En las turbulentas aguas políticas de la Transición, una infinidad de partidos trataban de hacerse un hueco en un sistema democrático que se configuraba de manera rápida y atropellada. Algunas formaciones de izquierdas partían de la base de haber mantenido una estructura estable, en la clandestinidad o en el exilio, sobre la que apoyar su nueva andadura. La derecha, por su parte, se encontraba con la única salida de dar un barniz democrático a quienes habían ostentado el poder político e institucional durante el franquismo.
El problema que se encontraron todos los que no encajaban en la Unión de Centro Democrático era, por un lado, que Adolfo Suárez copaba casi todo el espectro de la derecha. El resto eran asociaciones, sin hechuras de partido, con más líderes que bases y comandadas por antiguos ministros y altos cargos franquistas. La mayoría logró ponerse de acuerdo y fundirse bajo la siglas de Alianza Popular (AP).
La intención era llevar a la nueva formación a convertirse en una alternativa real de Gobierno, una tarea titánica cuyo punto de partida fueron las elecciones de 1977, en las que AP se hizo únicamente con el 8% de los votos y 16 diputados. Fue aún peor en las de 1979, donde el partido bajó hasta los 10 escaños. Es ahí cuando arrancó el periodo de Manuel Fraga como presidente de la formación con dos objetivos claros: limar la imagen franquista del partido y crear una infraestructura estable que sustentase su candidatura para las siguientes elecciones.
“Nosotros no ofrecemos una ideología rígida ni un activismo oportunista; aportamos un sistema de grandes principios”, clamaba Fraga en 1982. Todo esos discursos están en la hemeroteca, lo que no se contó entonces fue cómo se financió el proyecto para reunificar el centro-derecha en España. La confesión que Luis Bárcenas entregó en a la Fiscalía Anticorrupción ayuda a completar la historia. “Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos”, describe el hombre que manejó las cuentas del Partido Popular durante décadas.
Bárcenas se retrotrae a mucho antes de que el PP fuese un partido. Su declaración apunta a que la iniciativa política de Fraga, que luego cristalizó en el PP, se apoyó desde su fundación en las donaciones en negro. Y que sus sucesivos tesoreros y dirigentes mantuvieron un sistema de caja B muy rentable que permitía sostener el enorme gasto electoral del partido, por encima de los límites legales, además de garantizar una remuneración extra para los altos cargos.
El relato de esos primeros años en los que había que conseguir dinero rápido lo hicieron dos extesoreros del PP cuando fueron llamados a comparecer en el Congreso de los Diputados. La suya no fue una asunción de responsabilidades en la creación de un sistema de donativos en negro, sino que lo presentaron como una práctica habitual y aceptada por todos.
"Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra"
Ángel Sanchis, tesorero entre 1982 y 1987, cuando la formación aún se llamaba Alianza Popular, contó en 2017 que su principal objetivo durante los primeros años era buscar financiación. “Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra”, contó en el Congreso. Pagaban empresarios y “amigos” del partido.
Sanchis relató la precaria situación de una formación fundada por prebostes de la dictadura pero que no tenía apenas estructura ni militancia: “No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses”. Los discretos resultados electorales de los primeros comicios de la democracia no ayudaron, las subvenciones no alcanzaban para pagarlo todo. “Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero eran quienes estaban en el poder, el PSOE y otros”.
El partido optó entonces por la vía rápida de los donativos. Los invitados a sus cenas daban un sobre: “Eran favores que yo pedía, luego me pasaba años devolviendo esos favores”. Sanchis aclaró rápidamente que no se devolvían esos favores desde el partido. Relató también otro método arcaico para conseguir fondos: se enviaron “cientos de miles de cartas” a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos y hubo “una muy buena respuesta”.
Sanchis tuvo que admitir durante su comparecencia en el Congreso que el partido había rebasado los límites de financiación para las elecciones -“como todos los partidos”- pero que no veía “ninguna deshonestidad” en ese grupo de políticos “que venían de la dictadura” y que “eran mejor que los actuales”.
Eso sí, Sanchis dijo no saber nada de una una caja B, como si cobrar donativos en metálico y no declarar gastos electorales no fueran efectivamente eso, una caja B ya en los tiempos de Alianza Popular. Lo mismo dijo su sucesor en el cargo, Rosendo Naseiro, que manejó las cuentas del partido entre 1987 y 1990, cuando Fraga refundó AP en el actual Partido Popular. En su caso, entre alusiones a la pérdida de memoria y encontronazos con los diputados, lo máximo que llegó admitir es que “a veces en un mitin, le daban un talón a Fraga”.
