El Partido Popular defendió con firmeza en el Congreso la aprobación de la ley que incluyó la conmutación de penas cumplidas en el extranjero y que ahora dice rechazar por afectar a presos de ETA. Fue en el Pleno del 17 de septiembre y el diputado popular encargado de intervenir durante el debate, José Manuel Velasco Retamosa, llegó a reprochar al Gobierno que el texto no se aprobara antes, lo cual desmonta la tesis actual del partido de Alberto Núñez Feijóo, que trata de defender que desconocía lo que apoyó. Un día después, el 18 de septiembre, la norma fue aprobada por unanimidad de la Cámara Baja, también con los votos de PP y Vox.
El proyecto de Ley Orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), fue el que incluyó la enmienda de Sumar que incorporó la convalidación de las condenas cumplidas en el extranjero.
Según se desprende de la intervención del diputado del PP encargado de defender la postura de su grupo durante el debate del mismo, el partido de Feijóo conocía todas y cada una de las enmiendas y correcciones introducidas en el texto durante la tramitación parlamentaria, a pesar de que ahora desde la dirección del partido se ha acusado al Gobierno de “engaños”.
“Es una simple trasposición de una directiva que en el proceso previo al llegar a la Cámara ha tenido más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista del tipo de texto del que estamos hablando”, comenzaba aquel 17 de septiembre Velasco Retamosa. “Es una directiva que ―como ya se ha dicho― debería haber sido traspuesta hace dos años, es decir, llega con dos años de retraso cuando era una cosa relativamente sencilla, y lo único que hace, a pesar de lo que acaba de decir el portavoz del PSOE, es demostrarnos una vez más que el Gobierno del señor Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara, eso sí, salvo que esté en juego el sillón de cualquiera de los miembros del Gobierno, como sucedió con la ley de amnistía”, añadió.
Tres párrafos de explicación de la enmienda
Todo su discurso estuvo centrado en criticar al Gobierno pero no como ahora por, según dice el PP, “beneficiar” a presos de ETA, sino por no haber aprobado antes la norma que se debatía y que también afectaba a esos reclusos. Velasco Retamosa, además, criticó el hecho de que el Ejecutivo llevara la norma en forma de decreto-ley y, por tanto, por la vía de urgencia. Pero en ningún caso entró a debatir el contenido de la misma, que el PP apoyó a pies juntillas. “Qué papelón tienen ustedes cuando su portavoz tiene que venir aquí a presentar hoy un proyecto de ley que apenas son tres hojas y que, como les he dicho, ha tenido escasas enmiendas y muchas aportaciones técnicas”, agregó.
Días antes, en la Comisión de Justicia del Congreso, su intervención fue muy similar. “Según la directiva, la trasposición debería haber estado hecha el 28 de junio del año 2022. Sé que esto habitualmente es así, pero, tratándose de normas tan sencillas, igual el Gobierno debería haber conseguido que esta trasposición se hubiese realizado en tiempo y forma y no dos años después”, apuntó Velasco.
Además, los tres ponentes del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso no solo avalaron la modificación de la ley sino que firmaron por escrito haber “estudiado con detenimiento” el texto que incluyó esa enmienda presentada por Sumar. En un documento hecho público por el diario El Mundo se ven las firmas de todos los ponentes del texto que dicen, además, haber analizado en profundidad “todas las enmiendas”.
La reforma legal apoyada por unanimidad en el Congreso permite a los presos condenados en la UE y después en España sumar ambas penas a efectos del cómputo máximo que una persona puede permanecer en prisión, según la legislación española. Fue una modificación fruto de una directiva europea que ya se abordó durante el Gobierno de Mariano Rajoy pero que España no traspuso de forma completa.
La enmienda de Sumar eliminó la disposición adicional que incluyó en su día el PP para limitar el efecto de la reforma y limitarla a los condenados después del 15 de agosto de 2010, lo que dejaba fuera a algunos de los terroristas de ETA más sanguinarios. El texto tiene nueve páginas y dedica tres párrafos de su preámbulo a explicar la eliminación de dicha disposición. Por tanto, la iniciativa no “ocultó” en ningún momento la reforma, como dicen los de Feijóo.
Pese a respaldar esta reforma en el Congreso y no haber presentado ninguna enmienda en el plazo abierto en el Senado, este mismo martes el PP usaba su mayoría absoluta en el Senado para retrasar la votación de la iniciativa en la Cámara Alta durante una semana, hasta el 14 de octubre. No obstante, los populares no podrán frenar el texto.
Feijóo: “El PSOE será el único responsable”
Al no haberse presentado enmiendas al texto este seguirá en vigor aunque la Cámara Alta lo rechace. El modelo legislativo en España sitúa al Senado como una cámara de segunda lectura y solo tiene en cuenta lo que aprueba si modifica el texto que le llegue del Congreso. Si no hay cambios, la decisión del Congreso prevalece siempre.
Pese a todo, incluso pese a las palabras de su propio diputado, el PP ha acusado al Gobierno de fraguar un engaño, retorcer el trámite legislativo e incluso de introducir enmiendas no relacionadas con el motivo de la ley. “El PSOE será el único responsable ante la historia”, ha dicho este martes, el propio Feijóo, que ha evitado asumir cualquier responsabilidad ante lo ocurrido.