El PP se empeña en sostener al presidente de Murcia mientras la oposición presiona por la situación de la Fiscalía
Tanto el Gobierno como la dirección del PP mantiene una férrea defensa que se basa en que a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, no se le llegará a abrir juicio oral y que su imputación por el caso Auditorio quedará en nada una vez declare el próximo 6 de marzo. Igual hicieron la semana anterior, cuando la Fiscalía General ordenó no seguir adelante con la investigación contra él por el caso Púnica y la polémica apuntó directamente al ministro de Justicia por transmitirle información privilegiada.
La promesa que hizo el propio Sánchez de dimitir en caso de resultar imputado por el caso Auditorio no parece que vaya a cumplirse. Aunque según explicó después la portavoz de su Gobierno, Noelia Arroyo, ella no considera que los indicios de delitos que se le atribuyen supongan corrupción.
El argumentario al que los conservadores se aferran tanto en Murcia como en la calle Génova o en La Moncloa es que, en todo caso, se trataría de una imputación “administrativa”. Lo que en otras palabras el PP define como “haber metido la pata, pero no la mano”, como defendió Fernando Martínez-Maillo.
La ofensiva contra el presidente autonómico ha sorprendido a un PP recién salido de un congreso nacional que sirvió para reforzar el liderazgo de Rajoy y para poner al día el proyecto político de su partido. Sólo dos días después, la imagen del cónclave más repetida en los medios de comunicación era la de Rafael Catalá pidiendo a sus colaboradores “a ver si me encontráis a Pedro Antonio” y cruzando el recinto una vez lo localizó por teléfono.
El PP, de escándalo en escándalo
Ese encuentro, buscado por el titular de Justicia, se convirtió en la explicación más plausible para que Sánchez pudiera desvelar información privilegiada en una entrevista posterior, en la que contó cuántos fiscales eran partidarios de no seguir actuaciones contra él. A ello se ha sumado el relevo de fiscales ordenado por el nuevo fiscal general, José Manuel Maza y la denuncia del exfiscal superior de Murcia de las presiones recibidas en su trabajo.
En su respuesta a esta confesión, el ministro se ha limitado a señalar que Manuel López Bernal “debería haberla puesto en conocimiento de la Fiscalía para ser tutelado en sus derechos”, algo que el exfiscal asegura haber hecho ya, además de haber presentado denuncias en comisaría y comunicado a la Delegación del Gobierno.
La sospecha de falta de independencia y presiones sobre la Fiscalía acorrala al PP en el Congreso. La oposición en bloque reclama explicaciones al Gobierno y también lo hará con el fiscal general del Estado, que acudirá al Parlamento el próximo miércoles para rendir cuentas por la actuación del Ministerio Público en el caso que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Los grupos parlamentarios reprocharán a José Manuel Maza los relevos en fiscalías clave –entre ellos la del jefe de la murciana, encargada de esa investigación– y también reclaman que los ministros de Justicia e Interior comparezcan para dar explicaciones sobre las supuestas coacciones ejercidas sobre el apartado Manuel López Bernal.
El PSOE ha solicitado la comparecencia urgente tanto de Catalá como de Zoido para que rindan cuentas de las “actuaciones” que han llevado a cabo sus departamentos a raíz de las denuncias de intimidaciones del fiscal jefe de Murcia relevado de su puesto este miércoles. Los socialistas quieren, además, escuchar los argumentos del fiscal general, José Manuel Maza, sobre lo que consideran a priori “una purga” en fiscalías clave.
El miércoles comparece el fiscal general
Los cambios afectan a la Fiscalía en Murcia, pero también a Anticorrupción, donde Maza ha colocado al frente a Manuel Moix, cómodo para el PP. Esas explicaciones se las pedirán el miércoles en el Congreso, donde Maza está citado por las presiones para no imputar al presidente murciano en la Púnica. Si las justificaciones no les parecen convincentes, el PSOE pedirá su dimisión. Los socialistas quieren que también acuda al Congreso el fiscal destituido, López Bernal, para que hable de las intimidaciones que ha sufrido y que ha enunciado en la SER.
Lo mismo han solicitado Unidos Podemos y Compromís. Quieren que Maza y Catalá expliquen si ha habido “injerencias” en la labor de los fiscales y que Zoido detalle si se tomó alguna medida cuando el fiscal de Murcia y sus compañeros denunciaron asaltos a sus domicilios. Además, reclaman que la comparecencia del ministro de Justicia se eleve al Pleno del Congreso.
Ciudadanos también pide que Catalá y Maza acudan al Parlamento e investigar “qué está pasando en la Fiscalía”. Los de Albert Rivera acordaron con el PP en su pacto de investidura una regulación para que el fiscal general del Estado pueda ser reprobado por el Congreso, pero la medida no ha avanzado.
El partido de Rivera, que permitió a Pedro Antonio Sánchez mantener el poder en Murcia tras las elecciones de 2015, espera que el PP proponga un nuevo nombre para el acuerdo en una reunión que mantendrán la semana que viene. A partir de ahí, decidirán si toman nuevas decisiones. La posibilidad de presentar una moción de censura en Murcia está sobre la mesa.
