EL PP va a iniciar el curso político en septiembre con muchos frentes abiertos y numerosas leyes empantanadas en el Congreso. Pero con un objetivo prioritario: modificar la ley electoral para que en las próximas elecciones municipales gobierne el candidato de la lista más votada y garantizarse así sus alcaldías más emblemáticas, como Madrid o Valencia. La reforma irá de la mano de un paquete de medidas sobre “regeneración democrática” que ultiman en Moncloa y Génova, en donde han empezado a surgir voces internas que alertan de que no debería aprobarse sin llegar a un acuerdo con el PSOE. Creen que imponer el cambio podría acarrearles muy mala imagen ante la ciudadanía. “Los cambios en leyes de gran calado siempre se han pactado con el principal partido de la oposición”, esgrimen los más veteranos aún a sabiendas de que el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha adelantado a Rajoy que no va a apoyarlo.
El malestar de estos veteranos diputados del PP ha surgido por diversas declaraciones que han realizado este verano en este sentido algunos miembros de la cúpula del partido. Entre ellos, el propio portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien en una reciente entrevista ha dejado caer que aunque van a “dialogar” para poder contar con el apoyo de los socialistas y de otros grupos del Congreso, si no hay consenso podrían echar mano del rodillo de su mayoría absoluta y aprobar en solitario lo que la oposición ya ha calificado como un “nuevo pucherazo” electoral.
Pero los conservadores tienen prisa a pesar de que aún quedan nueve meses para la cita con las urnas. A lo largo del verano, los Arriolas de Génova han estado analizando con lupa los resultados de las últimas encuestas, no solo las de los medios de comunicación sino también la última de CIS, muy reveladora. Y han visto con preocupación, o más bien con alarma, cómo el espectacular ascenso que dan todas las encuestas a formaciones nuevas -como Podemos o la marca Guanyem-, y la caída en picado del bipartidismo puede hacerles un gran daño y arrebatarles numerosas alcaldías por “extrañas alianzas” con plataformas ciudadanas o formaciones hasta ahora con poca implantación local, como IU, Ciutadans o UPyD.
El mayor temor que tiene el PP es perder el poder en los ayuntamientos de Madrid y Valencia, además de algunas otras en provincias andaluzas (casi todas están ahora en sus manos), como Sevilla. Para no perder tiempo, en septiembre se pondrán manos a la obra para plantear a los demás grupos la reformar la ley electoral aunque para ello el Gobierno tenga que dejar en segundo plano otros asuntos que podrían acarrearles más problemas que beneficios. Como la ley del aborto, aún en fase de anteproyecto y sin fecha para su presentación en la Cámara baja.
El primer Pleno del nuevo periodo de sesiones se celebra en el Congreso el 9 de septiembre. Y hasta finales de año hay previstos un total de 36. Los planes del PP son presentar a los grupos de la oposición, nada más iniciar el curso político, esta reforma electoral y su paquete de propuestas “regeneradoras”, un trabajo que coordina desde hace meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el que está también volcada la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, artífice del pucherazo de Castilla-La Mancha para asegurarse allí la victoria. Entre las medidas regeneradoras figura la reducción drástica del número de aforados - ahora hay más de 10.000- , algo en lo que sí estarían de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
El argumento que esgrimen los populares para querer modificar también las reglas de juego electoral es la creciente “fragmentación” del voto que puede deparar el actual panorama político y la posibilidad de que muchas alcaldías puedan ser “ingobernables”. Algo que hasta ahora nunca les había importado.
La reforma, pues, irá encaminada a garantizar que se convierta en alcalde el cabeza de lista de la candidatura más votada, siempre y cuando consiga al menos el 40% del total de los votos y saque cinco puntos de ventaja al siguiente. Eso conllevaría obtener la mayoría absoluta, según la propuesta en la que trabaja el PP, que no descarta la posibilidad de introducir el sistema de la “doble vuelta”.
