El PP bloquea en la Eurocámara con Vox y Cs el debate sobre violaciones de derechos en Hungría mientras cuestiona el Estado de Derecho en España

Si una queja viene firmada por un ex diputado autonómico del PP y versa sobre “los abusos” del Estado de alarma en España; desliza que el Gobierno está ocultando cifras muertos en interés propio y cuestiona el confinamiento, tiene vía libre en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por Dolors Montserrat (PP) gracias a los votos de populares, liberales y los ultraconservadores de ECR –grupo con partidos de extrema derecha como Vox–.

Ahora bien, si la queja es para debatir sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Hungría, donde Viktor Orbán cerró el Parlamento durante la crisis de la pandemia, populares, liberales y extrema derecha niegan su voto.

Y sí han apoyado los debates sobre otras tres peticiones: las personas sin hogar en la UE, sobre esterilizadores en lugares públicos y sobre Schengen y el covid-19. Esta última es la que no han apoyado socialistas, verdes y GUE –sólo se podía votar tres de cuatro–.

Esto es lo que ha pasado este miércoles con la decisión de los coordinadores de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo: PPE, ECR (Vox) y Renew (Ciudadanos) no han apoyado la iniciativa para debatir sobre Hungría –respaldada por S&D, Verdes e Izquierda Unitaria–. En Ciudadanos explican: “Lo que hemos pedido es posponerlo, en Renew está Momentum, un partido muy crítico con Orbán. Nosotros estamos comprometidos con el asunto de Hungría”.

En el PP defienden que “las decisiones se toman democráticamente en las reuniones de coordinadores, que son los que votan y aprueban estas decisiones”.

“Renew no ha bloqueado discutir ninguna petición sobre sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Hungría. El pasado 4 de junio, Renew votó a favor de incluir esta misma petición en la agenda de la Comisión de Peticiones del 16 de junio. Sin embargo, otras peticiones urgentes relacionadas con el covid-19 desplazaron la oportunidad de debatirla en el Parlamento Europeo”, explican fuentes del grupo, que reconocen que en la votación de este martes optaron por otras peticiones, no por la relacionada con la violación de derechos en Hungría: “El pasado 23 de junio los coordinadores de los grupos políticos (entre los que no se encuentra ningún diputado de Ciudadanos) decidieron qué peticiones se tratarían en la próxima reunión de comisión de este mes. En esta ocasión, los coordinadores otorgaron prioridad a otras tres peticiones urgentes relacionadas con la pandemia para esta sesión, pero ello no implica que no se pueda discutir la petición sobre restricciones de derechos fundamentales en Hungría en las próximas sesiones. De hecho, de cara a la sesión de septiembre, Renew apoyará de nuevo su inclusión en el orden del día”.

Para la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Sira Rego, y miembro de la comisión de Peticiones, “cada vez está más clara la estrategia de desgaste al Ejecutivo que está liderando el PP en Bruselas”. Y añade: “Resulta curioso que la semana pasada el PP mandara a un dirigente suyo a comparar la supuesta vulneración de derechos en España con lo que pasa en Polonia y Hungría, pero ahora que tenemos la oportunidad de evaluar las medidas adoptadas por Orban, ya no les interesa”.

“Cada vez es más evidente que la presidenta de la comisión está usando su papel institucional para poner el semáforo rojo a las peticiones que no le interesan y el verde a las que le interesan”, se lamentaba la eurodiputada socialista Cristina Maestre, miembro de la comisión de Peticiones, tras el debate de la semana pasada.

“Aunque solo hubiera sido por una cuestión procedimental, ya que la petición húngara fue la primera en registrarse – el 3 de abril-, tenía sentido incluirla en el orden del día y darle prioridad sobre las otras. Peor no ha sido así porque solo les interesan los derechos fundamentales cuando les sirven de herramienta para erosionar al Gobierno de coalición en España”, añade Rego.

Y esto ocurre en la Eurocámara después de que el PP haya enviado un informe a la Comisión Europea, titulado, Evaluación de las medidas aplicadas en España durante el Estado de alarma, en el que cuestiona el Estado de Derecho en España para atacar al Gobierno: “Este documento expresa una preocupación fundada en el caso específico de la acción del Gobierno español. La persistencia de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable, el ejercicio del llamado 'mando único' a través de reglas administrativas de bajo rango que, sin embargo, también suponen una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos, así como el deterioro de la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático son algunos de los aspectos que se analizan a continuación”.

Ya la semana pasada, la comisión de Peticiones de la Eurocámara, debatió y mantuvo abierta, con los votos de populares, liberales y extrema derecha, la petición del ex diputado autonómico catalán del PP Sergio Santamaría Santiagosa, que criticaba la “regresión en el ejercicio de los derechos fundamentales en España” por el estado de alarma; “las limitaciones en la libertad de movimientos por el estricto confinamiento de sus ciudadanos en sus casas” y “una serie de decisiones que afectan a la transparencia y el buen gobierno”.

En su discurso, Santamaría Santiagosa, como hizo también la portavoz de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, y la de Vox, Magali Aguilar, cuestionó la cifra de fallecidos oficial, si bien culparon de ella al Gobierno y no a las comunidades autónomas, que son las que las facilitan.