El PP encara la derrota definitiva en su lucha judicial contra el derecho al aborto

El Tribunal Constitucional ha sellado esta semana la segunda derrota del Partido Popular en su lucha judicial contra los derechos reproductivos de las mujeres. En las próximas semanas el tribunal de garantías alumbrará una sentencia que avalará la ley del aborto de 2010 casi 13 años después de que el PP presentara un recurso encabezado por su entonces líder, Mariano Rajoy, y del que después prácticamente ha renegado, más por estrategia que por convicciones.

Se trata de una nueva derrota judicial del PP en su lucha contra los avances en derechos sociales, tal y como ocurrió en el pasado con la ley del divorcio o la del matrimonio homosexual que pese a los recursos de las derechas fueron avalados después por el Constitucional. El enésimo fracaso se produce en torno a la contradictoria historia que mantiene el partido que hoy preside Alberto Núñez Feijóo con el derecho a abortar de las mujeres: monta manifestaciones y recurre en los tribunales leyes que luego no modifica cuando llega a Moncloa y maneja con mano temblorosa un tema que aparece y desaparece de su discurso mientras la opinión pública española avanza en dirección contraria.

Las deliberaciones y negociaciones del Tribunal Constitucional en las últimas semanas evidencian que el recurso que presentó Federico Trillo, y firmaron una cincuentena de diputados del PP, en la madrileña calle de Domenico Scarlatti hace 12 años y medio ha envejecido mal. La ley del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ese día Trillo, convertía el aborto en “un hecho indiscriminado” y eso era, según él, incompatible con el derecho a la vida de un no nacido.

Casi 13 años después, el sector progresista del Constitucional, en mayoría por primera vez en una década, prepara una sentencia que avalará la norma que impulsó la entonces ministra Bibiana Aído, que ese día ya se mostró “plenamente convencida” de la constitucionalidad de la norma. La sentencia final será, por tanto, un rechazo frontal al recurso del PP, pero la alternativa no era mucho mejor para los de Feijóo: la ponencia conservadora de Enrique Arnaldo, ahora desestimada, también enviaba a la papelera la mayor parte de los argumentos de la formación que lo aupó, de la mano de Pablo Casado, al tribunal de garantías.

No desprotege al no nacido

La sentencia que impulsa el sector progresista irá más allá que la que proponía Arnaldo, que avalaba puntos clave de la ley como el plazo de 14 semanas para interrumpir el embarazo pero no se metía en otros aspectos como el consentimiento familiar en casos de menores de edad que quieren abortar. Pero ya ese borrador, firmado por un Arnaldo nombrado a propuesta del PP y que en el pasado se ha opuesto con contundencia a la ley del aborto, tiraba por tierra los principales argumentos jurídicos y electorales del partido: la norma de 2010 no desprotege al no nacido, como afirmó Trillo en las puertas del Constitucional hace 12 años y medio.

Las reacciones de los actuales líderes del PP a la futura sentencia sobre este asunto evidencia la relación complicada del partido con la regulación del aborto. Después de fracasar en su segundo recurso contra una ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a dar un plácet a una norma con la que han abortado más de 900.000 mujeres desde su entrada en vigor: “Una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional, y, por tanto, es un planteamiento que merece mi respeto”.

Las palabras de Feijóo van más allá de la asunción de una decisión del tribunal de garantías. No se limita, como ocurre normalmente, a asumir que se ha perdido una batalla jurídica. Supone un cambio de 180 grados en la tradicional posición del PP sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y el dirigente gallego lo ha hecho sin ningún tipo de consulta interna, sin reunir a ningún órgano, muchos menos en el marco de una convención ideológica que ha evitado desde que asumió el cargo, hace poco menos de un año.

Feijóo solo mantiene una discrepancia pública con la ley del aborto: el permiso para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin permiso paterno. El líder del PP compara este derecho con beberse una copa o conducir, y plantea que sea obligatorio informar a los progenitores o tutores de la decisión. En caso de discrepancia, serían los jueces los que tendrían que decidir.

La salida de Gallardón

Desde 1985, que se aprobó la primera ley, la constante en la relación del PP con el aborto ha sido la de sorber y soplar a la vez, en función del momento en el que se encuentre el país, de si están en la oposición o en el Ejecutivo y de si el asunto es abordado en un Gobierno que comparten con Vox. En 2010, con el Gobierno socialista en precario equilibrio por la gestión de una crisis económica que se había llevado el país por delante, el PP recurrió los puntos fundamentales de la ley. Un año después, su programa electoral escondía el tema en el sexto punto de su apartado dedicado a las familias: medidas de apoyo a mujeres embarazadas y la promesa de cambiar la ley del aborto “para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.

