El PP estudió la posibilidad de negociar una amnistía para Carles Puigdemont. Fue el pasado verano, durante los contactos con Junts para tantear las opciones de que los independentistas apoyaran la investidura de Alberto Núñez Feijóo. “Después de estudiarlo 24 horas, les dijimos que era imposible”, apuntan fuentes de la dirección del PP a elDiario.es. El rechazo del PP a la medida de gracia que hoy negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts fue, de inicio, técnico.
El partido de Feijóo cree ahora que Junts es un interlocutor válido para algunas cuestiones (como una ley “antiokupación” que se tramita actualmente en el Senado), y podría serlo más si el partido independentista volviera al “constitucionalismo”. Esto es: renunciar a un referéndum y posterior independencia unilateral y asumir las cuentas pendientes con la Justicia. En ese hipotético caso, el partido de Feijóo se abriría a indultar al propio Carles Puigdemont. Siempre que no recaiga sobre él una condena por terrorismo. Una condena que los populares, pese a las declaraciones públicas de las últimas semanas, no creen que se vaya a producir, según admiten en privado fuentes de la dirección.
El propio Feijóo reconoció este sábado durante un acto de campaña en Sarria (Lugo) que Junts “ofreció sus votos” para investir al líder del PP “a cambio de la amnistía”. “Una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos”, añadió. “Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional”, justificó.
Las declaraciones públicas de Feijóo coinciden así con las que fuentes del PP hacen en privado: la amnistía se estudió y, de primeras, se descartó por considerar que no tiene encaje legal. Y se producen solo unas horas después de una carta en la que Puigdemont deslizaba que algún día se conocerían las ofertas del PP a cambio de investir a su líder presidente del Gobierno. El Gobierno, a través de su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, exigió el viernes en Vigo al líder popular que desvelase la negociación que mantuvo con Junts.
Solo un día después, en la misma comida-mitin en Galicia y ante unos 300 militantes, Feijóo aseguró que “la reconciliación es necesaria”, aunque planteó que esta “no debe pasar por la impunidad”. El líder del PP apuntó que renunciar a “declarar la independencia, ejercer un referéndum ilegal y hurtar los principios básicos que rigen el Estado de derecho” son las “condiciones mínimas para la amnistía, los indultos y cualquier cuestión”.
La inclusión de los indultos entre las vías de “reconciliación”, con todos los condicionantes que puso, es otra novedad en el discurso de Feijóo, quien antes de las elecciones del 23 de julio aseguró que no creía que Puigdemont mereciera el indulto y que desde entonces se ha manifestado repetidamente contra las concesiones que el Gobierno negocia con Junts.
Ahora, según fuentes del PP, esos indultos pasarían, en caso hipotético, por un regreso a España de los políticos que salieron del país tras el 1-O, un reconocimiento de la Justicia española, un acatamiento de la hipotética sentencia, un cumplimiento parcial de la condena, una petición expresa de la medida de gracia y, en último término, una renuncia a la unilateralidad y un reconocimiento del marco constitucional. Un viaje que no parece que Junts esté dispuesto a hacer, al menos de momento.
Fuentes oficiales del PP ratifican a elDiario.es que “toda propuesta de reconciliación pasa por el reconocimiento de la ley y la Constitución española, y el sometimiento a los tribunales de Justicia”. Y añaden: “Las causas pendientes en los tribunales deben concluirse con sentencias. También las de las personas que se fugaron de nuestro país para eludir sus responsabilidades. El indulto es un perdón del Estado, la amnistía un perdón que pide el conjunto del país. Sin sometimiento a los tribunales de Justicia no cabe perdón en un Estado de derecho”.
La advertencia de Puigdemont
Las declaraciones de dirigentes del PP, en público y en privado, llegan días después de que Puigdemont lanzara su velada advertencia sobre el supuesto contenido real de las negociaciones entre Junts y el PP para la investidura de Feijóo.
En una carta remitida a los Eurodiputados, después de que la mayoría apoyara investigar la posible injerencia de Rusia en el procés independentista, Puigdemont señala directamente al líder del PP: “Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, todo estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la ‘trama rusa’, todo se sabrá”.
