El PP exprime la reforma de la sedición en un doble pleno que dará el visto bueno a los Presupuestos y a los nuevos impuestos

Se acerca el fin del curso político y al Gobierno le entran las prisas para finiquitar todo el contenido legislativo que le sea posible. El Congreso celebra esta semana un macropleno –de, oficialmente, dos plenos consecutivos– que concluye este jueves en el que, además de dar el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (para lo que normalmente la agenda parlamentaria queda despejada), se aprobarán los impuestos a la banca, las energéticas y las fortunas, así como la ley de cooperación. Todo ello será enviado al Senado. Pero también se votará la admisión a trámite de la derogación del delito de sedición, que el PP intentará exprimir como arma política ante el agujero que, según sus datos internos, la reforma del Código Penal puede producir entre el electorado socialista antes de diluirse el efecto.

La coalición llegó a la tramitación presupuestaria más tranquila que en otras ocasiones al haber allanado el camino con ERC en la mesa de diálogo bilateral ya en el mes de julio, y en la que se comprometió a impulsar reformas legales que apaciguaran al independentismo. La traducción de aquel acuerdo llegó hace unos días en forma de proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar del Código Penal y sustituir el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados con penas más reducidas.

Aún así, el apoyo de los republicanos catalanes es el que más se le ha resistido al Gobierno. Pero tampoco les hacía falta ya que logró atar los Presupuestos con una amalgama de grupos minoritarios, entre los que se encuentran PNV y EH Bildu, varios días antes de la votación. A pesar de que ERC se ha revelado innecesaria para este paso de la tramitación, la negociación ha proseguido y el Gobierno logrará reeditar la amplia mayoría de las cuentas anteriores.

Las diversas votaciones de este jueves se saldarán todas con una victoria para el Gobierno de coalición. Pero la jornada estará lejos de ser tranquila para PSOE y Unidas Podemos. La derecha quiere exprimir las consecuencias políticas de la reforma de la sedición y tapar el éxito que supone que el Ejecutivo apruebe sus terceras cuentas públicas consecutivas y ha azuzado el ruido contra el Gobierno.

En las últimas horas la derecha se ha revuelto por el acuerdo suscrito con EH Bildu, que incluye poner fecha para la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra: el 31 de marzo. A pesar de que fue un compromiso de José María Aznar ya en el año 2000, el PP ha salido al ataque por lo que considera una “reivindicación de los herederos de ETA que va a materializar Pedro Sánchez”, en palabras de su portavoz, Cuca Gamarra, que ha considerado que el acuerdo alcanzado por Aznar son “excusas” del PSOE. 

“Ignominia”, “humillación” o “pago” son algunas de las expresiones usadas por PP, Vox, Ciudadanos o el diputado tránsfuga de UPN Carlos Adanero para referirse a ese acuerdo contra el que cargan bajo el mantra que supone la salida de la Guardia Civil de esa comunidad autónoma, a pesar de que los agentes que actualmente se dedican a labores de tráfico podrán permanecer allí para otras funciones, según ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

“Desarrollar las competencias autonómicas es cumplir con la Constitución. Es lo que hace el Gobierno de España. Entiendo que a la oposición le gustaría que España se rompiera, se hundiera; pero España no se hunde”, ha replicado Sánchez en una rueda de prensa en el marco de una cumbre de España-Rumanía en la que ha recordado que “en circunstancias muy difíciles” España “está creciendo y creando empleo”. “Este es un Gobierno que, por mucho que hablen de la inestabilidad, vamos a aprobar los terceros Presupuestos en tiempo y forma de manera consecutiva”, ha agregado el presidente antes de rematar: “Antes, cuando gobernaban otros, se rescataba bancos; hoy le pedimos a los bancos que echen una mano a los que lo están pasando peor”. 

Votación por “llamamiento”

En el PP no quieren dejar pasar la oportunidad de una reforma que afecta a las bases socialistas en territorios que tienen que someterse a las urnas el próximo mes de mayo. Fuentes de la dirección del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo sostienen que sus datos internos de los últimos días confirman claramente que la derogación de la sedición afecta de lleno al PSOE: el rechazo del electorado socialista roza el 70% cuando se pregunta por el delito de sedición y sube, aunque por debajo del 80%, si se trata de la hipotética reforma del delito de malversación.

Pero en el PP son conscientes de que la bronca política por esta reforma es, como todas, limitada. El hecho de que su tramitación coincida con otras votaciones, además de con la primera semana del Mundial de Qatar y la proximidad del puente de diciembre y las fiestas navideñas, puede enfriar un incendio político para Pedro Sánchez. Pese a los datos sociológicos esgrimidos, en la dirección de Feijóo también temen que, a la vuelta de Reyes, todo haya pasado: “España no se acordará dentro de unos meses”.

Por eso quieren exprimirlo al máximo y lograr el mayor rédito. Génova ha lanzado una ofensiva contra el PSOE 24 horas antes de la admisión a trámite de la reforma del delito de sedición, además de su tramitación por la vía de urgencia. A pesar de que los barones socialistas se revolvieron contra Alberto Núñez Feijóo por su intento de abrir una brecha dentro del partido, vuelve a las andadas al reclamar en las redes sociales casi de manera individualizada a los diputados socialistas que voten en contra. De hecho, el PP va a forzar una votación por llamamiento para que los parlamentarios tengan que decir de viva voz “sí”, “no” o “abstención”. “Volverán a vencer al estado de Derecho”, ha dicho Gamarra en referencia a los dirigentes condenados por el procés. 

En el Gobierno son conscientes del revuelo que causa la reforma de la sedición, pero Sánchez la ha defendido como un “paso más hacia la concordia entre catalanes”. En el Ejecutivo se esfuerzan por recalcar que la situación en Catalunya es ahora mucho mejor que en 2017 gracias a la política de diálogo activada desde que llegaron a Moncloa. Lo que tratan de enfriar en el Ejecutivo son los cambios en el delito de malversación que quiere ERC y que causa recelos dentro del propio PSOE y también en sus aliados.

La votación por llamamiento alargará aún más un Pleno que ya de por sí iba a durar hasta bien entrada la noche. Tras el debate de las enmiendas de los Presupuestos, le tocará el turno a los gravámenes a las entidades financieras, las compañías energéticas y las grandes fortunas. El segundo se suavizó durante la negociación en comisión para atraer a PNV y PDeCAT al aceptar sendas enmiendas transaccionales para que se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el gravamen se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.

Un trámite más para la ley trans

También se enviará al Senado la ley de cooperación, que estipula que se destine el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) “en el horizonte de 2030”. También reconoce la cooperación descentralizada que llevan a cabo comunidades autónomas y entes locales como parte de la “acción Exterior del Estado” y prevé la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible así como la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. A pesar del llamamiento del Gobierno al “consenso” ante lo que el PP también ha denominado una “política de Estado”, el voto del principal partido de la oposición aún es una incógnita. Vox ya ha anunciado su rechazo. 

El último punto del orden del día es la avocación a Pleno de la ley trans. Una vez sorteadas las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos, la intención es que quede aprobada antes de que termine el año. En el debate en el Pleno podrá intervenir la ministra Irene Montero en defensa de la norma.