Illa, El facilitador; Marlaska, El informante; María Jesús Montero, La encubridora; Ángel Víctor Torres, El renacido; Armengol, bajo sospecha de conocer o tapar la trama ‘Koldo’. No son títulos sacados de ningún sumario en marcha, solo una colección de epítetos que una diputada del Partido Popular fue hilando durante su intervención hace unos días en el Congreso. Un pantallazo de la estrategia de la oposición para acusar sin pruebas a todo el Gobierno de corrupción y que tendrá su culmen en las dos comisiones de investigación que se crean esta semana en las dos cámaras parlamentarias.
Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta a finales de febrero. “Usted lo sabía y lo tapó”, le dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control. Su portavoz, Borja Sémper, había avanzado unos días antes que las responsabilidades no terminaban en el exministro y antiguo número dos del PSOE, José Luis Ábalos. La decisión del PSOE de expulsarlo, una semana después del estallido del caso de corrupción por la compra de mascarillas en su ministerio, no iba a terminar con la ofensiva del Partido Popular. Desde entonces, distintos dirigentes, empezando por el propio líder, han ido ampliando la mira contra varios ministros del Gobierno, contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y en las últimas semanas incluso contra la pareja de Sánchez, Begoña Gómez.
Todo ello a pesar de que las investigaciones de la Fiscalía no afectan a ninguno de los ministros contra los que carga el PP. Tampoco a los gobiernos de Baleares, que en la pandemia presidía Armengol, ni de Canarias, que tenía al frente al ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las responsabilidades, según el sumario de la operación Delorne, se circunscriben al entorno de Koldo García, mano derecha de Ábalos en Transportes.
La estrategia de los de Feijóo pasa por inundar el debate en el Congreso con preguntas e iniciativas sobre la supuesta corrupción del Gobierno alrededor del ‘caso Koldo’. El actual ministro de Transportes, Oscar Puente, compareció a finales de marzo ante el pleno del Congreso. ¿El motivo? Para que diera explicaciones sobre el 'caso Koldo'. Una solicitud del PP que la diputada Ester Muñoz aprovechó para detallar lo que en su partido quiere convertir en una trama en la que está implicado medio gobierno.
“Tenemos a Koldo, El Conseguidor, el valiente portero de prostíbulo, el guardián de las esencias más preciadas del señor Sánchez”, comenzaba. “Ábalos, El Proscrito. [...] El que previsiblemente movía las piezas entre los ministerios y los gobiernos autonómicos, el que se reunía en la chalana para cerrar los negocios y también el que recibía a Delcy y sus maletas”. “La Señora, Armengol [...] cuyo gobierno daba a esta trama sellos de calidad para que pudiesen estafar a otras administraciones”. “Torres, El Renacido, [...] hacía contratos de 1.300.000 euros a empresas que se constituían precisamente el mismo día en el que firmaban los contratos”. “El Informante, Marlaska, [...] el ministerio desde el que se dan los chivatazos y desde el que se informa, sabemos por el sumario a los investigados de que están siendo investigados”. “Illa, El Facilitador, [...] que compraba mascarillas a la trama y cuyo jefe de Gabinete se mandaba mensajes con la trama para decirle que el Gobierno de Canarias ya iba a facilitar las compras”.
Un lenguaje, el de esa supuesta “trama”, que usa el propio Feijóo para tratar de involucrar directamente al presidente del Gobierno. “La trama corrupta que ha sido descubierta por los fiscales y los jueces se está convirtiendo en la trama personal del señor Sánchez porque se niega a dar explicaciones”, decía este domingo en una entrevista en el diario El Mundo. El líder de la oposición emplea el término personal porque desde la semana pasada han aumentado la presión contra Sánchez al acusarlo de un supuesto trato de favor por parte del Gobierno a la empresa de su pareja. Feijóo amenazó la semana pasada con una investigación “parlamentaria” y “judicial” sobre Begoña Gómez si Sánchez se negaba a dar explicaciones.
La actitud de Feijóo choca con lo que él mismo alegó cuando otra trama de intermediarios corruptos vendió material al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, el líder del PP desvinculó al alcalde de la capital, Martínez Almeida, de cualquier responsabilidad y se apresuró a presentar al Ayuntamiento como víctima de “algunos pillos”. Fue la manera de referirse a Luis Medina Abascal y Alberto Luceño, que se sentarán en el banquillo por estafa en la venta de material sanitario defectuoso al Gobierno de la capital.
El listado de acusaciones lanzadas por Feijóo y otros dirigentes del PP no aparecen de momento en ningún sumario pero es la base de la estrategia de los populares, que llevarán a las comisiones de investigación que se constituyen esta semana tanto en el Congreso como en el Senado y que empezarán pronto a funcionar. La primera, sobre los contratos de la pandemia, en la que el PSOE quiere que se aborde también la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de la capital. La segunda, que el PP centrará, mediante su mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el ‘caso Koldo’ y todas sus derivadas posibles.
