Siete años han pasado desde que Mariano Rajoy sentenció que el caso Gürtel era “una causa general” contra el Partido Popular, por obra del juez Baltasar Garzón, de un grupo de policías y de una Fiscalía que actuaba contra su formación como no hacía ni con “los delincuentes más importantes”. En la noche del pasado lunes, el presidente del Gobierno en funciones y del PP presentó la cobertura política a una renovada campaña de victimización que durante unas horas parecía otra declaración altisonante de su ministro del Interior.
Por la mañana, Jorge Fernández Díaz había dicho en el programa de Ana Rosa Quintana que no cree “en la espontaneidad, ni en la casualidad”, en referencia a la sucesión de operaciones policiales contra el Partido Popular de las últimas semanas. El caso Gürtel está hoy en fase de juicio oral y los quebraderos de cabeza del PP en la actualidad se llaman ‘Púnica’ o ‘Taula’, dos operaciones cuya investigación está impulsada por fiscales Anticorrupción de Madrid y Valencia y que comparten a la Guardia Civil en funciones de policía judicial.
La principal diferencia entre aquella sucesión de acusaciones en 2009 y 2010 a la policía y los jueces y la puesta en duda de su imparcialidad hoy es que el Partido Popular gobierna y que, en teoría, controla los resortes del Estado de los que se sentía víctima por inducción del Gobierno socialista. ¿Qué ha cambiado para que Mariano Rajoy se subiera el lunes al carro de las sospechas lanzadas por Fernández Díaz, a las que aludió asegurando que tiene de su ministro “la mejor de las opiniones”?
En el ojo del huracán estaba entonces la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En ella trabajaba parte de la “camarilla policial” que, según Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal, anidaba en Canillas, el cuartel general de la Policía. El exministro de Fomento se retractó y aseguró ante el juez que no podía identificar a los policías que integraban esa “camarilla”. El caso pasó al Tribunal Supremo, donde fue archivado.
Dentro de la UDEF, la Brigada Anticorrupción es la encargada de los casos que provoca más repercusión mediática por tener como objetivo a políticos. Durante esta legislatura, el PP ha puesto al frente de la Brigada a un comisario afín a la cúpula policial elegida por el partido de Rajoy. Su nombramiento fue adelantado por eldiario.es y eso provocó que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenara congelar el cambio, a pesar de que José Manuel García Catalán ya había comenzado a trabajar en su nuevo destino. Siete meses después, pasada la tormenta, el ministro del Interior dio luz verde a que regresara a su ubicación.
En el último eslabón de la supuesta estrategia socialista estaba el agente 81.067, quien firmaba la mayoría de los informes incorporados al sumario de Gürtel. A Manuel Morocho y a sus hombres se les coaccionó en el tramo final de la investigación, ya con Fernández Díaz en Interior, mediante interrogatorios de Asuntos Internos en los que se les acusaba de filtrar unos informes cuando ya los tenían un centenar de abogados personados en la causa.
En esta legislatura, la UDEF ha sido utilizada para blanquear los informes sobre presunta corrupción de políticos independentistas, filtrados a algunos medios en coincidencia con puntos álgidos del proceso independentista, que realizaba una unidad secreta alojada en la Dirección Adjunta Operativa y que a estas alturas el propio Ministerio del Interior califica, con normalidad, como “de inteligencia”. Los informes que no eran blanqueados a través de la UDEF nunca llegaban al juzgado. Fernández Díaz llegó a enviar al “psiquiatra” a los políticos de CiU que denunciaron estas prácticas.
El que fuera jefe de la UDEF con el PSOE, el comisario José Luis Olivera, ahora es el policía con más información del Estado, en su cargo de director del CITCO, el centro que ha fusionado los órganos de coordinación en materia antiterrorista y contra el crimen organizado, corrupción incluida. Entre una etapa de su carrera y otra se erige un hecho: el viaje a Barcelona en compañía de un policía de referencia del PP para intentar convencer a los fiscales de que debía registrarse la sede de CDC en plena campaña electoral de finales de 2012.
Aquella supuesta unidad “de inteligencia” con trabajos secretos en Cataluña está detrás de un informe sobre presunta financiación irregular de Podemos, filtrado en plenas negociaciones para formar Gobierno y que, supuestamente, está en manos de la UDEF desde el 9 de noviembre pasado. Los medios que publicaron su contenido aseguraban hace un mes que la UDEF iba a elaborar un informe propio -de nuevo la estrategia de blanqueo de papeles- para entregar a Anticorrupción y que lo haría de inmediato. La Fiscalía especial, después de varias portadas a costa del citado informe, sigue sin recibir nada.
Con un pie en la UDEF y otro en esa unidad de “inteligencia” está el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. La número dos del PP se lo llevó a Castilla-La Mancha y le contrató como director general de Documentación y Análisis, cuando se dedicaba supuestamente a tareas de seguridad. Poco antes de que Cospedal perdiera las elecciones, aterrizó en la UDEF y a los cinco meses fue condecorado con una medalla pensionada, destinada a los policías que han puesto en riesgo su vida. Cospedal había asegurado en 2010 que había “mandos policiales” que trataban de manipular informes.
Detrás de las operaciones que preocupan hoy al PP está la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la que nadie, dentro y fuera del Cuerpo, logra adivinar una intencionalidad política en sus actuaciones. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguran que los indicios para explotar la Operación Taula en Valencia estaban antes de las elecciones del 20 de diciembre. El ministro se queja de que al final se hayan producido cuando está pendiente la formación del Ejecutivo. ¿Por qué no se realizaron antes del 20D? ¿Hubiera preferido esa opción el ministro? Cuando se pregunta sobre posibles presiones políticas en la Guardia Civil se guarda un absoluto silencio.
Los jueces de Gürtel y el PP
¿Y los jueces? Si como se le acusaba desde Génova, el juez Baltasar Garzón hubiera decidido ubicar entre sus objetivos preferentes al PP, la jugada le habría resultado fatal. Primer juez instructor del caso Gürtel, una decisión adoptada en el marco de esa instrucción -grabar conversaciones entre los principales investigados y sus abogados- motivó un proceso penal que acabó con Garzón fuera de la carrera judicial. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez.
La existencia de aforados en la Comunidad de Madrid derivó el caso hacia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y al magistrado, ya fallecido, Antonio Pedreira. Según ha trascendido después, Pedreira mantuvo una línea abierta, en secreto, con el Partido Popular. Para hacer llegar información al partido utilizó a Jorge Trías, un exdiputado de la formación que, resentido con la misma, terminó filtrando a El País los papeles de Bárcenas. En aquellos encuentros le acompañaba Pedro Gómez de la Serna, imputado en la Audiencia Nacional por pertenencia a organización criminal, entre otros delitos, y elegido en las últimas elecciones diputado por Segovia.
Por si no fuera suficiente, la Comunidad de Madrid contrató a un abogado en 2011 para que ayudara a Pedreira, con graves problemas de movilidad, a transcribir documentos bajo secreto. Según desveló El País en marzo de 2015, Rafale N.G había sido contratado en 2007 por el PP para trabajar en la campaña electoral.
El caso Púnica ha acabado con el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la cárcel. Francisco Granados fue detenido en octubre de 2014 en la operación que inauguraba el caso Púnica. A día de hoy, una pieza secreta con las revelaciones del socio de Granados mantiene en vilo al PP madrileño. El juez que instruye la causa, Eloy Velasco, fue director general de Justicia en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP.