El Partido Popular se ha desmarcado este jueves del resto de los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo y ha rechazado considerar transfuguismo la operación urdida por el equipo de Pablo Casado que la semana pasada evitó la aprobación de la moción de censura registrada por PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia para desbancar al popular Fernando López Miras del Gobierno autonómico.
Esa moción se frenó gracias al acuerdo logrado entre el PP y tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que, en compensación, los populares introdujeron en el Ejecutivo regional con consejerías pagadas con sueldos anuales de cerca de 76.000 euros.
Según han confirmado fuentes presentes en la reunión del Pacto, que se ha celebrado en el Congreso a puerta cerrada, el PP ha bloqueado que el Pacto pueda dictaminar ese caso como transfuguismo, por lo que ahora el asunto se eleva a un comité de expertos, cuya composición ha sido aprobada de forma unánime, para que tome una decisión final.
Los integrantes de dicha comisión son Pilar Navarro Rodríguez, doctora en Derecho de la Energía, socia del bufete Cremades & Calvo Sotelo y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR); Dolors Canals, profesora de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona; Silvia del Sanz, doctora en Derecho por la UNED; Rafael Ibáñez, especialista en Derecho Público y exdiputado en el Parlamento de Andalucía; y Mariano Pérez-Hickman doctorado en Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid.
“El PP se ha quedado solo y aislado”, ha recalcado en rueda de prensa el representante del PSOE en el pacto, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha asegurado que los populares han argumentado para su rechazo “cuestiones formales” y que “la denuncia” sobre el caso murciano “no les había llegado”.
El diputado del PP presente en la reunión, Luis Santamaría, ha negado rotundamente que lo sucedido en la Asamblea de la Región de Murcia sea un caso de transfuguismo: “Aquí los auténticos tránsfugas son los que constituyen el triunvirato formado por Ciudadanos, PSOE y Podemos que, en plena pandemia, se están dedicando a desestabilizar las instituciones”, ha dicho, en el Congreso.
Los populares también se han desmarcado del resto de grupos y tampoco han considerado transfuguismo el caso de Evelyn Alonso, otra tránsfuga de Ciudadanos cuyo voto permitió aprobar en julio de 2020 la moción de censura de Coalición Canaria y PP para expulsar a la socialista Patricia Hernández de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Su caso pasará también a ser evaluado por la citada comisión de expertos. Sí ha habido unanimidad, en cambio, para tildar de tránsfugas a dos concejales del PSN, que fueron expulsados de su partido al apoyar una moción de censura de EH Bildu y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella (Navarra) en marzo de ese año.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública había convocado a los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo este jueves en el Congreso de los Diputados para analizar todos esos casos. Ciudadanos solicitó la semana pasada la convocatoria “urgente” de este acuerdo con motivo de lo sucedido en Murcia, después de que el Partido Popular consiguiese que esos tres diputados autonómicos de la formación de Inés Arrimadas no apoyasen la moción de censura impulsada por Ciudadanos y PSOE para desbancar a los populares de la presidencia regional.
El PP, junto a PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y otras formaciones –prácticamente todas, menos Vox–, han suscrito el acuerdo, firmado por primera vez en 1998, que condena el transfuguismo y que en su último documento ratificado exponen que buscan actuar contra aquellos “representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.
“Los partidos se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas”, sentencia el texto.
Los grupos, también el PP, se adhirieron a la tercera adenda del pacto, ratificada en noviembre de 2020 y gracias a la que se extienden los efectos de este compromiso al resto de administraciones (autonómica y estatal), ya que hasta entonces estaba limitado al ámbito municipal. “Ha habido un amplísimo acuerdo para determinar que el transfuguismo es corrupción”, ha sentenciado el socialista Gómez de Celis, que ha recalcado que en la reunión del pacto han estado representados el “80%” de los componentes del Congreso y el Senado.
Quien no ha asistido a la reunión del Pacto Antitransfuguismo de este jueves ha sido el PNV, según ha dicho la formación nacionalista, para “no contribuir a la manipulación electoral a la que pretenden someterlo” el resto de fuerzas políticas en el contexto de la precampaña de las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo.