El Partido Popular ha iniciado este miércoles una ofensiva contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan cobrar los 7.200 millones de euros a los que no pueden acceder por la ausencia de un ejecutivo constituido. Un informe de la Abogacía del Estado, que ha adelantado El País este miércoles, ve ilegal desbloquear los fondos, pero desde los ejecutivos regionales gobernados por el PP piden que la ministra en de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, convoque el Consejo de Política Fiscal y financiara para sortear los impedimentos legales, a la vez que la acusan de poner “excusas”.
El primero en hacerlo ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a través de su cuenta de twitter. Pero Bonilla no se ha quedado solo en reclamar los 1.300 millones que, dice, pertenecen a Andalucía. El presidente andaluz ha acusado a la ministra en funciones de poner “excusas” para no pagar los fondos.
Detrás de Bonilla han ido otros presidentes autonómicos del PP reclamando lo mismo: la reunión del consejo de Política Fiscal y financiera mientras niegan los impedimentos legales que detalla el informe de la Abogacía. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de ellos, que ha reclamado “explicaciones y soluciones sobre la financiación autonómica”. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a la petición. Todos desde su cuenta en Twitter.
Otros dirigentes del PP han ido más allá acusando al Gobierno de Sánchez de hacer alusión a un “informe fake”, como ha hecho el senador del PP Rafael Hernando también en su cuenta de Twitter. “Un presidente decente habría fulminado a la Ministra tramposa”, ha dicho Hernando.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y “sortear” el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías.
Sobre la petición del PP de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar este asunto, Montero ha reprochado a los populares que pidan a un Gobierno en funciones convocar este foro para abordar la financiación autonómica cuando “el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho”.
Se trata de 4.700 millones en concepto de entregas a cuenta que, según el sistema de financiación autonómica, deberían llegar a las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Deben sumarse otros 2.500 millones, correspondientes a su participación en el IVA, que quedan pendientes del mes de diciembre de 2017. La ausencia de unos presupuestos y ahora de un gobierno impide que los fondos lleguen a las administraciones.
El motivo que impide que estas cantidades lleguen a las autonomías es el bloqueo político. Un gobierno en funciones, como el de Pedro Sánchez, solo puede aprobar según la Constitución asuntos de trámite, y entre ellos no se encuentra liberar una partida de 4.700 millones de euros, insiste el Ejecutivo. Por su parte, los 2.500 millones del IVA solo podrían ser transferidos a partir de su inclusión en unos eventuales nuevos Presupuestos Generales del Estado (de momento siguen vigentes, prorrogados, los que diseñó el PP en 2018).
El informe de la Abogacía, un documento de 13 páginas cuyo contenido avanza El País este miércoles, confirma la tesis de Montero de que, en ausencia de un Gobierno constituido, el Ejecutivo en funciones no puede desbloquear los 7.200 millones.
El informe de la Abogacía ha sido enviado al Gobierno este martes, en el mismo día en que la Generalitat de Catalunya aprobaba iniciar la vía judicial para reclamar al Ejecutivo central el pago de 1.317 millones correspondientes a esos fondos, y después de que el PP pidiera la dimisión de Montero tras reconocer el Ejecutivo que todavía no había recibido ese documento de la Abogacía.