Medio millón de euros supuestamente desaparecido en dos años y pucherazo electoral en febrero. Así se resume el caso que ayer provocó la dimisión como concejal del PP en Boadilla (Madrid) del hasta ahora presidente de la Federación Madrileña de Pádel, Francisco Sánchez Rodríguez. Horas después de que el edil dimitiera por las presuntas ilegalidades cometidas en la Federación de Pádel y denunciadas judicialmente , la Comunidad de Madrid confirmó la suspensión de su directiva y la anulación de las elecciones tras la doble denuncia - judicial y administrativa- planteada por dos federados.
Uno de los denunciantes, el abogado y jugador de pádel José Luis Amoroto, asegura que la Dirección General de Deportes, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno de Madrid que todavía dirige Ignacio González, conocía desde julio las quejas de los federados. “La Dirección General no ha actuado de oficio sino sólo a instancias nuestras”, recalca Amoroto.
A tenor del relato del abogado, él mismo comunicó a la Dirección General de Deportes que, en contra de lo notificado por el equipo de Francisco Sánchez, la federación no había celebrado elecciones en febrero. A toro pasado, Amoroto descubrió en las listas electorales presuntamente falsas la presencia de amigos y conocidos suyos que jamás habían optado a ningún puesto en la federación. Entonces tuvo claro que estaba ante un pucherazo y, junto con el también federado Gonzalo Godina, presentó denuncia en los juzgados por varios delitos, entre ellos apropiación indebida y falsedad documental. Amoroto cree que aún no ha sido admitida a trámite.
Cuentas misteriosas
Localizar a Sánchez no fue posible ayer. Y el PP no confirmó si el ya exedil, que no tenía a su cargo ninguna concejalía, mantendrá en activo su militancia en el partido en Boadilla, el municipio donde estalló el caso Gürtel y cuyos dos penúltimos alcaldes acabaron imputados por ese caso, el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas.
Pero la historia ofrece, desde luego, puntos oscuros. Tantos como los que aparecen en los balances de una empresa privada presidida por Sánchez y que, según los denunciantes, gestiona “al parecer” las 20 pistas de pádel que la Federación tiene concedidas gratuitamente en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, al noroeste de la capital. Esa empresa, Centro de Tecnificación Federación Madrileña de Pádel SA pertenece, en teoría, a la federación, única propietaria de sus 60.200 acciones según los documentos depositados en el Registro Mercantil. Pero los denunciantes aducen que su constitución, en abril de 2008, fue decidida por Sánchez sin que la federación la autorizase a ello. Y sostienen que el exedil se niega a entregar las cuentas anuales de la sociedad a la asamblea de federados. Esas cuentas reflejan en 2010 ingresos netos por 374.573 euros. Y unos gastos de explotación adicionales a los de personal -76.000 euros- de nada menos que 288.042,72 euros. Conclusión, los beneficios después de impuestos se limitaron a 2.122 euros en ese ejercicio. La cifra, conviene Amoroto, resulta “ridícula”.
¿Con qué se corresponden los cuantosísimos gastos de explotación declarados por Centro de Tecnificación SA si la Federación dispone gratuitamente de las pistas de pádel y si, como sostiene Amoroto, “no se dedica ni un euro” a tareas de mantenimiento? Hasta la fecha constituye un misterio. No lo son, en cambio, los precios marcados por la Federación, superiores a los establecidos para otros deportes más populares: 44 euros al mes por una clase semanal de una hora y 555 euros por el curso para la obtención de monitor de pádel. Dadas las circunstancias, los denunciantes no poseen cifras exactas. Pero, previo rastreo por los distintos clubes integrados en la Federación madrileña, calculan que el dinero supuestamente desviado supera lo reflejado en la denuncia: “Ahora creemos que es mucho más de 250.000 euros al año”, dice Amoroto.
Sánchez es hijo del exconcejal de Urbanismo del municipio de Las Rozas, otro de los feudos del PP en el rico Noroeste madrileño. Padre e hijo figuran respectivamente como administradores de dos sociedades dedicadas al sector inmobiliario y de los seguros y domiciliadas en la misma dirección. Constituida en 2009, la empresa que administra el dimisionario Francisco Sánchez se llama Natisbel. Y aumentó su dotación económica en junio de 2012. Hasta esa fecha, el capital social de la compañía se cifraba en 3.006 euros. A partir de entonces, quedó fijado en 368.751 euros. Este diario no ha podido verificar si, además de administrador, Francisco Sánchez es titular de las participaciones de Natisbel o si, por el contrario, hay otros propietarios que no figuran en los órganos de la sociedad.