El giro “social” que ensaya el PP está atado al discurso de Feijóo sobre la okupación, una de las principales obsesiones del partido de Alberto Núñez Feijóo, a la que ahora han sumado un concepto nuevo, la “inquiokupación”, para definir a aquellas personas que dejan de pagar a sus caseros. Con todo, los populares han colado en su paquete de medidas sobre vivienda una para limitar la protección contra los desahucios que contempla la ley: que el umbral para considerar a una familia en situación de vulnerabilidad pase de 1.800 euros mensuales a 1.050.
Este miércoles el PP presentó algunas de las principales medidas que piensa introducir en una futura proposición de ley sobre vivienda. Se trata de la segunda norma que anuncia la formación tras su cambio de estrategia para presentar a Feijóo como un dirigente político más moderado, preocupado por los asuntos sociales. Entre las políticas que prevé esa iniciativa está el fin del tope de los precios a los alquileres o rebajas fiscales a los propietarios para incentivarlos a que pongan sus pisos en el mercado del alquiler.
Pero mientras los precios de los alquileres se disparan en todas las ciudades de España, gran parte de las medidas anunciadas dentro de ese plan van destinadas al supuesto problema de la okupación. “En España hay 80.000 viviendas ocupadas y no es una cifra menor, por mucho que el Gobierno quiera minimizarla”, dijo este miércoles la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en la rueda de prensa para presentar el contenido de la iniciativa.
Ese cálculo proviene de un estudio de la fundación privada Institut Cerdá que habla también de un descenso de esas okupaciones en un 10%. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 16.765 los hechos conocidos de allanamiento y usurpación de inmuebles, sobre un parque total de 20,9 millones de viviendas, un 0,06% del total. La diputada del PP también dio otro dato para el que no aportó fuentes: “Pero lo que es más grave es que cada año se producen en España 25.000 'inquiokupación'. Es un problema que ya los expertos advierten de que se está convirtiendo en crónico”.
Para evitar este último fenómeno, el PP va a incluir en su proposición de ley, que presentarán en las próximas semanas en el Congreso, una limitación de la protección de las familias vulnerables contra los desahucios, algo que Martín defendió en la rueda de prensa como una medida para mejorar el “acceso” de los jóvenes a la vivienda de alquiler.
La medida se centra en desmontar uno de los puntos de la ley de vivienda que aprobó el Congreso durante la legislatura pasada, salida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Esa norma incluyó mecanismos de mediación y arbitraje para proteger a las familias vulnerables que no pueden afrontar el alquiler, con el fin de evitar que sean desahuciadas. En concreto, la ley busca, a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables, sin que se limiten ni eliminen los derechos de los propietarios. De esta forma, se respondería a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda.
La ley considera que una familia se puede acoger a este derecho de mediación cuando el importe de alquiler y de los suministros supere el 30% de los ingresos totales y siempre y cuando el nivel de ingresos no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), hoy situado en los 600 euros. Es decir, siempre que el conjunto de los ingresos de todos los miembros de la familia no supere los 1.800 euros al mes.
Ese límite se incrementa en función del número de hijos a cargos, para los casos en los que se trata de una familia monoparental o con hijos en situación de dependencia o con discapacidad.
Y este es el barómetro que el PP quiere tocar para evitar que muchos propietarios dejen de alquilar sus viviendas “por miedo a la inquiokupación”. El nuevo límite, según la ley que presentará próximamente el partido conservador, quedará ubicado en 1,5 veces el IPREM. Esto es, para que una familia pudiera acogerse a esa mediación, el conjunto de los ingresos de toda la unidad no podrían superar los 1.050 euros. Basta con que una pareja tenga un miembro sin empleo y otro cobrando el salario mínimo para que quede fuera de esta protección.
“Desde el Partido Popular afrontamos este problema en el que nos ha metido el Gobierno. Somos un partido responsable, totalmente comprometido con los más vulnerables, con los que de verdad lo son, y vamos a protegerlos con todas nuestras fuerzas”, reivindicó Martín esta medida que trató de mezclar con los supuestos requisitos que se piden a los jóvenes para alquilar, que no establece la ley sino el mercado y que suelen ser muy superiores.
Este punto de la ley ya fue sujeto de críticas por estos mismos motivos durante su tramitación en el Congreso, cuando la derecha consideraba que el texto dejaba a España como un paraíso para la okupación. Ya entonces, los sindicatos de inquilinos criticaban esta misma medida por ser precisamente insuficiente en su protección a los inquilinos.
Según las últimas estadísticas del CGPJ, las medidas que se tomaron tras la pandemia para impedir los desahucios de personas vulnerables redujeron los lanzamientos. Aún así, en 2023 por ejemplo, casi 20.000 familias se quedaron en la calle por un incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras 5.260 por no poder pagar la hipoteca.
La protección de la ley de vivienda, además, ni siquiera afecta a todos los arrendamientos, solo a los considerados como grandes tenedores, esto es, los que posean más de diez viviendas. Para esos casos la norma contempla un mecanismo para que cuando haya personas vulnerables, la administración tenga conocimiento e intente que no avance el desahucio.
El órgano mediador será la comunidad autónoma donde esté el inmueble, para que intente alcanzar un acuerdo entre las partes y, si no es posible, que la administración aporte una solución habitacional a la persona o familia vulnerable antes de la interposición de la demanda. Las comunidades autónomas disponen de fondos aportados por el Estado a través del Plan Estatal de Vivienda y destinados específicamente para cubrir ese tipo de situaciones.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya fue en su momento muy crítica con una medida que consideraba un “maquillaje”. “El marco conceptual de la ley pasa por posponerlos, suspenderlos mientras los servicios sociales buscan alternativa. Y eso es una trampa. Sabemos que no siempre se da traslado a los servicios sociales, que, por otro lado, están colapsados. Además, no hay alternativa, porque no hay casas”, explicaba Laura Barrio a elDiario.es el año pasado, cuando se negociaba la ley entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.
El PP trató de justificar este miércoles que ese cambio en los criterios debía ir acompañado de mayor protección para las familias vulnerables, para que no recaiga sobre “los propietarios sino que sea responsabilidad de los servicios sociales”. No obstante, y a falta de conocer más detalles de los aportados por Martín, esa protección pasa por incorporar “a las administraciones autonómicas y locales en materia de vivienda y asistencia social para que presenten propuesta alternativa de vivienda digna en alquiler”, algo que ya contempla el redactado actual de la ley.