Unas palabras que recuerdan a las que espetó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la tribuna del Congreso. “Algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”, replicó el diputado vasco a los ataques que recibió de Feijóo por apoyar la investidura de Sánchez.
El guante de Puigdemont lo recogió rápidamente el Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, preguntó este viernes: “¿Nos puede usted indicar qué ofreció a Junts en las negociaciones que tuvo durante el verano, y qué les ofreció en concreto respecto a sus causas judiciales?”.
Pese a las palabras de Bolaños, y la textualidad de la carta, en el PP dicen no temer a las amenazas de Puigdemont. Fuentes del partido sostienen que no les preocupa “ni un minuto”.
El PP ha ido reconociendo a cuenta gotas y con el paso de los meses que mantuvo conversaciones con Junts tras las elecciones del 23 de julio. Feijóo quedó lejos de la mayoría necesaria para gobernar, y ni con Vox lograba los 176 votos necesarios para desalojar a Sánchez de la Moncloa.
Hubo contactos discretos e infructuosos con el PNV, y también con los de Puigdemont. El PP ha reconocido “saludos” supuestamente “informales” en el Parlamento Europeo entre uno de los hombres de confianza de Feijóo, Esteban González Pons, y el propio Puigdemont, quien es eurodiputado.
El pasado mes de enero, Pons reconoció que se había encontrado con Puigdemont “muchas veces en Bruselas” y que había hablado con él. “¿Por qué no?”, espetó entonces.
Con el tiempo también se desveló una reunión del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con dos de los principales dirigentes de Junts en Catalunya: el presidente del grupo parlamentario, Alber Batet, y el portavoz, Josep Rius.
Estos contactos se han desvelado poco a poco en los últimos meses. Ya en agosto de 2023 Pons dijo: “Junts es un grupo parlamentario que, al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.
Para entonces, la Presidencia del Congreso ya había caído del lado progresista gracias a que Junts apoyó a Francina Armengol. Pese a esa votación, que dejó a Cuca Gamarra sin el anhelado puesto, el jefe del Estado mandató a Feijóo para intentar la investidura. Y el PP volvió a insistir en incluir a Junts en la ecuación.
En el PP están seguros de que la amnistía, que llegaron a valorar tras aquellas tomas de contacto, es una ley imposible. Las mismas fuentes sostienen que “el Gobierno ha mentido a Puigdemont” al prometerle una norma que, dicen, decaerá antes o después: en el Parlamento, en el Constitucional o en el Tribunal de Justicia de la UE.
En todo caso, en el partido de Feijóo hay dudas sobre la implicación última de Bruselas en la paralización de la ley. En las últimas semanas, dirigentes nacionales y autonómicos que han viajado a las instituciones europeas asumen con resignación que en Europa no existe una gran preocupación por la amnistía.
En la dirección nacional incluso asumen que “quizá ha sido un error” implicar a la Comisión de Venecia (que depende del Consejo de Europa, organismo que no tiene vinculación con la UE). La delegación de expertos que ha visitado España recientemente a petición expresa del PP se centró en detalles “técnicos”, no políticos ni de contenido. Y ahí, apuntan en Génova, hay menos que rascar porque la tramitación, de momento, cumple con los estándares europeos.
Desde la investidura de Sánchez, Feijóo viene repitiendo que él no es presidente porque no ha querido plegarse a las exigencias de Puigdemont. Una afirmación que choca con los números del Congreso y sobre todo con los planes del tercer socio necesario, la extrema derecha de Abascal, que no solo es contraria a cualquier tipo de amnistía al expresidente de Catalunya, sino que defiende ilegalizar a los partidos independentistas.
El partido de Puigdemont nunca ha ocultado que le propuso al PP lo mismo que luego le exigió al PSOE. De hecho, el líder de Junts ofreció una rueda de prensa donde insistió en una norma para garantizar el perdón del Estado tanto para él como para los cientos de catalanes investigados o juzgados por los disturbios producidos tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés.
