El sector duro del PP respalda la prohibición de propuestas electorales independentistas
El sector más duro del Partido Popular está lanzando globos sonda sobre la posibilidad de poner cotos o incluso ilegalizar las propuestas electorales de los partidos independentistas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, han coincidido en proponer en distintas ocasiones “limitar proyectos rupturistas y ruinosos para la nación y para las comunidades autónomas en España”.
Tanto el Gobierno como la dirección Partido Popular se han desmarcado de esta línea. Por este motivo, Casado como Albiol retrasaron a la futura reforma de la Constitución, a la que se han comprometido con el PSOE, la posible inclusión de una prohibición de determinados postulados independentistas en los programas electorales de los partidos políticos.
La idea de ilegalización ha sido más que una declaración de un dirigente o un rumor que corría por los pasillos del Parlamento. Un diputado del PSC en el Congreso apuntó que esperaba que no hubiera mucho tiempo hasta la convocatoria de elecciones en Catalunya para que no se impusieran las tesis sobre la prohibición de determinados partidos.
García Albiol comentó este lunes que “no era muy presentable y no parece que ocurra en otro país que alguien se presente para destruir tu propio país. Me parece insólito. Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no parece admisible”.
Pablo Casado volvió este martes a plantear la posibilidad aludiendo que los textos constitucionales de países como Alemania, Francia y Portugal no permiten que formaciones políticas vayan contra la unidad territorial o la soberanía nacional, según informa Europa Press. Así el vicesecretario de Comunicación del PP enumeró el artículo 21.2 de la constitución de Alemania, el artículo 10.2 de la constitución de Portugal y el artículo 4 de la Carta Magna francesa.
Varios dirigentes del PP recuerdan que, aunque fue en otro momento y en circunstancias mucho más duras, también se ilegalizó a Herri Batasuna sin que supusiera un problema democrático.
La Ley de Partidos, aprobada en la época de José María Aznar como presidente, tiene un texto lo suficientemente genérico para incluir varios supuestos que supongan la disolución o suspensión judicial de un partido político. El artículo 10 punto C recoge que “cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”.
Una lectura amplia de los sucesos en Catalunya podrían servir para solicitar la ilegalización de partidos independentistas. El artículo 11 de la misma Ley apunta que “están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político” tanto el Gobierno como el Ministerio Fiscal y también que “el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político”.
La Ley electoral también recoge en su artículo 49 punto 5 b que “estarán también legitimados para la interposición del recurso los que lo estén para solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, teniendo derecho de acceso a la documentación que obre en poder de las Juntas Electorales”. García Albiol apuntó que se debería modificar la ley electoral una vez que se va a “replantear actualizar lo que haga falta de la Constitución”.
Ya sea a través de la Ley electoral o mediante una reforma de la Cosntitución, el ala más dura y aznarista del PP busca prohibir partidos con planteamientos independentistas en España.
