PP y Ciudadanos recurren a una ley anti-ETA para inhabilitar a Torra en la Junta Electoral y torpedear la investidura

Con el acuerdo entre PSOE y ERC a la espera de la posición de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, la derecha ha desplegado todas las herramientas a su alcance para tratar de hacer descarrilar la investidura. PP y Ciudadanos han recurrido a la Junta Electoral Central (JEC) para que inhabilite de inmediato al líder de Esquerra sin esperar al Tribunal Supremo, y para que haga lo propio con el president de la Generalitat, Quim Torra, por su condena por desobediencia.

La JEC ha acordado que se reunirá el próximo día 3 para tratar esos recursos, a los que se suma el de Vox. Eso implica que la posible inhabilitación del presidente catalán se producirá en los días que el Gobierno había previsto para celebrar el debate de investidura de Sánchez. ERC tendrá que decidir ahora si fija su posición tras conocer el informe de la Abogacía -que tiene que presentarse antes del día 2- o decide esperar al pronunciamiento de la JEC, lo que obligará a postergar la fecha de la investidura que anhela el PSOE.

La inhabilitación de Torra complicaría el pacto entre ERC y el PSOE porque abriría ya un escenario preelectoral en Catalunya. Si se diese esa hipótesis y Torra perdiese la condición de diputado, tampoco podría ser presidente de la Generalitat según el Estatut. El Parlament tendría entonces dos meses para investir a un nuevo president. Transcurrido ese plazo, y si ningún candidato consiguiese la mayoría de la cámara, se convocarían automáticamente nuevos comicios autonómicos.

Los populares han presentado este viernes los recursos ante el árbitro electoral. En el que afecta a Torra echan mano de una reforma de la Ley electoral del año 2011 que estaba pensada para impedir que gente del entorno de ETA se presentase a las elecciones si habían sido condenados, aunque la sentencia todavía no fuese firme.

“Hemos acudido a la JEC para decir que hay un artículo de la ley que habla sobre la ”inhabilitación sobrevenida“, declaraba este viernes el presidente del PP, Pablo Casado. ”Como el Gobierno no lo hace, lo hacemos nosotros“, defendía Casado, que rechazó que ”la impunidad no puede ser el segundo paso para la inmunidad“.

Así, los populares incluyen una frase de la LOREG introducida en aquella reforma: “Son inelegibles los condenados, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo”. Torra fue condenado el pasado 19 de diciembre a un año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat durante la campaña electoral. Fue la propia JEC quien inició ese procedimiento contra el presidente catalán y quien lo derivó a los tribunales.

La reforma de 2011 que pactaron PP y PSOE buscaba “taponar” las vías por las que el entorno de Batasuna quería entrar en las instituciones. Los ponentes de aquella modificación legal -José Antonio Bermúdez de Castro (PP) y José María Benegas (PSOE)- explicaron que el objetivo era dificultar que personas del entorno de ETA accedieran a cargos públicos.

Pero la norma sigue en vigor tras el fin de la banda y el PP ha recuperado ahora esa norma pensada para luchar contra la izquierda abertzale y que recoge la figura de “incompatibilidad sobrevenida”, que ya impidió al exlacalde de Valladolid Javier León de la Riva (PP) tomar posesión como concejal en aquel ayuntamiento tras una condena en primera instancia por desobedecer una resolución judicial acerca de una obras en su vivienda.

Torra fue condenado por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y aún tiene margen para recurrir esa sentencia ante el Supremo, pero si la JEC opta por una interpretación literal, el cese sería de aplicación inmediata. Y como el Estatut establece que el presidente de la Generalitat debe ser diputado, junto al escaño perdería su cargo. Para ello, los integrantes de la Junta Electoral tendrán que llevar la contraria a sus compañeros de la Junta Provincial de Barcelona, que desestimó un recurso en el mismo sentido esta misma semana alegando que la condena sí debía ser firme.

