La comisión de investigación que analiza en el Congreso si el PP hizo un uso partidista del Ministerio del Interior tiene los días contados. El partido de Mariano Rajoy y Ciudadanos han impedido este lunes que el Pleno debata y vote la prórroga de los trabajos de la comisión. Una decisión para la que es necesaria la unanimidad, ya que el contenido del Pleno está ya marcado y habría que modificarlo. El próximo 8 de junio concluye su mandato y, salvo un cambio de opinión de última hora, su suerte está echada tras mes y medio paralizada y con solo dos comparecencias en su haber.
La comisión se reúne esta tarde-noche para analizar si pide nuevas comparecencias y documentación. Una cita que estaba prevista y que pierde casi toda su importancia tras la decisión del PP y de Ciudadanos de no permitir que se vote en el Pleno su renovación. Aunque reglamentariamente todavía se pueden hacer algunos trabajos de aquí al 8 de junio, el PNV la ha dado este lunes por muerta por boca de su diputado Mikel Legarda.
El representante vasco es precisamente el presidente de la comisión. Si en su sesión de esta noche hubiera un acuerdo de la mayoría de los grupos para aprobar nuevas comparecencias y Legarda quisiera, aún habría lugar a hacerlo.
PP y Ciudadanos, con el apoyo del PSOE, han trabado los trabajos de investigación de esta comisión en las últimas semanas al impedir que se produjeran nuevas comparecencias. Desde principios de abril, cuando acudieron a declarar el exministro de Interior, Jorge Fernández, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Ambos fueron grabados conspirando contra dirigentes políticos independentistas.
Aquellas grabaciones se sumaban a los informes anónimos que intentaron sembrar dudas sobre la financiación de Podemos. Unos informes que fueron rechazados sistemáticamente por la justicia y de los que nadie quiere hacerse responsable.
Ambos son los dos elementos principales de la llamada policía política, desvelada en exclusiva por eldiario.es en 2014, una suerte de unidad policial dependiente directamente de la cúpula del Ministerio del Interior en época de Jorge Fernández que trabajaba supuestamente para fabricar pruebas contra rivales políticos del ministro y del PP.
La misión de la comisión de investigación del PP era precisamente intentar constatar la existencia de dicha policía política, aunque sin éxito. Los dos únicos comparecientes pasaron por el Congreso sin desvelar información nueva o relevante y, desde entonces, sus trabajos se han visto bloqueados.
La semana pasada se produjo un enfrentamiento entre el PSOE y Unidos Podemos. Los socialistas pidieron a la vez la comparecencia del exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, y nueva documentación.
El grupo confederal se abstuvo porque la solicitud de nueva documentación tendría como resultado, en su opinión, el bloqueo de la comisión. Desde Unidos Podemos señalan al PSOE como uno de los responsables de que no se haya logrado esclarecer ni un ápice de lo ocurrido en Interior a partir de la entrada del PP. Ni antes. Su intención era llamar a declarar al excomisario Villarejo, a Eugenio Pino (Director Adjunto Operativo de la Policía, su número dos) y al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
En opinión de la representante de Unidos Podemos en la Mesa de la comisión, Gloria Elizo, “la policía política empieza con Rubalcaba”.
El grupo confederal no da todo por perdido. Su portavoz, Irene Montero, ha asegurado en una rueda de prensa que la mayoría parlamentaria está a favor de prorrogar los trabajos de la comisión, por lo que todavía hay opciones de hacerlo.
“Esta Cámara debe asumir, por la vía reglamentaria que sea, que se produzca esa prórroga. Habrá que buscar los mecanismos para que se lleve a efecto”, ha apuntado.
El Reglamento del Congreso establece que el Pleno podrá ser convocado a petición de dos grupos parlamentarios o por 70 diputados. Pero esa petición deberá pasar sí o sí por la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría.