El Partido Popular sigue enrocado en el bloqueo a la renovación de órganos clave como el Tribunal Constitucional, que aguarda desde noviembre de 2019 la sustitución de cuatro de sus miembros. Este tribunal interino y escorado a la derecha —la actual correlación de fuerzas es de siete a cuatro a favor de los magistrados del sector conservador— tiene por delante la resolución de asuntos de gran calado jurídico como la prórroga del estado de alarma, la nueva ley educativa o la eutanasia. Y también pretende reactivar este otoño el debate de otros temas especialmente sensibles que llevan años en un cajón como la prisión permanente revisable o el aborto, que el tribunal sopesa abordar por las presiones de exdiputados del PP y la entidad ultracatólica Abogados Cristianos.
Los componentes del tribunal de garantías que tienen su mandato caducado son los que fueron designados en 2012 por el Congreso, donde su elección requiere una mayoría reforzada de tres quintos: 210 de los 350 diputados. La suma de los votos del partido de Pablo Casado y la extrema derecha de Vox permitiría vetar cualquier hipotético acuerdo al que llegaran el resto de partidos del arco parlamentario. Ambas formaciones suman 141 escaños, suficientes para constituir una minoría de bloqueo.
Los miembros salientes son el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y el magistrado Andrés Ollero. Está vacante asimismo la plaza que dejó en octubre de 2020 Fernando Valdés, también elegido por el Congreso, tras ser procesado por malos tratos. González Rivas y Ollero están encuadrados en el sector conservador y Roca y Valdés en el progresista, aunque algunos fallos recientes como el que declaró ilegal el primer estado de alarma de la pandemia han dinamitado la tradicional dinámica de bloques.
El mandato de los magistrados del Constitucional es de nueve años y, según la ley, el tribunal debería renovarse por terceras partes cada tres años, aunque es un plazo que no siempre se cumple. Los siguientes en ver caducado su mandato, en el verano de 2022, serán los magistrados nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el conservador Santiago Martínez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol Ríos— y los que en su día designó el Gobierno de Mariano Rajoy: Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez, ambos encuadrados en el sector conservador. Está por ver si en esa fecha el CGPJ, cuya renovación también está bloqueando el PP, ya ha sido renovado y puede hacer nuevos nombramientos. Quien con seguridad no renunciará a hacerlos será el Gobierno.
Prórroga de la alarma
Así las cosas, salvo un cambio de estrategia en el PP, será un tribunal parcialmente interino el que aborde en los próximos meses asuntos de gran calado jurídico y repercusión política, algunos presentados precisamente por los populares. Para después del verano está prevista la resolución del recurso contra el estado de alarma que estuvo en vigor hasta el pasado mayo. La previsión es que el ponente, Antonio Narváez, lleve al pleno de septiembre su proyecto de sentencia, que deberá determinar si la prórroga de seis meses que aprobó el Congreso es constitucional. En la resolución sobre el estado de alarma que decretó el confinamiento de la población, el tribunal ya advirtió de que este mecanismo de excepción debe estar sometido a una “constante fiscalización y control”, lo que se ha interpretado como un aviso a navegantes de lo que pueda venir con la resolución de este segundo recurso, también planteado por Vox.
Entre los asuntos pendientes también están los recursos que PP y Vox presentaron contra la nueva ley educativa, la llamada ‘ley Celáa’, que ambas formaciones impugnaron al entender que no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país. Serán ponentes los magistrados conservadores Antonio Narváez, encargado de analizar el recurso interpuesto por el PP; y Ricardo Enríquez, quien asumirá el recurso de Vox.
Encarnación Roca, alineada supuestamente en el bloque progresista, realizará el proyecto de sentencia del recurso también presentado por el partido de extrema derecha contra la ley de eutanasia, la norma que regula el derecho una muerte digna para quienes sufren “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecta a la autonomía y que genera un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”. En su recurso, la formación de Santiago Abascal pide que el tribunal de garantías declare la “radical inconstitucionalidad” de la ley por atentar contra el derecho a la vida. La impugnación fue admitida a trámite, aunque Vox fracasó en su intento de suspender su entrada en vigor. Esta norma también ha sido recurrida por el PP, aunque el tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la admisión de su recurso.