La resolución de la Junta Provincial estimó en gran medida los argumentos de la defensa de Torra, salvo el de la competencia para tomar esa decisión: el president defiende que solo puede hacerlo el Parlament y que la Junta no debería siquiera haber entrado al fondo del asunto. El abogado Gonzalo Boye, que le defendió durante el proceso judicial y ahora lo hace ante la vía administrativa, critica la reforma de la ley electoral de la que ahora echa mano el PP.

“Tengo serias dudas de su constitucionalidad porque un órgano administrativo puede privar de la representación que le han dado los ciudadanos a una persona mientras esta pendiente de un recurso judicial. Así caminamos hacia un régimen francamente dictatorial porque a esos señores no les ha elegido nadie”, argumenta Boye.

La Junta Electoral Central está integrada por ocho vocales propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, que se sortean entre los magistrados del Supremo, y cinco vocales catedráticos de derecho o de ciencias políticas y sociología en activo, propuestos por los partidos con representación en el Congreso. Actualmente el reparto de representantes de los partidos refleja una mayoría que no se da en el Congreso: el PP tiene dos vocales, mientras que PSOE, Ciudadanos y Podemos tienen un representante cada uno.

En la pasada campaña para las generales cobró un protagonismo que no había tenido en otras elecciones. Este organismo reprendió en varias ocasiones al Gobierno por el uso electoralista del palacio de la Moncloa para las entrevistas de Sánchez o por los mensajes que se lanzaban desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También ordenó la retirada de los lazos amarillos de edificios públicos e impidió que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí fuese candidatos a las elecciones europeas. Además, rechazó actuar contra el PP por su campaña engañosa en Facebook para desincentivar el voto de izquierdas.

El abogado de Torra considera que el PP sabe que tiene mayoría entre los vocales de ese órgano y por eso ha recurrido sin esperar al Supremo “en un alarde de falta de democracia y de respeto por la separación de poderes”. Boye recuerda que ni siquiera ha acabado el plazo para anunciar el recurso contra la condena: “Lo que quiere el PP es no dejar en manos del Supremo la firmeza de la sentencia, tienen miedo a lo que resuelva el Supremo”.

Añade además que si la JEC inhabilita a Torra pero el Supremo opta por estimar su recurso y darle la razón, no habría forma alguna de rehabilitarle como presidente de la Generalitat: “Nos hemos sometido al juego legal, pero esto no es un juego legal, es una trampa”.

Tanto PP como Ciudadanos han convertido la condena a Torra y su posible inhabilitación en un arma contra Pedro Sánchez y una vía más para intentar dinamitar las conversaciones para la investidura, al igual que han hecho con el procedimiento judicial para decidir sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Aunque la decisión de cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en manos del Supremo, que aguarda el informe de la Abogacía del Estado, PP y Ciudadanos quieren adelantarse y que sea la JEC quien comunique al Parlamento Europeo que el líder de Esquerra no puede ser eurodiputado.

Fuentes jurídicas apuntan que en este caso, la JEC debería desestimar los recursos sobre Junqueras porque tiene que ser el Supremo quien primero se pronuncie sobre como afecta la resolución del TJUE a su inmunidad parlamentaria. Esas mismas fuentes indican que aunque la sentencia es firme, la Junta Electoral no puede obviar que el Supremo tiene aún pendiente de resolver varios recursos sobre la nulidad del fallo.

El movimiento de los partidos de la derecha sitúa la decisión de la JEC en la que iba a ser la semana clave para desencallar la investidura de Pedro Sánchez. ERC está a la espera de que la Abogacía del Estado se posicione sobre Junqueras. El pasado mes de junio, la abogada del Estado en el juicio del procés, Rosa María Seoane ya defendió que Junqueras podía adquirir su acta de eurodiputado.

La Abogacía tiene como límite el día 2 para presentar su escrito, por lo que la decisión final del Supremo tardará varios días en producirse; la Junta Electoral se reunirá el 3 para fijar su posición. En los planes del Gobierno estaba que el debate de investidura se celebrase los días 2,3 y 5 de enero, pero ahora esas fechas coinciden de pleno con la reunión del árbitro electoral.