Borja Sémper ya ha avanzado este lunes que llamarán a Armengol para que dé explicaciones por “su vinculación con la trama”. “Que lo cuenten antes de que se lo pregunte un juez”, ha dicho en una rueda de prensa sobre el resto de miembros del Gobierno a los que su partido señala. “Todo se va a acabar sabiendo, vamos a ir conociendo semana tras semana información derivada del sumario”, ha añadido, de nuevo, sin presentar ninguna prueba.
Como previa, el PP ha difundido estos días festivos un vídeo en sus redes sociales, titulado La Trama, en el que se sirven de recortes de prensa de la derecha mediática para volver a señalar a varios ministros, a Armengol, a Salvador Illa, a Begoña Gómez, y finalmente a Sánchez como supuesto cabecilla.
Ningún ministro imputado
Las acusaciones del Partido Popular al Gobierno parten de la operación bautizada como ‘Delorme’, que investiga si varios empresarios se beneficiaron de su relación con Koldo García para obtener contratos públicos millonarios de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Contratos por un valor total de 53 millones de euros procedentes tanto de la administración central como también de las administraciones autonómicas de Canarias y Balears. En el caso de las islas, la Fiscalía Europea ha abierto sus propias pesquisas al verse comprometidos fondos europeos.
Ni el sumario ni los autos más recientes del juez Ismael Moreno hablan, por el momento, en los términos en los que se expresa la campaña política del PP. Las pesquisas en torno a posibles “irregularidades” en la adjudicación o gestión de estos contratos de venta de material sanitario, por el momento, no se han traducido en ninguna imputación no ya de un ministro o presidente autonómico, sino de algún alto cargo de una administración que tuvo tratos con Soluciones de Gestión SL, la empresa principal de la trama.
Por el momento las imputaciones del caso se ciñen a Koldo García y sus socios, tanto en el entorno empresarial de Víctor Aldama, Iñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto. También a aquellos que, según los investigadores de la Unidad Central Operativa y la Fiscalía, ayudaron al exasesor de Ábalos a ocultar supuestas mordidas. Pero por el momento el imputado de más alto rango en la administración pública es Koldo García. El “pase especial” que los empresarios investigados tenían, según sus propias palabras, en el Ministerio de Transportes.
La investigación tampoco acredita de momento esa supuesta trama que según el PP afecta a medio gobierno. Ni Illa ni Ángel Víctor Torres ni tampoco Armengol están en la lista de sospechosos del juez. Ni siquiera Ábalos figura en la nómina de acusados aunque la investigación ha puesto de manifiesto, al menos, que Koldo García usó su puesto como mano derecha del hoy diputado para favorecer a la trama.
En sus testificales ante la Guardia Civil, altos cargos de ADIF o Correos, entre otros, reconocieron haber hablado con Koldo García o incluso con empresarios como Rotaeche, pero negaron cualquier contacto estrecho para manipular estos procesos de contratación. Uno de ellos, entonces secretario general de Puertos del Estado y responsable de la mayor adjudicación a la trama, ha sido cesado por el actual ministro, Óscar Puente.
En su querella, la Fiscalía Anticorrupción no pone bajo sospecha unos procesos de adjudicación que, en esos momentos, se tramitaban de emergencia, sin publicidad y, por tanto, sin los controles previos de cualquier adjudicación normal. “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles”, dice el escrito del Ministerio Público que dio origen al proceso. Contrataciones “vulnerables” a la corrupción, dice la Fiscalía, pero sin que las adjudicaciones millonarias a las empresas de la trama presenten “irregularidades significativas”.
El sumario, todavía bajo investigación y por tanto sujeto a ampliaciones por parte del juez Moreno, tampoco recoge por el momento ninguna alusión a los negocios de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al frente del Africa Center del Instituto de Empresa, una universidad privada, desde 2018.
Medios de comunicación como El Confidencial han publicado informaciones en las últimas semanas sobre la relación de Gómez y el Africa Center con algunos de los protagonistas del sumario aunque por asuntos no relacionados con el caso Koldo: Javier Hidalgo y sus conexiones con Globalia y Air Europa. La tesis del PP es que el Gobierno rescató a la segunda aerolínea del país durante la pandemia por un contrato de patrocinio de Air Europa con el citado instituto donde está la esposa del presidente y que no se llevó a cabo.
Las pesquisas dan buena cuenta de los tratos de Víctor Aldama e Iñigo Rotaeche, dos cabecillas de la trama, con Hidalgo a ambos lados del Atlántico. Las reuniones que, según estos medios, mantuvo Gómez con representantes de Air Europa en 2020, por ejemplo, no están bajo la lupa del instructor y el IE para el que trabaja ha negado haber recibir dinero de Globalia.