El problema para Naseiro es que los pasajes de los que no se acordaba quedaron plasmados en un caso que llevaba su nombre, la primera investigación por sospechas de financiación irregular en el PP. La trama de recalificaciones, acuerdos inmobiliarios, comisiones para el partido y mordidas para los intermediarios murió en el Supremo, cuando el tribunal tuvo que cerrar el caso porque las grabaciones a sus protagonistas, incluido el propio Naseiro, se habían obtenido en el marco de otra investigación (por narcotráfico) y no se podían usar para perseguir la financiación irregular.
Las conversaciones no sirvieron para condenar a nadie pero quedaron para siempre en la hemeroteca de la corrupción del PP. También las investigaciones posteriores, que han destapado el uso por parte de Naseiro de una cuenta opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP).
En aquella ronda de comparecencias en el Congreso, tras la naturalidad con la que Sanchis y Naseiro relataban el cobro de talones primero para AP y luego para el PP, le llegó el turno a la mesura de Carmen Navarro, entonces tesorera del partido tras la etapa de Bárcenas. Ella defendió la “total pulcritud” de las cuentas del PP, sin las concesiones de sus predecesores.
Entre Sanchis, Naseiro y Navarro transcurre la época en la que se consolidó la caja B, y que no pudieron relatar ninguno de sus protagonistas. El primero, Álvaro Lapuerta, aquejado de una demencia que ya le eximió de ser acusado en Gürtel; el segundo, Luis Bárcenas, inmerso en una maraña de causas judiciales que le aconsejaban no decir nada en el Congreso.
La versión de Lapuerta como verdadero impulsor de la caja B ya no podrá escucharse de su boca porque falleció el verano de 2018. El tesorero del PP entre 1993 y 2008 fue señalado por Bárcenas como el gran ideólogo del sistema de donaciones en negro, contratos amañados y sobresueldos. Hizo un amago de querer contar su verdad, pero no pudo concretarlo. El extesorero le dijo al director de elDiario.es que quería contarle “toda la verdad” sobre la caja B para que este la plasmase en un libro, algo de lo que había informado a Mariano Rajoy. Dos días después, el 28 de abril 2013 sufrió una “extraña” caída, según su familia, que le dejó en coma. Luego desarrolló la demencia que le acompañó hasta su muerte.
El sistema que creó para financiar al PP, que había tenido su germen en la época de Sanchis y Naseiro, y que luego heredó Bárcenas, ha quedado acreditado a través de informes policiales, confesiones de implicados y sentencias. El propio Bárcenas ya admitió en el primer juicio de Gürtel la existencia de una “contabilidad extracontable”, nutrida a base de donativos de grandes empresarios. Parte iba a pagar gastos de campaña y parte a sobresueldos que cobraron altos cargos, según la documentación del extesorero.
En aquel momento Bárcenas dijo que los empresarios no esperaban nada a cambio. La Audiencia Nacional no le creyó y en su sentencia dijo que las donaciones de los empresarios servían “para pagar favores” o como “contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos”. Los jueces se apoyaron en la confesión de Francisco Correa, que admitió que los empresarios donaban a cambio de adjudicaciones de obra pública del gobierno de José María Aznar.
Los distintos jueces tratan aún de buscar las pruebas de esa vinculación directa entre donación y adjudicación. Cada vez están más cerca. Por un lado, por las pesquisas en la parte de la investigación de la caja B que se centra en el posible delito de cohecho derivado de esa contabilidad opaca. Por otro, porque la confesión de Bárcenas confirma ese hecho. Sucede que el extesorero también ha dicho que algunas de las pruebas le fueron sustraídas en una operación presuntamente montada en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para evitar que fueran aportadas en los juzgados o a la prensa.
“Estos fondos -caja B- se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, dice el extesorero en el escrito enviado a la Fiscalía, y añade que Lapuerta era quien recibía el dinero como “la persona designada de poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.
A la Audiencia Nacional no le ha sido fácil hasta ahora trazar esa conexión porque el Gobierno de Mariano Rajoy hizo todo lo posible por impedir que las pruebas de la caja B salieran a la luz. La Operación Kitchen, que se investiga en otro juzgado, tuvo como objetivo captar al chófer de Bárcenas para que este le robara (a cambio de un suculento sueldo con cargo a los fondos reservados y un puesto de funcionario en la policía) el material comprometedor para el partido. En la causa ya está imputado el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y buena parte de la cúpula policial de la época.
Esa operación comenzó en 2013, poco después de la publicación de los papeles de Bárcenas. La investigación ha revelado el uso de fondos reservados y de recursos del Ministerio del Interior para tapar una caja B que se había gestado a la par que la fundación de Alianza Popular, y de la que el PP dispuso durante casi tres décadas.