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PP y Ciudadanos tienen la llave para mantener la cadena perpetua toda la legislatura pese al varapalo del Congreso

Mariano Rajoy saluda este jueves en el Congreso al padre de Diana Quer, ante la mirada de otros familiares de menores asesinadas y su portavoz parlamentario, Rafael Hernando.

José Precedo

La oposición ganó este jueves dos votaciones en el Congreso para evitar el endurecimiento de la prisión permanente revisable en uno de los plenos más broncos que se recuerdan en la Cámara Baja y con las familias de víctimas de asesinatos como testigos en la tribuna del Parlamento.

Se trata de otra victoria simbólica que evidencia lo obvio –el PP y Ciudadanos no suman para imponer sus leyes– pero eso no implica que la cadena perpetua instaurada en 2015 vaya a ser derogada a corto plazo. No existe ningún indicio de que eso vaya a pasar, por más que el Congreso iniciase el pasado octubre la tramitación parlamentaria del texto del PNV para tumbar la última reforma del Código Penal que abrió la puerta a castigar con prisión permanente –revisable solo a partir de los 25 años de condena– a los autores de algunos crímenes.

Mariano Rajoy y Albert Rivera tienen en su mano no solo mantener esa legislación vigente durante todo el mandato, también estirar un debate en el que ambos partidos se sienten cómodos, sobre todo tras el viraje de Ciudadanos que pasó de firmar un acuerdo con el PSOE que propugnaba “su derogación urgente” a encabezar el endurecimiento del Código Penal intentando dificultar el acceso de los presos a los permisos.

La llave de todo está en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos sí tienen la mayoría y por tanto la capacidad para programar los debates y controlar los plazos. Entre ellos, el de las enmiendas parciales que el resto de grupos pueden presentar a la iniciativa del PNV sobre el que trabaja la mayoría de la oposición.

Por lo visto en el hemiciclo, la postura del PSOE, el grupo confederal de Unidos Podemos, PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña es firme en contra de esa pena que no avala ninguna organización judicial y contra la que han firmado un manifiesto un centenar de catedrátidos de Derecho Penal.

Pero ni siquiera el PSOE, cuyos diputados se han sentido muy incómodos debatiendo en la Cámara sobre este asunto con las imágenes del crimen del pequeño Gabriel en todas las televisiones, tiene prisa por abordar este asunto. El partido, cuya posición es inequívoca contra la prisión permanente, pretendía esperar a que se resolviese su recurso ante el Tribunal Constitucional y su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, acusó ayer al PP de incumplir “el pacto tácito” de no debatir nada hasta que hubiera sentencia. Para alargar el debate el camino es postergar el trámite de enmiendas al texto del PNV, pero dirigentes socialistas asumen que son Ciudadanos y el PP quienes tienen la sartén por el mango para seguir explotando su “populismo punitivo” y tratar de tapar otros asuntos políticos delicados como las protestas de los jubilados o las reivindicaciones feministas, informa Irene Castro. 

Unidos Podemos ya evidenció en el debate del jueves que el partido “no va a pedir perdón por defender la reinserción en la Justicia”. Su portavoz Eduardo Santos aseguró que seguirán defendiéndolo “en el Congreso, en las tertulias y en los medios de comunicación”. 

El asunto tiene garantizada la atención mediática tras los asesinatos de Diana Quer y del pequeño Gabriel y los procesos judiciales que se siguen por ambos casos. Y volverá al hemiciclo cuando el Gobierno remita a la Cámara Baja su proyecto de ley para ampliar los supuestos de la prisión permanente: a crímenes en los que el autor haya escondido el cuerpo, violaciones en serie, violaciones a menores, asesinatos con secuestro previo o las muertes por incendios intencionados o uso de elementos químicos o nucleares. Esa nueva iniciativa tendría que ser debatida de nuevo en el Pleno y cobrará vida propia, con independencia de lo que suceda con el texto del PNV que continuará su trámite en la comisión de Justicia.

Para que alguno de los proyectos logre modificar el Código Penal deberá volver al Congreso, pasar por el Senado y ser ratificado de nuevo en la Cámara Baja con al menos 176 votos por tratarse de la reforma de una ley orgánica.

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