Mariano Rajoy consiguió una mayoría absoluta histórica en noviembre de 2011 y el escenario se modificó. Los cambios prometidos tardaron casi un lustro en llegar y no tuvieron nada que ver con lo que el PP había defendido en su recurso hoy rechazado. Fue en 2015 cuando el Gobierno impuso que las menores de 16 y 17 años tuvieran que contar con el consentimiento paterno para abortar. El plazo de 14 semanas que Federico Trillo consideraba un atentado contra la Constitución no se cambió.

La primera legislatura de Rajoy alumbró uno de los mayores choques de su partido con el aborto. En septiembre de 2014, Alberto Ruiz-Gallardón dejaba el puesto de ministro de Justicia que ocupaba desde la aplastante victoria electoral de 2011 y abandonó la política. El motivo: su propuesta para reformar la ley del aborto amenazaba con convertirse en un tsunami social contra el PP y el Gobierno. “No he sido capaz de cumplir un encargo”, dijo al abandonar el ministerio.

Su forma de cumplir el encargo de reformar la ley del aborto se tradujo en una propuesta que prometía lo que preconizaba el recurso que ya llevaba cuatro años durmiendo en los cajones del Constitucional: eliminar el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, entre otros retrocesos que devolvían los derechos reproductivos de las mujeres españolas a la década de los ochenta.

Las cabezas visibles del Gobierno y el partido no defendieron el proyecto y tanto la ley como Gallardón desaparecieron cuando las encuestas, tanto internas como públicas, reflejaban que la futura ley le estaba pasando una gran factura electoral al PP. La reforma que más se parecía al recurso que el propio partido había presentado no podía ver la luz porque su coste electoral entre los votantes más moderados podía perjudicar demasiado al Gobierno de Rajoy.

El “consenso” que nunca existió

La palabra “aborto” desapareció de los programas electorales que el PP presentó a todas las elecciones generales a partir de entonces, sustituido por alusiones a las ayudas a las mujeres embarazadas. “El Partido Popular está firmemente comprometido con la vida”, decía por ejemplo en 2015. Pero ninguna alusión más a modificar la ley en los términos que preconizaban en 2010 y que intentó Gallardón en 2014. En 2019 propusieron crear oficinas municipales para que “ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar”, pero sin mencionar la interrupción del embarazo.

El fracaso del PP a la hora de reformar la ley siguiendo la estela de su propio recurso y el protagonismo fallido de Alberto Ruiz-Gallardón llevan a otra de las frases más repetidas por sus líderes cuando esa reforma todavía parecía algo viable y los altos cargos del partido no huían las preguntas sobre ella: el “consenso” que, decían, existió en torno a la ley de 1985 a la que querían volver.

Ese fue el primer gran fracaso judicial de los conservadores a la hora de combatir los avances en los derechos reproductivos de las mujeres. Un vistazo a las hemerotecas y las sentencias del asunto revelan que ese “consenso” al que aludían, sobre todo Pablo Casado, para maquillar la vuelta a 1985 nunca existió: José María Ruiz-Gallardón, padre de Alberto Ruiz-Gallardón, encabezó un recurso también fallido de Alianza Popular contra la norma que despenalizó el aborto en España por primera vez desde la Segunda República.

España no tuvo un Código Penal propio y moderno hasta 1995. Diez años antes, el gobierno del socialista Felipe González había puesto en marcha una ley que sacaba las condenas de cárcel de la ecuación del aborto en determinados supuestos. Y fue en 1983 cuando José María Ruiz-Gallardón anunció el recurso previo de inconstitucionalidad en una comisión del Congreso: “Nos vamos a oponer hasta el límite a esta despenalización parcial del aborto”, dijo.

En 1985 el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el propio Ruiz-Gallardón en una secuencia de hechos que descarta el “consenso” del que presumió el PP casi tres décadas después. Avaló la despenalización aunque entendió que la norma no protegía lo suficiente al no nacido, por ejemplo, a la hora de comprobar si se cumplen las condiciones para un aborto eugenésico. Pero la despenalización contra la que cargaba Alianza Popular, transformada en el Partido Popular en 1989, fue avalada. Un PP que estuvo en el Gobierno entre 1996 y 2004 con José María Aznar y que tampoco modificó la ley.

