El PP cuestiona a la Comisión Europea en su campaña contra el Gobierno por los fondos europeos

La ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno de coalición por la gestión de los fondos europeos pone en cuestión a la institución que ha evaluado el plan español, los objetivos cumplidos y, en consecuencia, ha entregado ya 19.000 millones de euros. Es decir, a la Comisión Europea. Cada vez que los populares acuden a las instituciones europeas con su campaña, se encuentran con la misma respuesta contundente del Ejecutivo comunitario: “España recibe el dinero porque cumple los objetivos”. Y cuando los de Pablo Casado hablan de falta de control, de malgastar los fondos, de repartirlos a su antojo y de opacidad en la ejecución, responden: “Las instituciones europeas tienen mecanismos para controlar la gestión de los fondos. Y si hay fallos, o no se cumplen los objetivos, se cortan los fondos”.

Así, el PP de Casado acaba pidiendo explicaciones a una Comisión Europea sobre una operación inédita en la que se juega muchísimo. Es la primera vez que acude a los mercados para conseguir 800.000 millones de euros con los que financiar el plan de recuperación y resiliencia. Nunca antes había habido un endeudamiento común europeo semejante. Y nunca antes la Comisión Europea había puesto en práctica un instrumento semejante. Algo que reconocen desde la dirección del PP, no sin un poso de rencor por que no se pusiera en marcha un mecanismo similar en 2012.

El Ejecutivo comunitario tiene en juego su imagen, su prestigio, su capacidad de gestión del mayor fondo de recuperación y de la mayor emisión de deuda. Y la maniobra del PP no deja de generar ruido y sombras en Bruselas sobre esta operación que, eso sí, ha conseguido que su familia política en el Parlamento Europeo le dé cierto apoyo, como publicaba El País.

En el caso de España, hay adjudicados 140.000 millones hasta 2026, algo menos de la mitad en transferencias y otro tanto en créditos. El Gobierno, de momento, solo ha pedido la parte de las subvenciones, tras presentar un plan de recuperación a finales de abril pasado aprobado con nota por Bruselas. A partir de ahí, ya ha recibido 9.000 millones en prefinanciación y otros 10.000, a finales de 2021, correspondientes al primer tramo de la ejecución del plan, es decir, vinculados a la culminación de hitos, metas, inversiones y reformas acordados para la primera mitad de 2021. Es más, España se convirtió en el primer país de los 27 en recibir este primer tramo, como fue el segundo país de los 27 en ver refrendado su plan de recuperación.

Y en el PP, que ha presentado hasta ocho preguntas a la Comisión Europea en el último mes sobre los fondos, comienza a sentar muy mal el refrendo del Ejecutivo comunitario a las reformas y proyectos que ha presentado España. Máxime cuando la presidencia y la vicepresidencia económica de la institución están en manos de dos miembros del PP europeo, Ursula von der Leyen y Valdis Dombrovskis, respectivamente.

Fuentes de la dirección del PP criticaron este miércoles una intervención de Dombrovskis en la que venía a señalar que la Comisión solo desembolsa el dinero de los fondos europeos de reconstrucción tras confirmar que se están cumpliendo los objetivos previstos. “Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces se desembolsa el dinero”, dijo en respuesta a la eurodiputada Isabel Benjumea.

Una afirmación que, según el PP, evitaba la pregunta que le había hecho su representante. “Tú pregunta lo que quieras, que yo respondo lo que me da la gana”, resumía una responsable del área económica del partido. “Los 10.000 millones entregados son por cosas que ya estaban hechas”, apuntan desde el PP, que lamenta que la Comisión y el Gobierno no desglosan los 10.000 millones que Bruselas va a entregar a España. 

Desde la dirección del PP no se descarta “pedir cuentas” a la Comisión Europea, toda vez que las críticas a la gestión de los fondos europeos se encuentran siempre con la oposición del Ejecutivo comunitario, que defiende la labor del Gobierno español. “¿Hasta qué punto va a llegar Europa para ver si las reformas son reales? Eso no lo contesta”, zanjan en el PP, que anticipan problemas con Europa por la reforma de las pensiones que está afinando José Luis Escrivá. 

El enfado, en privado, de la dirección de Pablo Casado con la Comisión se convierte en la cuadratura del círculo cuando se hacen declaraciones públicas. Incluso reconocen que la campaña no tiene visos de obtener frutos a corto plazo en la Comisión Europea. Eso sí, al menos esperan que en algún momento genere un ambiente negativo para el Gobierno español.

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se reunió el mismo miércoles con comisarios, la presidenta del Parlamento Europeo y eurodiputados andaluces e intentó hilvanar un discurso que le permitiera arremeter contra el Gobierno de España sin ofender a las instituciones comunitarias.

“Nosotros no hacemos ninguna crítica a la Unión Europea ni a la Comisión Europea, ni en un órgano de la Unión Europea”, dijo el presidente andaluz. Moreno, eso sí, lamentó la falta de control de las instituciones comunitarias. “La Comisión funciona de una manera muy sencilla: entrega a los Estados soberanos los recursos y el Estado soberano reparte, diseña y ejecuta”, apuntó. Y zanjó: “Hacemos una crítica al Gobierno de Sánchez, es perfectamente compatible el discurso. Una cosa es que el Gobierno de España cumpla con la Comisión Europea y otra cosa es que el Gobierno de España cumpla con las instituciones españolas y las comunidades autónomas y ayuntamientos”.

La Comisión Europea ya ha recordado hace dos semanas que la UE y los Estados cuentan con mecanismos de control de los fondos tras la ofensiva de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. La portavoz comunitaria para asuntos económicos, Veerle Nuyts, ha recordado que “están la OLAF [agencia europea antifraude], el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea y la propia Comisión Europea, que pueden acceder a datos relevantes e investigar el uso de los fondos si es necesario, e incluso si se han cumplido los hitos y objetivos”.

En este sentido, si la Comisión Europea encuentra “irregularidades graves y el Estado miembro no toma las medidas oportunas y apropiadas para corregirlas y recuperar los fondos correspondientes, la Comisión también puede tomar medidas”, explicaba Nuyts.