Ambos partidos libran desde hace meses una batalla para ver quién consigue tumbar desde el tribunal de garantías más proyectos del Gobierno de coalición. Esta misma semana Vox presumía en un tuit de de la veintena de recursos que ha presentado “contra el Gobierno liberticida” y “las taifas autonómicas”, si bien algunos de ellos todavía no han sido admitidos a trámite. El fallo sobre el estado de alarma fue la primera gran victoria de la extrema derecha ante ese organismo que lleva tiempo sin fallar a favor de recursos del PP contra políticas progresistas, como la paridad de las listas electorales o la ampliación de los plazos de las instrucciones judiciales, o incluso en su batalla judicial contra el independentismo. Avaló, por ejemplo, la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas pese a los recursos de PP y Ciudadanos.
Aborto y prisión permanente revisable
El Constitucional también pretende reactivar en próximas fechas el debate sobre asuntos que llevan años esperando en un cajón. Tras más de una década, el tribunal sopesa decidir sobre la ley que en 2010 convirtió el aborto en un derecho de las mujeres. Esa norma, que liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, fue recurrida por 71 diputados del PP en junio de 2010 al considerar que existía un “evidente perjuicio irreparable” por la “eliminación de vidas humanas”. El tribunal admitió a trámite el recurso el 30 de junio de ese año. E incluso acordó dar “carácter prioritario” a su tramitación y resolución, pero lleva congelado once años.
Hasta ahora, en el Constitucional se consideraba que ese recurso estaba “caducado”, pues el PP tuvo la oportunidad de cambiar la ley durante los cuatro años que gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 y no lo hizo. Sin embargo, dos movimientos de una parte del sector más ultraconservador de la derecha han llevado al tribunal a planear ahora el abordaje de esa deliberación, según adelantó El País. Esos movimientos son, por un lado, la denuncia por el “retraso injustificado en dictar sentencia” que una veintena de exdiputados del PP que en su día presentaron el recurso han formulado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y, por otro, la querella que la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos ha presentado en el Supremo contra el ponente Andrés Ollero, al que acusan “de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso”.
El problema de fondo por el que no se ha debatido este recurso se centra precisamente en el bloqueo de la renovación del tribunal, según adelantó elDiario.es. Las fuentes jurídicas consultadas defienden que a Ollero —con un mandato caducado desde 2019— le genera un problema de conciencia afrontar una ponencia de desestimación. Por eso, se ha dilatado la decisión con el objetivo de asumir el recurso con un nuevo ponente, ante la posibilidad de que hubiese acuerdo para sustituir a los jueces con un mandato ya expirado. No obstante, Ollero aseguró a El País que tiene “preparados los trabajos necesarios” para llevar al pleno la ponencia sobre la ley del aborto en cuanto sea necesario.
Otro de los asuntos que el tribunal pretende reactivar en otoño es el de la prisión permanente revisable, una especie de cadena perpetua implantada durante el mandato de Mariano Rajoy para crímenes muy concretos, según adelantó infoLibre. En vigor desde 2015, fue recurrida en su día por toda la oposición, incluidos los partidos que ahora están en el Gobierno: PSOE y Unidas Podemos. En 2018, cuando todavía gobernaban en solitario, los socialistas renunciaron a derogar esta norma hasta que hubiera un pronunciamiento del Constitucional a pesar de que en el programa electoral con el que concurrieron a las generales de 2016 se habían comprometido a acabar con ella “de forma inmediata”. Esta propuesta ya no se incluyó entre las promesas electorales del PSOE en los comicios de 2019. Tampoco está en el acuerdo de Gobierno de coalición que PSOE y Unidas Podemos suscribieron en diciembre de ese año.
Este es otro de los recursos que ha vivido un cambio de ponente. En un primer momento, la propuesta de redactar el proyecto de sentencia recayó sobre el magistrado Fernando Valdés. Pero tras su renuncia en octubre de 2020 tras ser procesado por malos tratos, la realización de la ponencia se le encargó a Encarnación Roca, precisamente otra de las magistradas que tiene su mandato caducado desde hace más de año y medio.