Transcurridas ocho sesiones del juicio por la utilización que el Partido Popular hizo del dinero de la caja B que mantuvo durante dos décadas, la vista oral entrará la próxima semana en su momento de mayor trascendencia política. A partir del martes 23 de marzo desfilarán ante el tribunal de la Audiencia Nacional los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018.
Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. En calidad de testigos —con obligación de decir la verdad y de responder a todas las preguntas de las partes, por tanto— los antiguos miembros de la cúpula del PP tendrán que dar explicaciones sobre una financiación irregular ya acreditada en sentencia firme pero de la que previsiblemente dirán que son absolutos desconocedores.
Hasta ahora, los dirigentes que han comparecido ante el tribunal han trazado un dibujo un tanto inverosímil del funcionamiento de un partido que ha gobernado el país durante tres lustros y que tiene sobre sí desde 2009 la pesada losa de la trama Gürtel. En las varias horas de interrogatorio, el extesorero Luis Bárcenas ajustó cuentas con “el PP de Mariano Rajoy, no el de Pablo Casado” y acusó de “cobardía” a los dirigentes del PP que, según su testimonio, conocían —y se beneficiaron— de esas finanzas opacas aunque nunca lo hayan reconocido. “Lo único que me molesta es la cobardía de personas que no están dispuestas a reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos financiado irregularmente”, dijo al tribunal.
En esta vista se juzga precisamente una de las piezas separadas del macrosumario de Gürtel, la relativa al supuesto pago de parte de la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid con dinero de la contabilidad paralela. Una obra millonaria —sufragada supuestamente en parte con 1,5 millones de euros de la caja B— que, según dijo el pasado lunes ante el tribunal el ex secretario general Ángel Acebes se hizo poco menos que por empeño del entonces tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta.
Sus explicaciones no parecieron convencer a la abogada del Estado Rosa María Seoane. “¿Me quiere decir que la decisión la tomó don Álvaro Lapuerta y decidió el importe que se iba a gastar en esa reforma, de forma autónoma, y luego lo metió en los presupuestos?”, le preguntó a Acebes, a lo que el exministro del Interior de Aznar contestó afirmativamente.
De hecho, precisó que la “iniciativa” de gastar millones en reformar Génova partió en 2005 del número dos de Bárcenas en la Gerencia del partido, Cristóbal Páez, y que esto tuvo que llevar el visto bueno de Lapuerta, tesorero en aquel entonces y del que dependía finalmente, pero que todo eso era ajeno al secretario general y al presidente. Para intentar asentar su tesis, Acebes dijo que luego Páez iba explicándoles el proyecto de la obra, planta a planta, pero a título meramente informativo, sin que hubiera nada que discutir.
A pesar de las dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dando por probada la financiación irregular del partido y la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder, Acebes aseguró que los manuscritos en los que se basa la causa que se está enjuiciando son “rotundamente falsos”. En consecuencia, negó también haber recibido sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios. En concreto, los 107.100 euros, que recogen los papeles de Bárcenas. “No, en absoluto. Lo desmiento tajantemente. Es falso. Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria”, afirmó.
De sobresueldos también habló el exsenador del PP y antiguo responsable de la acción exterior del partido, Luis María Fraga Egusquiaguirre, sobrino del fundador de Alianza Popular y del PP. Este exdirigente confirmó que en el PP se pagaban “sueldos de transición” cuando alguien dejaba un cargo. “Cómo se le iba a dejar en la indigencia”, afirmó sin aclarar en concepto de qué se pagaban esos sobresueldos ni de dónde procedía el dinero. Cuando el abogado de una de las acusaciones populares, Gonzalo Boye, le insistió por la autorización de esos pagos, el testigo dijo que se le preguntara a Mariano Rajoy y “a la secretaria general que él puso”, en referencia a Cospedal.
El argumento de los estatutos
Ambos están citados a declarar la próxima semana, aunque no se esperan de ellos grandes revelaciones. Previsiblemente los dos —y el resto de dirigentes que comparecerán en los días venideros— recurrirán a los estatutos del PP como argumento de descargo ante cualquier posible irregularidad. La normativa interna de la formación establece que los secretarios generales se encargan de la política, pero no de la administración, ni siquiera como supervisores de la labor de tesorero y gerente, pues el primero informa al comité ejecutivo para explicar en qué se ha gastado el dinero después de hacerlo.
El argumento de que los estatutos del partido permiten que el tesorero pueda tomar decisiones, por trascendentes que sean, donde no pueden entrar ni los presidentes, ni los secretarios generales, fue esgrimido en sus declaraciones en la fase de instrucción por Cospedal, Arenas o Álvarez Cascos. También Rajoy, en su comparecencia como testigo en el juicio de la trama central del caso Gürtel, en julio de 2017, insistió en varias ocasiones en que él nunca se había ocupado de cuestiones económicas, sino únicamente de las políticas.
En la fase de instrucción todos negaron también haber recibido los pagos que Bárcenas les atribuye en los cuadernos manuscritos en los que él y Lapuerta reflejaron decenas de entradas y salidas de dinero entre 1990 y 2008. Las entradas corresponden a donativos de empresarios, de los que el extesorero afirmó por primera vez en el escrito enviado a Anticorrupción el pasado febrero que en ocasiones eran a cambio de adjudicaciones concretas; y las salidas son pagos periódicos a la cúpula del partido y otros gastos.
Según las anotaciones, estos dirigentes se habrían embolsado más de 1,8 millones en sobresueldos durante esos años. Desde 1997, con el partido ya en el Gobierno, se registran pagos periódicos a miembros de la cúpula —secretarios generales y vicesecretarios— que formaban parte del gabinete de José María Aznar, a quien Bárcenas nunca ha señalado directamente como perceptor de estos pagos en negro a pesar de que existen varias anotaciones con la inscripción “J.M.”.
La testifical de Aznar, prevista para el 24 de marzo, ha generado especial expectación porque es la primera vez que el expresidente del Gobierno y del partido tendrá que responder ante un tribunal sobre la financiación irregular de la formación que dirigió durante catorce años, entre 1990 y 2004. Al igual que Rajoy, Cospedal o el exministro Federico Trillo, Aznar declarará por videoconferencia al acogerse a la reciente regulación para evitar contagios en la Administración de Justicia.
Bárcenas sí ha señalado como perceptores de esas cantidades “en metálico”, que estaban guardadas en la caja fuerte de su despacho y que él mismo o el fallecido Lapuerta repartían en “sobres”, a Rajoy, Cospedal, Acebes, Rodrigo Rato o Álvarez Cascos, al que acusó directamente durante su interrogatorio de sistematizar estos pagos opacos. También ha apuntado como beneficiarios de esos fondos a dos cargos en activo en el PP: los senadores Javier Arenas y Pío García Escudero.
Todos ellos están citados por la Audiencia Nacional a declarar como testigos en los próximos días. Aunque muchos evitarán el paseíllo ante las cámaras al declarar a través de una pantalla, sus imágenes frente al tribunal evidenciarán de nuevo el duro lastre que supone para el PP de Pablo Casado esa herencia de décadas de trampas y dinero negro.