El Partido Popular sigue dando muestras de que permanece instalado en la misma ola de revisionismo histórico por la que transita la extrema derecha de Vox, con quien compite por el mismo electorado sobre todo en este momento, por la proximidad del nuevo ciclo electoral que comenzará en mayo, con los comicios autonómicos y municipales.
La formación de Alberto Núñez Feijóo mantiene el compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática, la norma que por primera vez asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado, declara ilegal la dictadura o castiga la apología de la sublevación militar, la guerra o el régimen franquista. Se trata la misma posición que mantuvo Pablo Casado durante su efímera presidencia del partido. Y, entre tanto, sus dirigentes no pierden la oportunidad de dar señales en público de que el partido está abonado a un discurso revisionista ampliamente contestado por los historiadores y que hace una oposición frontal al reconocimiento y reparación de las atrocidades de la dictadura.
El último en evidenciar estas señales ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El martes, durante la inauguración de una polémica estatua de un legionario en la capital –planteada por el Ayuntamiento como un homenaje a la Legión–, el regidor afirmó que “en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión”, pero eso no quiere decir que no se le rinda “tributo de admiración” a través de “reconocimientos” ubicados por toda la ciudad. Y citó, entre otros, “la calle dedicada al fundador de la Legión, el general Millán Astray”.
Este miércoles, el regidor intentó salir al paso de las críticas por esas loas al general golpista, ídolo del franquismo y referente de la dictadura, que el Gobierno estudia por si pudiera vulnerar la Ley de Memoria Democrática. Ante los medios negó haber elogiado a “ningún golpista”, pese a que en 1936 Millán Astray se sumó inmediatamente a la sublevación militar contra la democracia republicana y jugó un papel fundamental en la misma.
Pocos días después de iniciarse la rebelión, el general se instaló en el palacio de Yanduri de Sevilla junto al propio Franco. Y allí comenzó a difundir las grandezas de los golpistas y de su máximo líder. El dictador acabó nombrándole responsable de la Oficina de Prensa y Propaganda que estableció en Salamanca, donde Millán Astray respondió con un “¡viva la muerte!” y “muera la inteligencia” al “venceréis, pero no convenceréis” del escritor y filósofo Miguel de Unamuno.
Lejos de rectificar sus palabras del martes, este miércoles Almeida cargó contra los que se “rasgan las vestiduras” por sus declaraciones mientras “homenajean habitualmente a Francisco Largo Caballero”. Afirmó que el que fuera responsable de UGT y presidente socialista durante la Segunda República “fue condenado por el golpe de Estado de 1934, donde quiso subvertir la legalidad y murieron miles de personas”.
Falta de rigor histórico
La verdad histórica y las decisiones de la Justicia contradicen, sin embargo, las declaraciones de Almeida sobre el que fuera dirigente del PSOE y de UGT. Un análisis suscrito por más de un centenar historiadores de universidades españolas y extranjeras documenta que Largo Caballero fue absuelto por el Tribunal Supremo tras ser imputado por un delito de rebelión militar a raíz de la revolución de 1934 y desmiente que durante su mandato se cometieran “las mayores atrocidades en la zona republicana”. Largo Caballero fue tiroteado en su casa por la Falange y fue prisionero en un campo de concentración alemán entre 1943 y 1945.
Ese informe técnico fue realizado a raíz de la pretensión del Ayuntamiento de eliminar del callejero los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto. La iniciativa partió de Vox y fue respaldada por el PP y Ciudadanos. En septiembre de 2020 el Consistorio, con los votos de las tres derechas, aprobó la retirada y sus nombres desaparecieron de las calles de la capital.
Además de por los historiadores, el relato de Vox, PP y Ciudadanos ha sido desmontado por la Justicia por su falta de rigor. Dos juzgados han acreditado que en las acusaciones contra Largo Caballero y Prieto había más juicios de valor que hechos probados y han obligado al Ayuntamiento a restituir los nombres de ambos en el callejero madrileño. También la placa que el primero tenía en una plaza de la capital.
“Nuestros abuelos se pelearon”
Las declaraciones de Almeida no son las únicas que, en las últimas semanas, han evidenciado el alineamiento del PP y Vox en materia de memoria histórica. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se escudó en la “economía” para no hablar de la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. “La política debe dejar a los muertos en paz”, dijo al ser preguntado por la exhumación del militar franquista, que ejerció una represión brutal en Andalucía documentada por historiadores y expertos.
Una línea similar siguió hace tan solo unos días, cuando obvió que fue un golpe de Estado lo que provocó el inicio de la Guerra Civil e hizo una peculiar descripción del levantamiento militar. “Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron”, afirmó en Argentina, donde se comprometió a impulsar “una ley específica” para la recuperación de la nacionalidad de los descendientes españoles. También criticó la Ley de Memoria Democrática, a la que se refirió como una norma “ideológica que reabre los rencores de la Guerra Civil”.
