El Partido Popular ha rechazado en la Comisión de Justicia del Senado una moción por la que se insta al Gobierno a colaborar con Argentina en la investigación de las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
La iniciativa, que ha contado con tres votos a favor, 16 en contra y la abstención del PSOE, ha sido defendida por el senador del Grupo Mixto Enrique Iglesias, que ha considerado “doloroso” que las víctimas del franquismo se vean abocadas a recurrir a los tribunales extranjeros porque los juzgados y poderes públicos españoles no les conceden amparo.
“Resulta sarcástico que se pretenda aplicar la doctrina de la justicia universal en defensa de víctimas de otros dictadores y que nuestro país rechace ahora su aplicación”, ha declarado Iglesias, que ha advertido de que mientras España no ofrezca una “respuesta similar” a “todas” las víctimas seguirá teniendo “una democracia incompleta”.
El PSOE se ha abstenido en la votación de esta moción, tras haber rechazado el grupo proponente su enmienda de sustitución emplazando al Ejecutivo a crear una Comisión de la Verdad con expertos independientes y a recuperar las partidas presupuestarias y la Oficina de Víctimas contempladas en la Ley de Memoria Histórica.
APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU
El PP, por boca de María Rosa Haro, se ha opuesto a la iniciativa del Grupo Mixto al no compartir que el Estado español deje impunes los crímenes del franquismo y estar en “profundo desacuerdo” con la crítica que la moción dirige a la acción de los órganos judiciales españoles. “Esperemos que el espíritu de consenso y de diálogo de la Ley de Amnistía siga vigente”, ha añadido.
La moción del Grupo Mixto pedía al Ejecutivo que adoptara medidas para colaborar en los procedimientos penales abiertos en los tribunales extranjeros sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en España y que aplicara de forma “inmediata” las recomendaciones de la ONU para investigar las desapariciones, sin ampararse en la Ley de Amnistía.
El PNV y CiU han expresado su “tristeza y estupor” por la incapacidad de alcanzar un acuerdo común en este asunto. “Entendemos que los hijos y los nietos tienen derecho a una memoria y a conocer qué ha pasado a sus familiares y progenitores y donde están en estos momentos”, han dicho.