El PP congela su plan de reforma de la ley del 'solo sí es sí' por su “complejidad”

“Si fuera corregir cuatro comas, ya estaría hecho”. La frase, pronunciada por una de las personas que conforman el círculo de poder de Alberto Núñez Feijóo, explica por qué el PP no ha registrado su iniciativa para reformar el Código Penal y revertir los cambios introducidos por la ley del 'solo sí es sí' y que ha supuesto la reducción de condenas de algunos agresores sexuales. Un mes después de anunciar la proposición de ley, el texto ni está ni se le espera.

El pasado 16 de noviembre, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, anunció una ofensiva legislativa de su partido en ambas cámaras. Distintas proposiciones no de ley serían registradas y debatidas de inmediato. Pero, además, el dirigente anunció una proposición de ley para corregir las deficiencias que, en su opinión, tiene el nuevo articulado del Código Penal. Ese día se revisaban las penas del llamado 'caso Arandina', que el Supremo aumentó aunque con ciertos beneficios derivados de la ley.

Casi un mes después, fuentes de la dirección del PP no afinan cuándo podría registrarse ni qué corregirían del actual articulado. Pese a que la norma estuvo en tramitación durante meses, incluso hubo un proyecto previo a la reforma planteada por el Gobierno de coalición, en el partido de Feijóo no dan pistas de cómo quieren arreglar lo que ellos mismos han calificado como una “chapuza”.

Pese a que el PP planteó una enmienda a la totalidad del texto legislativo, y se opuso en los debates en comisión, nadie parece tener claro el mecanismo para corregir el problema. Y aunque supuestamente tanto su grupo como diversos órganos consultivos y asociaciones de la sociedad civil advirtieron del posible efecto perverso al modificar las horquillas de las penas en sus tramos más bajos, no parecen haber dado con la clave mágica.

No lo tienen claro o, al menos, no comunican los cambios que van a plantear. Ni cuándo. Y en tanto que el Gobierno de coalición ha dicho que no tiene intención de corregir la norma, esos efectos perversos que pudieran estar produciéndose no se podrán corregir.

De los tipos penales al consentimiento

Pese a que fue Maroto quien anunció la presentación de la proposición de ley, sin dar además ninguna pista sobre cómo iba a ser, las personas a cargo del tema debían ser la portavoz en el Congreso y secretaria general, Cuca Gamarra, así como la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro. 

A la segunda solo se le conocen unas declaraciones sobre la norma. El 15 de noviembre, un día antes de las palabras de Maroto, Navarro dijo en un mensaje enlatado remitido a los medios que los posibles efectos adversos de la ley ya los había advertido “el CGPJ y los abogados”. “Y ya lo hicimos desde el PP enmendado a la totalidad una mala ley”, apuntó. “Esta chapuza la pagamos todas”, concluyó.

Gamarra habló el día 17 de noviembre en una rueda de prensa en el Congreso. Allí dijo que el PP planteó “durante la tramitación” de la ley “que era más serio mantener la diferenciación y las penas tal y como estaban establecidas hasta que entró en vigor” y que “de haberse mantenido”, no se estaría hablando de la polémica. Una frase similar dijo Maroto un día antes: “La regulación es peor de lo que había”.

Los dos elementos centrales de la reforma del Código Penal impulsada por Igualdad eran la unión de los dos tipos penales previos (abusos y agresión sexual) en uno solo, y con una horquilla punitiva por lo tanto más amplia. Al estirarse hacia abajo, algunos condenados han visto cómo se han revisado sus sentencias y se les ha aplicado una condena menor.

El PP ni siquiera explica en público si su apuesta es volver a los dos tipos penales o mantener la redacción actual, que bebe de un acuerdo internacional firmado en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Convenio de Estambul. Un “hecho histórico” en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, según dijo entonces el propio PP en una nota de prensa.

Pero por las declaraciones de Gamarra del día 17 bien pudiera pensarse que el PP apostará por volver a los dos tipos. Sin embargo, el grupo que dirige la número dos de Feijóo rechazó en el Congreso una enmienda de Vox a la PNL que reclamaba al Gobierno una contrarreforma del Código Penal e instaba explícitamente a “no fusionar los tipos penales de agresión y abuso sexual”.

El 1 de diciembre, los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado, sin la presencia de Feijóo, se concentraron frente a la Cámara Baja. En declaraciones a los medios, Gamarra, junto a Navarro, dijo que la norma “se puede rectificar”, aunque nuevamente sin explicar cómo. “Que revise la reforma, que revise las penas para que ninguna víctima tenga que ver cómo se baja la pena por una ley”, dijo. Pero Gamarra apuntó que la ley del 'solo sí es sí' es una “ley con cosas positivas”. “Lo perjudicial debe cambiarse. Lo que no, debe dejarse”, apuntilló. 

En lo que tampoco parecen aclararse en el PP, o al menos no dan señales de ello, es en el cambio de paradigma sobre el consentimiento que introduce la ley pilotada por Irene Montero –de ahí su nombre– y que también bebe del Convenio de Estambul. En la dirección del partido de Feijóo tampoco confirman si su idea pasa por mantener el nuevo planteamiento de que tiene que haber un consentimiento expreso de la mujer o volver a la redacción anterior.

La tormenta política de la reforma de la malversación ha atenuado la que se provocó con las primeras sentencias a raíz de la reforma del Código Penal. A pocos días de que se cierre el curso político, todo apunta a que este debate no se recuperará hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza en febrero de 2023. A cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. Si es que el PP lo quiere recuperar.