Su predecesor, Pablo Casado, también dio muestras de hacer seguidismo de Vox en este campo. La influencia de la extrema derecha forzó al ex jefe de la oposición a equiparar el franquismo y la Segunda República, así como a avalar la negación del golpe de Estado de 1936 verbalizada por un exministro de Adolfo Suárez en un acto del partido.
Casado, antes, y Feijóo, actualmente, se han comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática. Una decisión que ni siquiera se planteó el partido en el pasado reciente, cuando Mariano Rajoy gobernaba el país con mayoría absoluta. El PP paralizó la financiación de la búsqueda de las fosas comunes del Franquismo, pero no llegó a abolir la norma que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007.
Vulneración de la Ley de Memoria
Entre tanto, la loa de Almeida a Millán Astray, uno de los generales golpistas que acompañaron a Franco, ha soliviantado a los colectivos memorialistas, que piden contundencia al Gobierno. Este miércoles, el Ejecutivo informó de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está estudiando la alusión de Almeida a Millán Astray por si puede vulnerar la Ley de Memoria Democrática.
En su artículo 38, esta norma considera actos contrarios a la memoria democrática los que “entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. Esos actos pueden ser constitutivos de una infracción muy grave, multada con entre 10.001 a 150.000 euros.
Sus referencias a la calle de Millán-Astray no fueron una cita inocente, pues la denominación ha estado en el centro de la batalla política en los últimos años. En 2018, el Gobierno municipal de Ahora Madrid cambió el nombre de la calle General Millán-Astray por el de Maestra Justa Freire, docente de la República y una de las pedagogas más innovadoras de las primeras décadas del siglo XX, en virtud de la Ley de Memoria de 2007. Esa decisión fue recurrida por diferentes entidades vinculadas al general golpista y a la Legión, de la que fue fundador.
Dos jueces de primera instancia se pronunciaron en sentidos opuestos: uno a favor de la decisión del Consistorio y otro en contra. Y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó devolver la calle al general. Los jueces argumentaron que el militar no participó directamente en el golpe y que tampoco se puede demostrar que interviniera en acciones bélicas durante la Guerra Civil ni en la represión ejercida durante la dictadura.
El militar no estaba en España cuando se produjo la sublevación contra la democracia republicana en julio de 1936, pero tuvo un papel fundamental en la propaganda franquista. Poco después del golpe se instaló en el palacio de Yanduri de Sevilla junto a Franco, desde donde difundió las grandezas de los golpistas y de su líder. El dictador le nombró responsable de la Oficina de Prensa y Propaganda que estableció en Salamanca. Uno de sus grandes logros fue crear Radio Nacional de España como principal herramienta de propaganda de la media España que ya controlaban sus tropas.
Es por ello que juristas como el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín consideran que las palabras de Almeida vulneran la Ley de Memoria Democrática. Martín Pallín afirma que aunque la Legión sea ahora un cuerpo que está “dentro de una sociedad democrática” la referencia a Millán Astray se vincula a la Legión que participó en el golpe. Y recuerda, en este sentido, que la Legión —a diferencia de otras divisiones— fue un cuerpo “íntegramente golpista”.
Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria histórica, afirma que “en términos sociales, puede haber cierta apología al haber ensalzado a un protagonista del franquismo”. Sin embargo, cree que una hipotética sanción administrativa “seguramente no prosperaría” en la vía judicial precisamente por la citada sentencia del tribunal autonómico madrileño que subrayó que el general no participó directamente en el levantamiento militar ni en acciones bélicas durante la contienda.
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), su presidente, Emilio Silva, cuestiona las “lagunas” de la Ley de Memoria Democrática que, a su juicio, debería haber incluido una lista con los personajes a los que “no se les puede homenajear de ninguna forma” por su pasado franquista. Se evitaría así “el amplio margen de interpretación” de la actual regulación.
“Es importante tener en cuenta el contexto y quién lo dice. No es lo mismo que lo hagan dos personas en la barra de un bar que un responsable público en un acto. El argumento del alcalde de Madrid de que Millán Astray tenía una calle antes de la Guerra Civil es un insulto a la inteligencia. Nadie aceptaría una calle del joven Adolf Hitler y de un terrorista por hechos anteriores a su uso de la violencia”. sostiene Silva, que reclama la actuación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
“Las víctimas de la dictadura son agredidas por estos hechos y merecen la protección del Estado democrático, como señalan los informes de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y el del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición”, sentencia.