La campaña del PP en Bruselas va de la mano de la oposición realizada por Pablo Casado en España. Si en las campañas de Euskadi y Galicia el PP pide usar las cifras de los muertos contra el Gobierno en sus argumentarios; en Bruselas la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, envía un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestiona el Estado de derecho en España y acusa al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.
Y todo esto mientras España negocia un fondo de recuperación clave para reactivar al país tras la pandemia e intenta acceder a la presidencia del Eurogrupo, ante la oposición de los populares europeos, según El Mundo.
Esa carta, fechada el 1 de junio, así como el informe elaborado con numerosos recortes de prensa, tiene el mismo espíritu, música y letra que la queja debatida la semana pasada en el Parlamento Europeo, presentada por un ex diputado del PP en el Parlament, en la comisión de Peticiones, presidida por la propia Dolors Montserrat.
Pocos días antes de ese 1 de junio, la propia Montserrat desoyó los informes técnicos del secretariado de la comisión de Peticiones para desestimar otra queja del mismo ex diputado autonómico catalán, y buscó la manera de ponerla a la cola de las que se debatirán en los próximos días, ante la queja por escrito de Verdes y el M5S: no en vano, se aparcaba una petición contra el cierre de un hospital del norte de Italia en plena pandemia del coronavirus. ¿Los términos? Los mismos de la carta, del informe y de la queja ya debatida.
“En el espíritu de cooperación con el trabajo de vigilancia y análisis de las medidas de emergencia aplicadas por los Estados miembros que la Comisión está evaluando y en defensa de nuestros valores democráticos, nuestro estado de derecho y nuestros derechos y libertades, le enviamos la evaluación con la esperanza de que sea de utilidad para usted”, afirma Montserrat en la carta que adjunta el informe.
El informe, además, según publicaba El Mundo, está poniendo en apuros al PP al ser aprovechado por Carles Puigdemont para luchar contra el suplicatorio del Tribunal Supremo que debe ser debatido y votado en la Eurocámara para despojarle de la inmunidad parlamentaria y que pueda ser juzgado. “¿Cómo vas a pedir que se juzgue a Puigdemont en España si estás poniendo en cuestión el Estado de Derecho en España?”, se preguntan las fuentes comunitarias: “¿Y se lo envías al comisario de Justicia, belga, que debe ayudarte con la reforma de la euroorden?”
“El PP sólo ha documentado los abusos de algunos derechos durante un estado de alarma en el marco de un proceso empezado por la Comisión Europea. No se trata de la democracia española, no es España, es el Gobierno en 50 días”, asegura Dolors Montserrat a El Mundo: “España tiene separación de poderes, policía independiente, fuerzas y cuerpos de seguridad del primer nivel. No tiene nada que ver. El dossier y el suplicatorio no son vasos comunicantes. Son procesos estancos, autónomos cada uno por una institución. Que Puigdemont, el más antidemocrático, el que saltó las leyes, vaya a dar lecciones a España de democracia no tiene fundamento ni credibilidad”.
¿Y qué dice el informe en sus 13 páginas? Titulado Evaluación de las medidas aplicadas en España durante el Estado de alarma, y adelantado por ABC, señala sobre las medidas de emergencia que fueron aprobándose cada 15 días en el Congreso de los Diputados: “Este documento expresa una preocupación fundada en el caso específico de la acción del Gobierno español. La persistencia de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable, el ejercicio del llamado 'mando único' a través de reglas administrativas de bajo rango que, sin embargo, también suponen una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos, así como el deterioro de la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático son algunos de los aspectos que se analizan a continuación”.
El documento entra de lleno en las cifras de fallecidos publicadas por el Gobierno con los datos facilitados por las comunidades autónomas, cosa que no dicen los populares: “El último ejemplo (hasta ahora) de la falta de transparencia del Gobierno español se puede encontrar en la decisión unilateral e injustificada tomada el 25 de mayo de cambiar los criterios para contar el número de muertes, de modo que, de un día para otro, se han registrado 1.918 muertes por coronavirus menos. El problema no es menor, porque la alteración con series anteriores impide una evaluación ponderada de la evolución de la epidemia y parece no tener otro propósito que encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.
