los pagos en B al PP por parte de grandes empresarios. También afirmaron que no se había argumentado esa extensión del plazo. El juez no compró esos argumentos y situó el fin de la investigación a 2019.

Jueces y fiscales piden su derogación

Las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales han cargado contra la reforma de los plazos de instrucción desde que entraron en vigor. Trataron sin éxito de que el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, viese que la limitación que había puesto a las investigación iba a provocar que algunas se cerrasen en falso. Aquella fue tan solo una de las cuestiones que durante los últimos años enfrentaron a Catalá con todas las asociaciones, que llegaron a pedir en bloque su dimisión.

Con el cambio de gobierno, los colectivos progresistas y conservadores vieron la oportunidad de recuperar algunas de esas reivindicaciones, que la ministra Dolores Delgado había compartido con ellos como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Además, contaban con que la derogación de los plazos de instrucción había sido una de las promesas del PSOE en la oposición.

Pero el tiempo transcurrió sin que el Gobierno aprobase ninguna iniciativa desde el Consejo de Ministras para acabar con el 324. La vía parlamentaria seguía su curso pero con lentitud. Hace unas semanas, la UPF envió cartas a todos los grupos parlamentarios para alertarles de que el 6 de diciembre vencía el plazo para instruir las causas complejas iniciadas antes de la entrada en vigor del artículo 324.

Es decir, aquellas que se hubiesen prorrogado hasta el límite legal finalizaban forzosamente ese 6 de diciembre, tres años después de la entrada en vigor de la reforma. “Supone, fundamentalmente, una amenaza para la efectiva reparación de todas las víctimas”, añadía esa misiva.

En la carta que recibieron los diputados del PP, además, se les recordaba que el presidente del partido, Pablo Casado, se había comprometido ante las asociaciones a derogar el 324. No solo no ha cumplido su palabra, sino que está haciendo todo lo posible por salvar esa reforma.

Esas asociaciones se reunieron ayer con la ministra de Justicia, dentro de la ronda de encuentros que mantienen para tratar las diversas reivindicaciones de jueces y fiscales. Trataron la derogación del 324, pero el Ministerio se limitó a señalar que existían algunos “escollos parlamentarios” que lo impedían.

Unos plazos de investigación insuficientes

El recorte de los plazos de instrucción entró en vigor el pasado 6 de diciembre. La reforma establece que las causas tienen un plazos máximo de instrucción de seis meses. Transcurrido ese tiempo, la Fiscalía podía solicitar que se ampliase a 18 meses por tratarse de “una causa compleja”. Cabía una última prórroga a un total de 36 meses, es decir, tres años de investigación que para algunos casos es un periodo que se queda extremadamente corto.

Como ejemplo, la investigación de la pieza principal del caso Gürtel -cuya sentencia provocó la moción de censura- comenzó en 2008 y no se dictó auto de apertura de juicio oral hasta 2015. Aún hay piezas que no se ha terminado de investigar una década después de que estallase el caso. Noos necesitó cuatro años de investigación para sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina.

Además, el modelo instaurado por el PP tiene varias trabas. La primera, que obliga a una celeridad en los trámites judiciales que no se acompañó con mayor dotación presupuestarias. Además, la decisión de pedir una prórroga queda en manos de los fiscales, que no son quienes controlan la instrucción. Estos deben pedir a los jueces que amplíen el plazo. Los magistrados no pueden acordarlo por iniciativa propia, así que depende de que a los fiscales no se les pase un plazo que no tienen bajo su control.

También hay otras circunstancia que provocan dilaciones en el proceso. Por ejemplo, cuando algunos casos con aforados presentan dudas sobre qué tribunal es competente, esa circunstancia puede tardar varios meses en resolverse. Mientras tanto, los plazos corren sin que la investigación pueda avanzar.