Pero es la primera vez que en el entorno de Feijóo asumen que, al menos, se lo plantearon. “Efectivamente, analizamos esa petición y otras, como la del uso del catalán en el Congreso”, confirman a elDiario.es fuentes oficiales del PP. “Una vez que Junts dio a conocer sus exigencias de manera pública y privada, el PP asumió que sería imposible satisfacerlas”, añaden las mismas fuentes, que concluyen: “Constatamos y argumentamos de manera sólida en términos jurídicos nuestra negativa a realizar esa ley por ser manifiestamente inconstitucional”.
Feijóo ha sostenido desde que el PSOE y Junts pactaron la ley de amnistía que el problema de la norma no es solo su legalidad o encaje constitucional, sino que es un acto de “corrupción política” porque supone un intercambio espurio a cambio de los votos para la investidura de Sánchez.
La alianza con la derecha catalana
Pero en el PP no solo hablan en pasado de la relación con Junts. El partido de Feijóo suspira por recuperar la añeja alianza con los herederos ideológicos de la extinta CiU. Tal y como defendió el propio líder de la derecha española durante su fallido intento de investidura, las derechas vascas y catalanas tienen ideológicamente más en común con ellos que con la izquierda con la que han fraguado una alianza estratégica desde 2018.
Esta afinidad se dejó ver esta misma semana en el Senado en una votación que pasó desapercibida. La Cámara Alta admitió a trámite una proposición de ley “antiokupación” del PP. La mayoría absoluta de los de Feijóo hubiera sido más que suficiente, pero tanto el PNV como Junts se abstuvieron.
Lo relevante es que el voto de uno de los dos grupos es imprescindible para que la norma salga adelante cuando llegue al Congreso, donde PP y Vox no tienen la mayoría necesaria. Y en la derecha española lo ven posible, e incluso aconsejable políticamente.
Fuentes del PP reconocen ahora estar dispuestos a pactar esta y otras leyes con Junts. “Dentro de la Constitución, todo”, resumen, pese a que sobre los principales dirigentes independentistas penden acusaciones judiciales de terrorismo e incluso de Alta Traición y que la plana mayor del partido se ha manifestado en las calles contra cualquier tipo de acuerdo con ellos.
Pese a la ofensiva mediática y judicial, en el PP tampoco ven claro que se pueda probar la relación entre Puigdemont y las hipotéticas acciones “terroristas” cometidas por Tsunami Democratic o los CDR que analiza el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. E incluso separan las posibles consecuencias penales de las protestas contra la sentencia del Supremo de las bases de Junts: “Los votantes no son terroristas, independientemente de lo que hayan hecho algunos de sus dirigentes”.
Feijóo trata de modular su discurso sobre estos hechos. Si en un reciente mitin-protesta en Madrid apuntó a que eran constitutivos de delitos de terrorismo, y en una entrevista habló de “fascismo”, después matizó en respuesta a Pedro Sánchez que los tipos penales los señalan los jueces.
En la dirección del PP también saben que para recuperar esa relación perdida con la derecha catalana es necesario que se resuelva la situación político-judicial alrededor del proceso independentista de la pasada década.
La advertencia de Puigdemont y las revelaciones sobre las negociaciones entre el PP y Junts llegan en plena campaña de las elecciones gallegas, en las que el partido intenta retener un enclave fundamental, pero donde Feijóo además se juega mucho a nivel político.
El PP se ha volcado con el candidato, Alfonso Rueda, quien confía en retener la mayoría absoluta, siquiera por la mínima, y aguantar el envite del Bloque, con Ana Pontón a la cabeza. La estrategia del tramo final de la campaña pasa por centrarse en el mensaje gallego, tras unos primeros días con fuerte presencia del discurso nacional y en los que Feijóo llegó a decir que el 18 de febrero hay que elegir entre Sánchez o Rueda.
¿Y si algún acontecimiento de ámbito nacional irrumpe en la campaña? Las mismas fuentes concluyen: “Si hay algo, ya lo gestionaremos”.