El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes un mandato completo caducado. Cinco años en los que el bloqueo del Partido Popular ha impedido adecuar la composición del órgano de gobierno de los jueces a la realidad parlamentaria, tal y como establece la Constitución. No es una estrategia nueva. La estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996. La siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008. Y la han exprimido al máximo, primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Y gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años.
Es una maniobra que también ha servido al principal partido de la derecha para mantener abierta una vía de oposición al Gobierno desde otro poder del Estado. Y que explica, en parte, la evolución de la composición de la instancia judicial más delicada, por la que pasan los casos de corrupción y la que tiene la última palabra sobre la mayoría de las causas penales que se juzgan en España: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esa Sala ha pasado de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2023 sean 11 conservadores frente a cuatro progresistas.
La judicial es una carrera a la que se accede a través de una de las oposiciones más duras de la Administración. Una vez adquirida la condición de juez, muchos ascensos están reglados y se alcanzan por puro escalafón. Pero la llegada a las cúpulas —las diferentes salas del Supremo o las presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales— depende de los vocales del CGPJ, a los que nombra el Parlamento. Esos mismos cuya renovación ha impedido el PP en los tres períodos citados, lo que le ha permitido mantener una ventaja perdida en las urnas.
El último de esos bloqueos perpetúa este lunes 4 de diciembre una década de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado. El actual CGPJ se conformó en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Debería haberse renovado a finales de 2018, pero no ha sido posible por los cálculos partidistas del PP. Además, el órgano cruza el umbral de los cinco años en funciones en una precaria situación: con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” y con unas atribuciones limitadas.
Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial. Fue un cambio legal promovido por el PSOE y Unidas Podemos, que el Tribunal Constitucional avaló el pasado octubre. Esta coyuntura ha provocado una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo, donde ya hay 23 plazas vacantes. Su actual presidente interino, Francisco Marín, calificó la situación de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Hasta que se aprobó ese cambio legal, un órgano ampliamente caducado había adjudicado hasta 74 plazas en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde los jueces pueden permanecer hasta su jubilación a los 72 años.
Previamente, el rodillo de los vocales elegidos a propuesta del PP y la influencia del expresidente Carlos Lesmes habían sido claves en algunos nombramientos estratégicos. A esa situación contribuyó la reforma que aprobó en solitario el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró el propio Lesmes, que dimitió en octubre de 2022 ante el bloqueo institucional.
Esa norma multiplicó el poder del presidente y acabó con la mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros) para el nombramiento de los principales cargos, incluidos los de jueces del Supremo. Se volvió a la mayoría simple (más síes que noes), lo que dio margen al sector conservador para imponer a sus candidatos. Este modelo estuvo vigente hasta finales de 2018, cuando el PSOE recuperó la mayoría reforzada. En ese periodo, el CGPJ realizó 32 nombramientos en el Supremo. De ellos, 21 fueron aprobados por mayoría cualificada, pero un tercio (11 en total) salieron por mayoría simple.
Un contrapoder al Ejecutivo progresista
Neutralizada la cuestión de los nombramientos por el cambio legal de 2021, el CGPJ se ha convertido casi en una plataforma más de oposición del Gobierno progresista. En los últimos años ha ganado protagonismo un grupo de vocales especialmente beligerantes contra el Ejecutivo y a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP con la voluntad de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado.
Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista; y ha buscado el choque el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición, la ley del ‘solo sí es sí’ y, más recientemente, la ley de amnistía. Antes incluso de que se hiciera público el texto de la norma, lograron imponer una declaración que sostiene que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho” . Esta misma semana han conseguido que el CGPJ rechazara por primera vez en democracia una propuesta de fiscal general del Estado realizada por el Ejecutivo.
Es en este escenario en el que se explican los esfuerzos que ha hecho el PP para negarse a pactar una renovación que requiere el acuerdo de tres quintas partes de las Cámaras y que le haría perder esa mayoría. Una negativa camuflada con excusas cambiantes y crecientes, según el momento político en el que se desarrollaran las conversaciones: de los acuerdos parlamentarios con EH Bildu al veto a los dos candidatos propuestos por Podemos, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés o la reforma que derogó el delito de sedición.
Y, sobre todo, el PP ha exigido un cambio legal para que los 12 vocales que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por los miembros de la carrera sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, que ahora votan sobre una preselección que hacen los propios jueces. Es una exigencia que coincide con las reclamaciones de fondo de la Comisión Europea —que pide cambiar la norma que está vigente desde hace 38 años—, aunque Bruselas pide que primero el órgano sea renovado. Esa posición del PP supone una enmienda a la totalidad de la actual fórmula de elección parlamentaria, que fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y que no modificó en sus dos mayorías absolutas.
En todo caso, la tentación parece enorme, pues todo apunta a que este modelo permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ. La fórmula que propone el PP es de elección directa, mediante “una única lista abierta” y con una circunscripción electoral para todo el territorio nacional. Es el mismo sistema que permitió a los miembros de las asociaciones conservadoras acceder al 75% de los puestos en las últimas elecciones a las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de los magistrados, mientras se laminó la presencia de miembros de la asociación progresista y de no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial.
Los otros bloqueos del Poder Judicial
Pero la realidad evidencia que los conservadores ni siquiera necesitan ese cambio legal para garantizarse su influencia en la Justicia. Al bloqueo de los últimos cinco años del CGPJ se suman dos previos. Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 fue Mariano Rajoy quien propició esa parálisis institucional y pugnaba por mantener una mayoría de vocales afines que no tenía nada que ver con la realidad parlamentaria que habían dibujado las urnas en 2004. El PP había perdido la mayoría en el Congreso pero se resistía a hacerlo en el CGPJ, que también nombró a varios jueces vitalicios en el Supremo durante esos dos años. Por ejemplo, entraron en la Sala de lo Penal el progresista Luciano Varela (ya jubilado) y el conservador Manuel Marchena, que es su actual presidente.
El PP se negó a la renovación del CGPJ hasta la segunda victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008. Y a pesar de su derrota en las urnas, no salió demasiado mal de ese acuerdo. Para sentarse a negociar, los conservadores pidieron mantener “la minoría de bloqueo” con nueve de los veinte miembros para hacer imposible sin su acuerdo la elección de magistrados.
El acuerdo llegó en septiembre de 2008 y fue el primer gran pacto de Estado entre PP y PSOE en cinco años, con la excepción de varios estatutos de autonomía. Al final, se quedaron nueve vocales para cada uno y dieron otro a CiU y otro al PNV. IU, que en aquel momento tenía dos escaños en el Congreso, se quedó fuera. Los dos grandes partidos se aseguraron un número suficiente de vocales como para bloquear decisiones de calado, como las relativas a los nombramientos o las cuestiones disciplinarias.
El pacto dejó un órgano muy politizado. Formaba parte de él la actual ministra de Defensa, Margarita Robles; la jueza Gema Gallego, que promovió una polémica investigación que sirvió para amplificar la teoría de la conspiración que trataba de vincular a ETA con los atentados del 11-M; o Concepción Espejel, actual magistrada del Constitucional y que fue apartada de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. El presidente, Carlos Dívar, fue nombrado por consenso y era también conservador. Acabó dimitiendo tras el escándalo de sus viajes de lujo en fin de semana pagados con fondos del CGPJ.
El primer bloqueo tuvo lugar entre noviembre de 1995 y julio de 1996, durante un total de ocho meses. El PP se negó a la renovación para así retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones de marzo de 1996, donde esperaban la victoria de Aznar ante la agonizante situación del Gobierno de Felipe González. Al final, la renovación no se desbloqueó hasta ese verano, tras la efectiva victoria electoral del PP. Los socialistas perdieron una mayoría pactada durante un momento en el que PSOE casi tenía la mayoría absoluta en el Congreso, con 175 de los 350 diputados.
En el nuevo acuerdo el PP se quedó con ocho vocales, los mismos que el PSOE, pero también nombró al presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate: el conservador Javier Delgado Barrio. Si esta renovación se hubiese hecho cuando tocaba, en 1995, habría habido un órgano de mayoría progresista hasta el año 2000. Otro ejemplo más de una estrategia que estrenó Aznar y que han mantenido todos los presidentes del PP que le han sucedido. Y que ha permitido 22 años de dominio conservador en la principal institución del Poder Judicial que no siempre se han correspondido con la realidad parlamentaria expresada en las urnas.