FCS Select Products SL, la empresa barcelonesa que pagó una comisión de dos millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por contratos de mascarillas estuvo bajo la lupa de la formación que dirige la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular la incluyó en la denuncia que presentó en la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 por presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 de la Administración General del Estado y el sector público institucional.
La Fiscalía analizó cuatro contratos que FCS había suscrito con el Ministerio de Sanidad y descartó irregularidades, aunque sí detectó indicios de delito en contratos suscritos por otra empresa y que han derivado en el 'caso Koldo' que investiga la Audiencia Nacional. Esta fue una de las denuncias anunciadas por Ayuso en respuesta a la apertura de una investigación sobre las comisiones que cobró su hermano de otro contrato público de compra de material sanitario. Y esa causa que fue archivada.
La denuncia del PP de Madrid la firmó su secretario general, Alfonso Serrano, quien puso en duda la elección de la empresa por parte del Gobierno. “Ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas”, dice. “Por lo tanto”, prosigue, “no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador preferente de mascarillas”.
Pero FCS fue una empresa que no vendió solo a la administración pública, sino también a otras compañías privadas. Y en algunos de esos contratos intermedió Alberto González Amador, que fue contratado a cambio de lograr clientes. El escrito sigue: “El importe de la cifra de negocio de FCS fue de menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la COVID-19”. Esta empresa suministró a Sanidad más de 500 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas de protección.
El PP de Ayuso también incide en que la administradora de la empresa “fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada”. “Tales precedentes son relevantes, ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño”. Y concluye el escrito que, a pesar de todo, la empresa resultó adjudicataria de una serie de contratos.
“¿Cómo había logrado, en tan breve espacio de tiempo, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministros de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?”, se pregunta la denuncia del PP, que apunta a una supuesta relación de amistad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
1,97 millones de euros de comisión
El informe de la Agencia Tributaria que ha derivado en la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador recoge que FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros como comisión por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por valor de 42 millones en dos momentos críticos de la pandemia: los meses de mayo y agosto de 2020. La comisión pactada entre las partes era del 4,5% del volumen de ventas que la pareja de Ayuso lograra para FCS.
Mape es otra empresa que también surtió de material a administraciones públicas españolas. Entre sus clientes está la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años. Además, el procedimiento para sellar la venta de mascarillas y guantes entre una empresa catalana y una gallega precisó, según la documentación aportada a la Agencia Tributaria, de un viaje a Nueva York de González Amador dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, y de la actuación de varios intermediarios.
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