PP y Ciudadanos inician una carrera de bajadas de impuestos hacia el 28A

En su particular batalla por el electorado de centro derecha y tras el giro hacia el liberalismo económico más radical emprendido tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos –que pasó de considerarse socialdemócrata a definirse como liberal en su último congreso en 2018–, Pablo Casado y Albert Rivera han iniciado una batalla de propuestas electorales centradas en la bajada de impuestos.

PP y Ciudadanos pugnan voto a voto por el primer puesto de las derechas en las próximas elecciones generales del 28 de abril, en las que todas las encuestas sitúan a ambas formaciones –especialmente a los populares, que podría perder hasta 50 escaños– a la baja e incluso sin opciones de gobernar aunque lleguen a acuerdos entre ellos y con Vox para hacer frente a la suma de las izquierdas y los partidos nacionalistas.

Casado ha planteado una “revolución fiscal” que pasa por “suprimir o bajar” prácticamente todos los impuestos en España, a pesar de que la presión fiscal se sitúa aquí por debajo de la media europea y de que las instituciones comunitarias plantean nuevos recortes de gasto. En el ranking de 2016, con un 34,1%, el español era uno de los diez países con menor presión fiscal de la UE e incluso con las subidas previstas en los Presupuestos presentados por el Gobierno y que finalmente no se aprobaron en el Congreso, esa presión fiscal hubiera seguido cinco puntos por debajo de la media (40,2%). La propuesta del líder del PP supone una bajada por debajo del 40% a las rentas más altas y que están por encima de los 60.000 euros anuales.

A partir de ese umbral, la retención actual es del 45%. La pretensión del Gobierno de Sánchez con su acuerdo con Unidos Podemos era crear otros dos tramos a los que subir ese porcentaje –dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros anuales y cuatro puntos a quienes ganaran más de 300.000 euros–.

Además, el plan de Casado pasa por poner en marcha bajadas generalizadas, o directamente la supresión, de algunos tributos, empezando por el impuesto de sucesiones. La escalada de promesas fiscales contrasta con los datos que sitúan a nuestro país como uno de los que menos presión fiscal impone a sus ciudadanos. Según datos de Eurostat, España ocupa la posición número 24 en la lista de países europeos con más impuestos en relación a su PIB.

Este lunes, durante un acto económico organizado por el diario El Mundo, el líder del PP concretaba esa “revolución fiscal” que, si logra llegar al Gobierno después del 28A, incluirá una rebaja del impuesto de Sociedades por debajo del 20%. Actualmente el tipo general es del 25%. No obstante, los datos de la Agencia Tributaria revelan que en la práctica las grandes empresas abonan un 7,88% mientras que las pequeñas pagan un 18,78%.

También propone lo que considera una medida “inédita” de “blindaje fiscal al ahorro” para garantizar las deducciones para los planes de pensiones privados. Se trata de ampliar estos beneficios a los planes de ahorro y a la adquisición de vivienda habitual. “Todas las modalidades de ahorro tendrán el beneficio fiscal que tienen los planes de pensiones”, añadía durante el evento celebrado este lunes.

Otra de las apuestas de Casado es la supresión del coste de transacción para los ciudadanos que quieran variar su producto de ahorro durante su vida laboral. El PP explica que así “no tendrá coste para transferirlo y el coste de rescate fiscalmente será cero”. Los populares también avalan que las cotizaciones sociales no suban y que se publiquen en la nómina “para que los trabajadores sepan cuánto pagan y que todos los impuestos sean conocidos por los contribuyentes con una circular anual”.

Casado ha conformado su equipo más cercano rodeándose de expertos economistas de tendencia ultraliberal. Es el caso de su jefe de Gabinete, Javier Fernández Lasquetty, impulsor de la privatización de la sanidad madrileña, o de su principal asesor económico, el también columnista Daniel Lacalle, al que además de situar en el área económica de la Fundación Concordia y Libertad del PP ha colocado como número cuatro de su mediática lista para Madrid.

El peso de Lasquetty y Lacalle

La influencia de ambos dirigentes en las propuestas económicas de los populares planteando bajadas de impuestos y la ruptura con la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy –al que ambos criticaron duramente durante su mandato por subir tributos, por lo que se distanciaron del partido– se percibió prácticamente desde que ambos ocuparon sus nuevos puestos en el partido a finales del año pasado.

Rivera no ha querido quedarse atrás en la batalla por la bajada de impuestos que libra con el PP. En uno de los últimos actos celebrado en un pequeño municipio de Guadalajara para presentar su “plan estratégico contra la despoblación del mundo rural”, el líder de Ciudadanos se comprometía a la bajada del 60% del IRPF en estas zonas más deshabitadas, una tarifa plana de 30 euros al mes para las autónomas del mundo rural y la supresión del impuestos de Sucesiones para las explotaciones agrarias.

Uno de los primeros en defender con entusiasmo estas exenciones ha sido el coordinador económico del partido y candidato al Parlamento Europeo, Luis Garicano, que en su cuenta de Twitter ha presumido de “política útil”.

En un hilo de tuits, el 'gurú' económico de Rivera reivindicaba las propuestas planteadas por Ciudadanos en los últimos días y lanzaba una advertencia a otros partidos, en clara alusión al PP: “Durante estos días presentaremos el plan completo. Espero que (como en conciliación o MIR docente) nos imiten los demás partidos y que podamos cambiar al debate en este tema tan clave”, zanjaba.

Los de Rivera también coinciden con algunas de las propuestas del PP impulsando, por ejemplo, la rebaja del impuesto de las hipotecas sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que el Gobierno del PSOE elevó en 2012.

Ciudadanos ha llevado a la práctica la bajada de impuestos allí donde ha mantenido acuerdos de investidura o de legislatura tanto con el PP en Madrid, Murcia o La Rioja, como con el PSOE en Andalucía, hasta que decidieron romper el pacto.

Una de las primeras decisiones del paquete de las cien primeras medidas que pactaron en Andalucía para cerrar el Gobierno de coalición con el PP fue aprobar una bonificación al 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que implica la cancelación del gravamen para los herederos directos: padres, madres, hijos, hijas y cónyuges.

Como defendía el propio Garicano en otro tuit reivindicando la iniciativa andaluza que citaba a una información de El País, las diferencias de lo que se debe pagar en una comunidad u otra al recibir una herencia son abismales.

Las principales desigualdades se dan entre Asturias, la comunidad donde es mayor el impuesto de sucesiones, y Andalucía y Cantabria, donde prácticamente se ha suprimido ese gravamen. Así, en el caso de heredar 800.000 euros de un padre se deberán pagar al fisco 103.135 euros en el caso asturiano y cero en el de las comunidades andaluzas y cántabra.

Los efectos de la medida adoptada en Andalucía se notarán de manera importante en la recaudación. Según los cálculos hechos por la oposición, la Junta de Andalucía perderá unos 100 millones de euros cada año.

Otra de las medidas aprobadas por el nuevo Ejecutivo andaluz ha sido la rebaja del Impuesto de Patrimonio equiparándolo a la escala nacional y la bajada del IRPF en todos los tramos de la escala autonómica del impuesto.

Después de que el endurecimiento de los discursos de PP y Ciudadanos sobre Catalunya o la inmigración no estén dando los frutos esperados en las encuestas, ambas formaciones esperan ahora que lanzando medidas que afectan directamente al bolsillo de parte de los ciudadanos consigan remontar y llegar a sumar con Vox para expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa.