La comisión de investigación que se constituyó en las Cortes de Castilla y León para clarificar las responsabilidades políticas en la trama eólica está paralizada desde hace nueve meses.
Se trata de dirimir las circunstancias en que ex altos cargos de la Junta se repartieron 110 millones de euros en comisiones de las compañías eléctricas tras aliarse con ellas en sociedades para conseguir las autorizaciones para los parques y el PP bloquea cualquier avance.
El objetivo es salvar al presidente, Juan Vicente Herrera, de una comparecencia a la que él mismo llegó a ofrecerse, desafiante, en un pleno de las Cortes el pasado mes de febrero. La portavoz del PSOE recriminaba al responsable del Ejecutivo la falta de claridad en el caso y su no comparecencia. “Ni la Junta ni el presidente se han negado a comparecer en una comisión de investigación pero en este caso no ha sido solicitada, han sido ustedes muy torpes y pretenden utilizar un subterfugio para manchar la honra”, respondió Herrera.
La reacción de la oposición (PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos) fue inmediata: solicitó esa comparecencia. Desde entonces el PP ha realizado un sólo movimiento en el tablero: intentar que la petición se retire.
La situación para el Partido Popular, que preside la comisión y por lo tanto decide sobre quienes deben dar explicaciones y quienes no, es complicada. No quiere que Herrera se exponga ante la oposición para explicar qué pasaba en la Consejería de Economía.
La comisión no sólo se ocupa de la trama eólica, también del 'caso Perla Negra-Polígono de Portillo'. Hay 26 empresarios y ex altos cargos investigados por los sobrecostes millonarios de un edificio de Economía que además fue 'amueblado' por Unifica, el estudio de arquitectura que reformó en negro la sede del PP en Madrid, y a quien se pagó 4,2 millones de euros sin concurso alguno. Los sobrecostes se investigan también en la compra de unos terrenos para un polígono. La Junta pagó el triple.
En ambos asuntos los sospechosos son los antiguos responsables de Economía y una serie de empresarios afines. A la cabeza está Tomás Villanueva, que no ha sido citado en ninguna de las dos causas pero sí señalado por quien fue su mano derecha, el exviceconsejero Rafael Delgado, y que está investigado. Según los escritos que ha hecho llegar al juzgado, Delgado, que mediante la figura administrativa de la avocación, se capacitó para adjudicar todos los parques eólicos de la Comunidad y firmó los pagos a Unifica, tal y como desveló este diario, todo lo que hizo fue cumplir órdenes de Villanueva.
Herrera tendría que explicar qué ocurrió exactamente cuando el que, en el momento de los hechos, era vicesecretario de la Agencia de Inversiones y Servicios, hoy delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, se reunió con él para advertirle que el precio de alquiler del edificio conocido como Perla Negra era desorbitado.
Aunque la Junta acabó optando por la compra, no se ha explicado por qué en un principio se había apostado por una renta “disparatada” y por qué la Intervención General del Estado ha detectado que las facturas se pagaron dos veces. O lo que es lo mismo: iba a resultar muy caro con el alquiler y resultó muy caro en su compra. La Fiscalía apunta varios delitos que van desde la malversación hasta la falsedad documental.
No sólo eso. El presidente de Castilla y León también debería que afrontar preguntas sobre la carta que recibió de un empresario de parques eólicos y que desveló eldiario.es.
En la misiva, el afectado comunicaba a Herrera, entre otras cosas, que se estaba produciendo un “abuso de poder” en la autorización de parques. Herrera se vio obligado a convocar una rueda de prensa tras las dos informaciones, pero sorteó la mayoría de las preguntas alegando desconocer detalles. En una comisión de investigación, esquivar las interpelaciones sería algo más complicado.
La negativa del PP es, más que una postura, una imposición. Preside esa comisión porque el reglamento establece que si se produce un empate para votar qué partido está al frente, directamente pasa al grupo con más parlamentarios.
Hace unos días se sustituyó al presidente porque ha pasado a ser procurador. Todos los grupos de la oposición propusieron al socialista José Francisco Martín, pero el reglamento es el que es: la presidencia sigue en manos del PP. El portavoz popular en la comisión, Raúl de la Hoz, justificó el retraso en el señalamiento de comparecencias aduciendo que la mayoría de los citados no han declarado aún en sede judicial.
De 145 comparecencias solicitadas por la oposición, el PP sólo ha dado el sí a 43. Que se materialicen o no, es otra cuestión. Mientras tanto, Podemos y Ciudadanos se plantean si tiene sentido que formen parte de lo que consideran “un paripé”, y el PSOE lamenta que se esté “dejando morir” un instrumento democrático para la asunción de responsabilidades políticas.