La competencia feroz en la derecha por ver quién consigue desempeñar una oposición más encendida al Gobierno de Pedro Sánchez volvió a quedar patente este miércoles en el Registro del Congreso de los Diputados. Casi al mismo tiempo y sobre la bocina del plazo de presentación de enmiendas a la ley de amnistía, PP y Vox registraron sendas iniciativas de reforma del Código Penal para perseguir al independentismo. En ambos casos incluyen nuevas figuras delictivas relacionadas con la “deslealtad institucional”, según el PP, o “contra la unidad de España” en la versión de Vox. Pero las dos con el punto de mira en la posibilidad de llevar a cabo la ilegalización de partidos independentistas.
La vieja demanda de Vox ahora intenta hacerla suya el PP con la introducción de algún matiz. La percha para los populares es su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía que se tramita en el Congreso. Sin embargo, el intento de los de Alberto Núñez Feijóo de marcar el paso en una agenda política semidesierta por las vacaciones navideñas y marcada en los últimos días por la Nochevieja ultra que apaleó en Ferraz a un Pedro Sánchez de cartón piedra resultó, en gran medida, fallida.
Primero, porque la comparecencia del portavoz parlamentario Miguel Tellado en la que expuso la ofensiva de los populares contra la amnistía y contra el independentismo catalán estuvo marcada precisamente por las preguntas de la prensa sobre la reunión desvelada entre representantes de su partido con Junts en el contexto de la investidura de Feijóo. Y, segundo, porque Vox volvió a demostrar que siempre estará dispuesto a ir un paso más allá de lo que se decida en la calle Génova.
Tan solo unas horas después del anuncio del PP, la formación de extrema derecha comunicó que en su propio texto de enmienda a la totalidad de la amnistía ya no solo propone “la ilegalización de los partidos separatistas que amenacen la unidad de España y el orden constitucional” sino que su objetivo es, directamente, meter en la cárcel a Pedro Sánchez.
Para ello, los de Abascal plantean “un nuevo tipo delictivo orientado a castigar a quienes negocien asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”. En el texto de Vox se propone que estos delitos sean castigados con “penas que van desde los seis a los diez años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años”.
La iniciativa de los populares no llega a tanto, por el momento. “Tipificar las consultas o referéndums ilegales de autodeterminación y promover la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que promuevan estos delitos”, expuso el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, en rueda de prensa, este miércoles. Tellado explicó que esa iniciativa también busca castigos para las “autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales”, buscando “perjudicar la unidad” de España.
Tras criticar “la estrategia de victimización del PSOE” por las imágenes de violencia vividas frente a la sede socialista de la calle Ferraz y en un evidente intento de pasar página de unos altercados que los populares tardaron tres días en condenar públicamente, el PP pretendió marcar el paso con su ofensiva contra la amnistía al recurrir incluso al endurecimiento del Código Penal contra el independentismo. Pero el portavoz parlamentario de los de Feijóo tuvo que hacer equilibrios para defender un paso de tal calibre en la misma comparecencia en la que pidió normalizar las conversaciones de su partido con el de Carles Puigdemont.
“Un café” con Junts
“Solo fue un café entre un concejal del PP y otro de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona al que también asistió un diputado nacional de esa formación”, intentó minimizar Tellado. Cuestionado sobre si el objetivo de ese café era buscar los apoyos de los independentistas de Carles Puigdemont para investir al líder del PP como presidente del Gobierno, el portavoz también se sacudió la respuesta. “Estamos hablando de un café entre dos políticos con responsabilidades en el ayuntamiento de Barcelona”, insistió.
Visiblemente incómodo ante el aluvión de preguntas de la prensa sobre los contactos del PP con el independentismo catalán en una comparecencia destinada para ofrecer el endurecimiento del Código Penal contra ese mismo independentismo catalán, Tellado no quiso asegurar que además de la cita en Barcelona desvelada por La Vanguardia se hayan producido más contactos con Junts, incluso a un nivel superior. “Lo que es evidente es que no ha habido ningún acuerdo para amnistiar a políticos condenados. El PP no está gobernando porque no aceptamos las condiciones de un prófugo de la justicia”, repitió el argumentario de Feijóo que alude a que no es presidente del Gobierno porque no quiere.
El portavoz del PP, que había arrancado su rueda de prensa aludiendo a la posibilidad de “disolución” de organizaciones políticas que promuevan consultas o referéndums de autodeterminación, como es el caso de ERC o Junts, concluyó la ronda de preguntas de la prensa cuando tuvo que contestar por enésima vez sobre las conversaciones de su propio partido con algunas de esas formaciones. “Los políticos mantenemos contactos con otros políticos permanentemente. Mantenemos reuniones formales, informales… Hay que verlo dentro de la normalidad que todo ello conlleva”, dijo. Y abandonó la sala de prensa antes de enviar al registro la enmienda a la totalidad de los populares a la ley de amnistía.