El PP pudo aplicar unas primarias reales. Estuvo en la mano de la dirección encabezada por Mariano Rajoy dar la voz a la militancia hasta las últimas consecuencias, de forma que fuesen los afiliados los que eligieran a su próximo presidente de forma directa con su voto, estableciéndolo como un derecho simplemente por el hecho de pagar las cuotas del partido, sin tener que hacer nada más. Pero el hoy equipo saliente no quiso y por eso estableció ciertas trabas. Esos obstáculos harán que en la votación del próximo 5 de julio, en la que se elegirá entre seis candidatos, la participación sea ínfima, por debajo del 7,6% del conjunto de los militantes que se han inscrito en el proceso.
“Todos los afiliados del Partido Popular que se encuentren al corriente del pago de las cuotas tienen derecho a elegir a la persona que ostentará la Presidencia Nacional”, establecen los estatutos que, después, regulan las inscripciones: “A partir de la convocatoria del Congreso se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del Partido se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral”.
La obligación de inscribirse para poder votar ha resultado ser una de las decisiones de la Ejecutiva saliente que más ha chocado con la democracia interna que dijeron defender los populares en el XVIII Congreso, celebrado en febrero de 2017, que fue el que aprobó los estatutos actuales. A la hora de interpretarlos el partido decidía, además, ser estricto: no facilitaba que las inscripciones se pudieran hacer de forma telemática, sino que los interesados tenían que presentarse en persona en las sedes del partido. Todo ello ha provocado que las cifras de inscritos facilitadas por la Comisión Organizadora del congreso sean casi irrisorias: en Galicia, la tercera comunidad por número de afiliados, tan solo se ha inscrito el 4,1%, y en la Comunidad Valenciana, la segunda en militancia, el 6%.
Ya en diciembre de 2016, el entonces vicesecretario de Organización –hoy vicesecretario general–, Fernando Martínez-Maillo, defendía esa inscripción previa. Los afiliados debían dejar constancia de que querían participar, no sólo en la elección de su líder sino en otras fases del proceso, como la de estar en el congreso como compromisarios.
Una propuesta del PP madrileño
La dirección del PP se mostraba ya entonces reticente a aprobar unas primarias al uso y entraba en una batalla interna con quienes querían aplicar la premisa de 'un militante, un voto' de forma coherente, hasta el final del proceso para elegir a su presidente, de manera que todos los afiliados pudieran votar a su líder aunque el sistema fuera de dos vueltas como el actual. La diferencia es que la cúpula del partido, en manos de Rajoy, decidió que la última palabra la tuvieran los compromisarios elegidos para el congreso, los únicos que pueden votar en la segunda vuelta. Así ocurrirá en el proceso que se encuentra abierto en estos momentos y que concluirá en el cónclave de los días 20 y 21 de julio.
Entre quienes defendieron entonces la votación de toda la militancia en todas las vueltas estaba la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Pero se trataba de una petición que llevaba años realizando el hoy exlíder de los populares en el distrito de Salamanca de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, que lo planteó sin éxito en el cónclave de 2017, y también en los de 2008 y 2012. En el congreso del año pasado Cifuentes aceptó finalmente el sistema planteado por Génova.
Las cifras de inscripciones conocidas este martes no pillaban por sorpresa a los candidatos a presidir el partido y tampoco a sus principales dirigentes. Desde las candidaturas de las dos favoritas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, hubieran deseado que la cifra fuera mayor pero se conformaban con el 7,6% al ser un nuevo proceso en el PP al que los afiliados deben acostumbrarse. También lo consideraba “legítimo” el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, que venía a decir que los militantes populares no quieren líos, y que por eso muchos se quedarán en su casa.
Las reacciones
Quienes con más preocupación veían los datos de inscripciones eran el resto de los precandidatos. José Manuel García-Margallo mostraba su “enorme tristeza” y, a última hora del martes, emitía un comunicado solicitando la ampliación del plazo para inscribirse. Pablo Casado se confesaba preocupado: “Si el partido no esta ilusionado, renovado, unido... vamos a perder las elecciones”, decía. Su entorno consideraba que el bajo porcentaje de inscritos beneficia a las principales candidatas, porque fueron ellas quienes hicieron las listas para las últimas elecciones y, por tanto, contaban con un censo de militantes a los que llamar para pedir que se sumaran al proceso.
El portavoz de Exteriores, diputado por Ávila y también precandidato, José Ramón García-Hernández se quedaba solo en su recurso ante la Comisión Organizadora para que levantara la obligación de la inscripción para que toda la militancia pueda votar el día 5. “Hay que respetar las reglas del juego”, aseguraban desde el resto de candidaturas.