La sentencia anunciada esta semana por el Constitucional contra el recurso de 2010 todavía tardará un tiempo en conocerse en todos sus términos. Lo que está claro es que irá más allá que la ponencia de Enrique Arnaldo, que ya de por sí era demoledora contra el recurso del PP. Un último fracaso judicial que evidencia la relación conflictiva con el derecho al aborto de un partido que sigue ligado a los sectores más conservadores del país y que ve cómo la realidad y la sociedad discurren en otra dirección.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por primera vez por el aborto en 1979, cuando todavía era delito. En 1992, según los estudios disponibles en su página web, un 40% de los encuestados creían que había que ampliar la ley y un 27% apostaba por mantenerla frente a un 16% que apostaba por restringirla o suprimirla. Según los datos de Sanidad, la entrada en vigor de la ley de 2010 ha venido acompañada de un descenso paulatino de abortos en España: de los 113.419 registrados en 2012 a los 90.189 de 2021. Los registros muestran que en este lapso de tiempo en España más de 900.000 mujeres han abortado acogiéndose a la ley que el PP recurrió sin éxito y nunca reformó.

Feijóo, golpe de timón

El PP que dirige Feijóo va a repetir estrategias pasadas y a subirse al carro de una ley que hasta hace unos meses, literalmente, despreciaban en la calle en manifestaciones junto a la ultraderecha y organizaciones integristas católicas.

El primer síntoma del cambio de rumbo de Feijóo llegó el pasado mes de enero, cuando el PP cabalgaba la tormenta política provocada por el protocolo antiabortista en Castilla y León anunciado por Vox, y ratificado inicialmente por la Consejería de Sanidad. Entonces, el dirigente gallego ya apuntó que su única discrepancia era el consentimiento paterno para el aborto de las menores.

Pero es que en julio de 2022, el PP secundó una manifestación en Madrid tras la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que limita el derecho al aborto. Entre los asistentes, diputados, senadores y miembros de la dirección de Feijóo, como Antonio Román. O el número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Precisamente uno de los referentes de ese PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo en 2021 que el partido quería volver a la ley de 1985. También cambiante ha sido la posición de Isabel Díaz Ayuso, quien tiene escritos artículos en internet en los que llama “fracaso” a la interrupción voluntaria del embarazo: “no aplaudiría a quien aborta y mucho menos, a quien repite. Me parece de una grave inconsciencia y sucede no pocas veces. Qué drama”.

Pero ahora, la ley del aborto de 2010 está “bien construida” y merece “el respeto” del presidente del PP. El mismo que este fin de semana se subía a un escenario- a reivindicar el PP de entonces con el primer firmante del recurso: Mariano Rajoy.

El jefe no fue el único supuesto moderado que firmó el papel. También Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Álvaro Nadal,... nombres que el PP intenta asociar siempre con una suerte de tecnocracia desideologizada y gestora cuando, al menos en este caso, tuvieron una posición muy determinada.

Entre los firmantes estaban incluso algunos diputados que luego transitaron formalmente hacia la ultraderecha, como Ignacio Gil Lázaro, hoy en Vox. Precisamente el partido escindido del PP en la década pasada quiere atraer al votante más conservador que ha recuperado Feijóo con su llegada a Madrid, y se ha lanzado en tromba contra el dirigente gallego.

La tesis del posible trasvase de votos es de algunos de los firmantes del recurso de 2010, citados por Europa Press y que muestran su “sorpresa y malestar” por las palabras de Feijóo, que no esperaban ese apoyo tan “tajante”, “contundente” y “rotundo” a favor de la ley de plazos. De tanto centrarse, va a perder a sus propios votantes“, advierte un exdiputado del Grupo Popular citado por la referida agencia. Otros aún en activo también lamentan el ”seguidismo“ que va a provocar que se vaya ”mucha gente a Vox“.

Pero el PP es un partido presidencialista, como les gusta presumir a sus cargos. Para lo bueno, y para lo malo. La decisión del cambio de posición la ha tomado Feijóo y, salvo algunos pocos muy significados, la mayoría acatará la nueva doctrina. Al menos hasta las elecciones generales de 2024. Después habrá que ver por dónde sopla el viento.