¿Cuándo decidió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, romper las negociaciones con el Gobierno de coalición para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por qué? ¿Fue antes o después de las palabras de Pedro Sánchez sobre la sedición? ¿O cuando las repitió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero? ¿Antes o después de que la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, dijera que eran dos cosas sin ninguna relación entre ellas? ¿Hubo wasap de Isabel Díaz Ayuso? ¿No? ¿Y de Juan Manuel Moreno? ¿Fueron determinantes?
El inesperado final de las conversaciones para poner fin a casi cuatro años de mandato caducado en el órgano de gobierno de los jueces y, de paso, renovar las cinco plazas pendientes del Tribunal Constitucional, ha dado paso a una serie de explicaciones del PP, a veces contradictorias, que ponen en duda los motivos reales que llevaron al dirigente gallego a dar un giro total al planteamiento con el que había aterrizado en la política nacional el pasado mes de abril: abrir una nueva era en la relación de su partido con el Ejecutivo para ofrecerse como útil a la sociedad y ganar así el supuesto voto moderado que se mueve entre las dos grandes fuerzas políticas.
La versión inicial del PP puso el foco en la respuesta que María Jesús Montero ofreció a ERC en la segunda jornada del debate de totalidad de los Presupuestos Generales de 2023. Era el miércoles 26 de octubre y la ministra, como había hecho Sánchez el viernes anterior, afirmó que el Gobierno estaba comprometido a llevar a las Cortes Generales una propuesta de reforma del Código Penal centrada en el delito de sedición.
Pero la derecha quiso ver diferencias entre lo dicho por Montero y lo expresado días antes por Sánchez. El presidente aseguró, como viene siendo habitual, que dicha reforma se planteará cuando haya “una mayoría parlamentaria” suficiente para aprobarla, lo que apunta a que no hay ahora mismo un acuerdo entre el Gobierno y ERC sobre cómo debería ser la modificación de ese delito para, en palabras del jefe del Ejecutivo, “homologarlo” al resto de Europa.
Esa coletilla no la pronunció Montero en el Congreso, lo que dio pie a una pequeña y breve tormenta política y mediática que resolvió la propia ministra minutos después, aclarando ante los medios que nadie debía interpretar de sus palabras nada diferente a lo dicho el viernes anterior por su jefe.
A la mañana siguiente, el jueves, se filtró a la prensa un mensaje enviado por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con una suerte de ultimátum al Gobierno: o renovar el CGPJ o reformar la sedición. Por la tarde, Sánchez llamó a Feijóo durante su vuelo de regreso a Madrid desde Sudáfrica. El presidente esperaba reunirse con el líder de la oposición ese mismo viernes, o el miércoles 2 de noviembre, para cerrar los últimos flecos de un acuerdo casi hecho. Pero se encontró con la ruptura de quien, hasta hoy, se había vanagloriado de no levantarse nunca de una mesa de negociación.
Pero este mismo miércoles González Pons ha cambiado algunos elementos básicos del relato inicial del PP. Por ejemplo, la importancia de las palabras de María Jesús Montero en la tribuna del Congreso. De hecho, lo descartó expresamente en una entrevista en Telecinco. “No fue la ministra Montero”, dijo. El también eurodiputado intentaba cerrar así una grieta en el discurso elaborado en el edificio del número 13 de la madrileña calle de Génova que alberga la sede nacional del PP. Porque apenas 24 horas antes de las palabras de Montero, el martes por la mañana, la secretaria general, Cuca Gamarra, dijo en Antena 3 que la sedición y el CGPJ que eran “dos cuestiones distintas en las que el PP tiene un papel diferente”.
Pero, entonces, ¿qué puso en guardia al PP? Según Pons, una información de un medio al que no quiso citar. “El lunes, un diario que normalmente publica la versión del Gobierno nos contó que el Gobierno estaba negociando en la habitación de al lado rebajar el delito de sedición. Eso es romper la unidad de los españoles ante la ley”, dijo el vicesecretario del PP en Telecinco. Pero el propio Sánchez ya había planteado 72 horas antes la reforma de la sedición como un objetivo del Gobierno que todavía no tenía calendario. Un compromiso que, en realidad, data del debate de investidura celebrado en enero de 2020, pero que hasta ahora no había hecho imposible el diálogo del PP de Feijóo con el Ejecutivo. Y, en cualquier caso, ¿por qué Gamarra dijo el martes que eran “dos cuestiones distintas en las que el PP tiene un papel diferente”? Y más aún: ¿por qué el propio Feijóo en la misma mañana del jueves anunció que el PP endurecerá el delito de sedición cuando llegue al Gobierno en un discurso en el que ex profeso dejó fuera el CGPJ?