La medida cuenta de antemano con el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios que amenazan con llevarla al Tribunal Constitucional si el PP fuerza su aprobación gracias a su mayoría absoluta. Empezando por el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, que en este periodo de sesiones se estrena como jefe de la oposición. Así se lo dijo a Rajoy en la reunión que mantuvieron nada más ser elegido secretario general. Los socialistas, que defendieron en varias ocasiones esa norma y hasta la incluyeron en su programa electoral, afirman ahora que han escuchado “a la calle” y creen que no se pueden cambiar las reglas de juego para acomodarlas a los intereses de un partido. “La democracia es hacer alianzas y pactos”, opinan. No obstante, están dispuesto a sentarse a hablar de todo, pero “sin imposiciones”.
Más beligerantes se muestran en IU. La coalición de izquierdas ya ha advertido de que si “se perpetra este nuevo pucherazo”, “incendiarán las calles” con protestas por toda España.
UPyD también adelanta su “no más rotundo”. “Si siguen por este camino de ‘degeneración’ democrática nos van a tener enfrente”, aseguran los de la formación magenta, en donde siguen indignados por el intento de compra a una edil de UPyD de la localidad madrileña de Brunete por parte del PP.
Desde ERC también califican la reforma como “deleznable”. “No vamos a participar del pucherazo del PP que hace leyes a medida para vencer sin convencer a los ciudadanos”, aseguran los republicanos, cuyo portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, opta a la alcaldía de Barcelona.
Los nacionalistas de CiU prefieren esperar a ver en qué términos presenta el PP la reforma. En principio, consideran que debe respetar el ámbito competencial autonómico. La coalición de Artur Mas se mostró partidaria de que gobernara la lista más votada cuando en las autonómicas de 2006 el PSC, ERC e ICV les impidieron hacerse con la Generalitat formando nuevamente un tripartito. La medida ahora favorecería a veteranos alcaldes, como Xavier Trias en Barcelona, que corre el riesgo de que la irrupción de Guanyem, con el apoyo de Podemos y otras fuerzas de izquierdas, les arrebaten el bastón municipal.
El PNV, sin embargo, de entrada no lo aplaude. Creen que se trata de “un globo sonda” o de “un nuevo conejo que el PP saca de la chistera”. “Es muy sospechoso que justo después de las europeas, al ver que pueden perder muchas mayorías absolutas, lancen esta propuesta”, manifiestan los vascos.
A los que no les gusta nada es a los del BNG, donde saben que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, prepara su propio “pucherazo” para rebajar el número de diputados autonómicos, al igual que ha hecho Cospedal en Castilla La Mancha. En UPN, que cuentan con un único diputado en el Congreso, “aliado” del Gobierno, no han tomado una decisión pero reconocen que la reforma les beneficiaría en muchos ayuntamientos de Navarra.
Así las cosas, la posibilidad de que el PP “tire por la calle de en medio” si no hay consenso no está en este momento totalmente descarta. De hecho, los populares han anunciado que, para “abrir boca”, van a impulsar mociones en todos los ayuntamientos defendiendo que gobierne la lista más votada
Al margen de estos asuntos, en el Congreso hay un atasco legislativo importante con más de una quincena de proyectos de ley parados o en plena tramitación. Dentro de todo ese paquete hay otro proyecto que el PP tiene también especial interés por culminarlo cuanto antes: la ley de seguridad ciudadana, que endurece las sanciones por manifestarse en la calle y restringe derechos de los ciudadanos.
También están pendientes el proyecto de ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos político y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que servirán de complemento a la ya aprobada Ley de Transparencia. Otro de los frentes por encarar es la reforma fiscal esbozada ya por Montoro. Además, anda empantanada la reforma del Reglamento del Congreso que se vende como símbolo de la transparencia y de un mayor control al Gobierno, pero al final siempre se queda en un cajón en el Congreso durmiendo el sueño de los justos.