Cuando se tuvo noticia del informe enviado por Montserrat, la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, afirmó: “Hemos denunciado las maniobras de los eurodiputados del PP para manchar la reputación y dañar la imagen y el prestigio de España en las instituciones europeas, en un momento delicado y crucial para la Unión Europea, y pasando por encima de los intereses de la ciudadanía española. Lamentamos que el odio ciego a un gobierno elegido en las urnas les lleve tanto a intentar debilitar a nuestro país ante la Comisión Europea, extendiendo una sombra de duda sobre su gestión de esta pandemia, como a sumarse al grupo de países llamados frugales, que son quienes más están cuestionando el Fondo de Recuperación europeo tras la covid-19 y defienden que las ayudas sean en forma de créditos y sujetos a dura condicionalidad”.
Los populares también incluyen en su dossier el acuerdo entre PSOE, UP y Bildu para acelerar la derogación de la reforma laboral: “Un último ejemplo de este mal uso de la situación de pandemia, que se está utilizando para tratar de modificar leyes que no están directamente relacionadas con ella, es el acuerdo alcanzado el miércoles 20 de mayo pasado por las dos partes que conforman el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) con el partido separatista-vasco y filoterrorista EH Bildu para la derogación completa de la reforma laboral. La medida se acordó sin el conocimiento previo o el consenso de los agentes sociales (sindicatos y empleadores) e incluso fue criticado al día siguiente por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía como 'absurdo y contraproducente”.
“Hay una clara estrategia para erosionar al máximo la imagen del Gobierno en Bruselas y no van a escatimar”, prosigue la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego: “La carta al comisario Reynders; su apuesta por alinearse con los que reclaman recortes a nuestro pueblo a cambio de los fondos del plan de reconstrucción; y con la comisión de Peticiones. El PP está más preocupado por seguir la agenda que le marca Vox que por defender la salud pública para nuestro pueblo”.
La retahíla del PP incluye acusaciones de “abuso de poder con las sanciones”; “abusos legislativos”; “abuso de los medios públicos y del erario”, y hasta recuerda la destitución de Diego Pérez de los Cobos por “un informe”, sin señalar que ese informe versaba sobre el 8M y estaba plagado de inexactitudes. “Solo puede explicarse por el deseo del gobierno de controlar la información proporcionada a los tribunales sobre el manejo de la epidemia”, afirma el informe del PP.
La versión que el PP trasladó a la Comisión Europea del cese es esta: “El 25 de mayo se publicó una noticia relacionada con la epidemia, que destaca el grado en que el Gobierno está dispuesto a alterar los mecanismos constitucionales para ocultar sus responsabilidades en la gestión de la crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, despidió al coronel de la Guardia Civil por no informarle de que se estaba haciendo un informe, ordenado por los tribunales, sobre el conocimiento de las autoridades gubernamentales del riesgo epidémico antes de que se ordenara el estado de alarma”.
Es decir, el PP cuestiona que se declarara tarde un estado de alarma sobre el que envía un informe crítico a la Comisión Europea.
Además, incluye la queja de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la cual sí dice que es la “principal”, pero no que es conservadora: “Se puede abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial”.
Los negociadores españoles que se sientan con los otros 26 para discutir el fondo de recuperación y el próximo presupuesto de la UE reconocen que “los debates políticos internos tienen dinámicas que la gente sabe que son de consumo nacional, y no entran en la mesa los debates políticos nacionales. La debilidad o no debilidad de una posición nacional depende de muchos factores. Tener consenso político nacional ayudaría sin duda ninguna los consensos políticos ayudan a los Gobiernos, eso lo hemos visto mucho en Europa y esto no es una excepción”.