“Decidimos que no podía ser”, se limitó a señalar González Pons, quien apuntó como causa al supuesto riesgo de que Oriol Junqueras se presente a las elecciones generales en 2024 si se reforma el delito de sedición y se reduce su pena de inhabilitación, o a que Carles Puigdemont “ha contado” que un supuesto enviado del PSOE fue a Waterloo (Bélgica) a negociar con él, si bien esto último se ha publicado con posterioridad a la ruptura de las conversaciones.
Además, Pons explicó en su entrevista que había una “diferencia casi insalvable al final de la negociación” sobre el Poder Judicial. “Queríamos que constara que el CGPJ tenía que emitir un dictamen para que jueces y magistrados elijan a sus vocales, y los socialistas no querían que esa frase existiese”, dijo. Es decir, que con sedición o sin ella, existía una “diferencia casi insalvable” en el contenido del acuerdo.
Pero en las semanas previas el propio Pons, y también Feijóo, habían apuntado a una rebaja en esta cuestión. De hecho, en el documento que el PP remitió al Gobierno en julio, y que según ellos mismos ha servido de base para la negociación, ya se renunciaba a esto y se aceptaba “una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección” de los vocales.
Del wasap de Ayuso a las llamadas a jueces del Supremo
Sea como fuere, la realidad es que el PP rompió la negociación con el Gobierno mediante un comunicado remitido a los medios a última hora de la tarde del jueves, 27 de octubre. Y eso que en la llamada telefónica previa Feijóo no se lo había explicitado así a Sánchez, según ha denunciado el Ejecutivo posteriormente.
Al día siguiente, viernes 28, otra filtración a los medios desencadenó una tormenta en la sede de la calle Génova. Según algunas informaciones, Isabel Díaz Ayuso había enviado un mensaje de móvil a primera hora del jueves (antes de las 10.00) para pedirle que rompiera las negociaciones con el Gobierno. Ese día, y en los anteriores, la derecha política y mediática había arremetido contra Feijóo en el tramo final de las conversaciones. Federico Jiménez Losantos, locutor estrella de esRadio, dijo textualmente: “Se le trajo para que no hiciera lo de Casado, y está haciendo lo mismo. A este paso no heredas”.
El ruido era ensordecedor para la derecha, y otros barones se sumaron. Desde Andalucía el portavoz de la Junta aseguró que su presidente, Juan Manuel Moreno, también había influido directamente en la decisión de Feijóo. El matiz entre ambos, según los relatos difundidos, es que Ayuso escribió motu proprio, mientras Moreno respondió a una llamada de su jefe en una ronda de contactos con dirigentes regionales del partido en la que, según Génova, se terminó de perfilar la decisión de romper.
Pero este miércoles Pons negó en Telecinco la existencia de un wasap de Ayuso, aunque en los cinco días previos nadie lo había hecho. El vicesecretario de Feijóo lo tildó de “leyenda informativa que sale de la máquina de bulos de Moncloa” y deslizó que “la instrucción de congelar las negociaciones” se le dio “el miércoles, no el jueves”. “El ultimátum se le dio a las 8.00 del jueves”, es decir, hora y media antes del inexistente mensaje de Ayuso.
Feijóo, eso sí, “hizo una serie de llamadas a personas cuya opinión valora para decirles que iba a tomar la decisión y pulsar su opinión”, concedió Pons. Entre otros, según el dirigente del PP, “habló con Ayuso, con Moreno... y el resto de presidentes de Gobierno del PP”.
En esa ronda también participó el propio Pons, según desveló, con una serie de llamadas a “jueces del Tribunal Supremo” y a “vocales” del actual Poder Judicial en funciones. Un remedo de aquel “controlaremos la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás” que en 2018 echó por tierra el primer intento de desbloquear el CGPJ. Entonces el líder del PP era Pablo Casado. Las justificaciones han cambiado mucho en estos cuatro años, pero el resultado es el mismo: la parálisis institucional.