Durante años el PP pidió que la lista más votada debía tener garantizado el acceso a los gobiernos. Lo hizo antes de las elecciones autonómicas de 2015 y después de esos comicios denunció los pactos alcanzados por PSOE y Podemos para desplazarles de los gobiernos en aquellas comunidades en las que habían resultado ser la candidatura con más apoyos.
La idea llegó incluso al parlamento en forma de proposición de ley. En ese debate, celebrado en octubre de este año, los populares se quedaron solos, frente al resto de grupos que le acusaron de impulsar la reforma para recuperar alcaldías “cambiando las reglas del juego”.
Casado quería cambiar las normas con la mente en las elecciones municipales pero ofrecía que la propuesta se convirtiese en un pacto no escrito para ser aplicado también en escenario de autonómicas.
La derrota en ese debate de reforma es el argumento que abraza el PP justificar su cambio de criterio y reclamar la presidencia de Andalucía, a pesar de no ser la primera fuerza ni en votos ni en escaños. Casado dice ahora que la presidencia le corresponde “al candidato más votado dentro de las fuerzas de alternativa política al Partido Socialista de Andalucía”.