El PP emplea el manual de propaganda de los republicanos de EEUU para atacar al impuesto de sucesiones

Los muertos están de enhorabuena. Entre todas las preocupaciones que les acosan en el ataúd, hay una de la que pueden olvidarse. Carlos Mazón lo ha comunicado orgulloso esta semana. Ya no tendrán que pagar impuestos en la región que preside: “Fin al impuesto a la muerte. Se ha acabado para siempre el impuesto de sucesiones y el impuesto a la muerte en la Comunitat Valenciana”. Al igual que antes hicieron Madrid y otras comunidades gobernadas por el PP y hará muy pronto Aragón, Mazón elimina en la práctica ese impuesto con una bonificación del 99%, con lo que los herederos obtendrán unos ingresos libres de cargas fiscales a diferencia de los perceptores de las rentas de trabajo o capital.

El concepto de “impuesto a la muerte” es bastante extraño. No se grava fiscalmente la muerte de nadie, sino la transmisión de unos activos a los descendientes, que obviamente no han fallecido. Pero no se trata de una extravagancia lingüística, sino de una treta política que algunos dirigentes del PP han copiado del Partido Republicano de Estados Unidos. Allí los conservadores llegaron a la conclusión de que necesitaban un término nuevo para ocultar que se trata básicamente de un impuesto que sólo pagan los más ricos.

En la autonomía valenciana, la reforma favorece a unos 24.000 contribuyentes de rentas altas que suponen el 1% del total. La previsión de recaudación para 2023 por este impuesto era de 392 millones de euros.

Mazón afirmó que así se acaba con “la doble imposición”. Ningún contribuyente paga dos veces ese impuesto, ni el fallecido ni el heredero. Son las personas físicas o jurídicas las que pagan impuestos, no los activos.

Republicanos y demócratas son muy conscientes de que la forma de nombrar una ley o un impuesto tiene una poderosa influencia en la opinión de los votantes. Si se refieren a una iniciativa promovida por el otro partido, un término que cause rechazo no tiene precio. Con las medidas propias, la clave es encontrar un buen eufemismo o prescindir de una palabra polémica.

Los republicanos descubrieron hace décadas que ser más creativos con el nombre del impuesto de sucesiones que pretendían eliminar les concedería más apoyo en la opinión pública. El término en inglés (estate tax) resultaba bastante neutro. Comenzaron a llamarle “death tax” (impuesto a la muerte). Su primer uso conocido procedía del presidente de una asociación de empresarios en 1996.

Los conservadores no tardaron mucho en adoptarlo a través de los congresistas republicanos dirigidos por Newt Gingrich, que se habían hecho con el control de ambas cámaras legislativas en las elecciones de 1994. Uno de sus objetivos era una reducción fiscal generalizada.

El consultor republicano Frank Luntz, con una experiencia de varias décadas en el asesoramiento de campañas electorales, hizo el trabajo de campo necesario en 2006 para convencer a sus correligionarios. Les contó que en los 'focus groups' que dirigió el 68% de la gente se oponía al impuesto de sucesiones si se le denominaba como “estate tax”. El porcentaje saltaba al 78% si se les preguntaba por el “death tax”.

La sociedad norteamericana, que no cuenta con un sistema público que garantice la sanidad universal y gratuita, es muy escéptica con los impuestos. Un 60% afirma que sus impuestos federales son muy altos, la cifra más alta de los últimos veinte años, según la última encuesta de Gallup.

En España, los números son diferentes. Un 37,7% de los españoles dice que paga muchos impuestos, según la encuesta del CIS conocida esta semana.

La invención del 'impuesto a la muerte' es uno de los ejemplos de una lista elaborada por Luntz con “las catorce palabras que nunca debes usar”. Es mejor decir 'Washington' que 'Gobierno', porque la gente suele tener una buena opinión de su Gobierno local y de los servicios que presta.

La palabra 'privatización' está desaconsejada para hablar de pensiones. Sólo un tercio de los votantes está a favor, porque, según explica Luntz, 'privatización' lleva a relacionarlo con el ánimo de lucro para bancos y otras entidades financieras y por tanto a que haya ganadores y perdedores. Si se habla de 'personalización', el rechazo se convierte en apoyo para dos terceras partes del electorado.

Tampoco recomienda hablar de “reforma fiscal” –muchos contribuyentes temían que acabarían pagando más– y prefiere emplear 'simplificación fiscal“. Los estudios habían llegado a la conclusión de que simplificar despertaba menos reticencias.

Con el impuesto de sucesiones, la prioridad para los republicanos consistía en definirlo como algo esencialmente injusto con la intención de que los ciudadanos no se fijaran en los beneficiarios de su eliminación. Son una minoría muy privilegiada. Hasta la presidencia de Trump, existía un mínimo exento para los primeros 5,49 millones de dólares.

Donald Trump prometió eliminarlo en la campaña electoral que le llevó al poder. Finalmente, el Congreso aprobó en 2017 su propuesta de doblar el mínimo exento, que pasó a estar en 11,7 millones, con ventajas similares para las donaciones en vida. La cantidad crece cada año y ahora se encuentra en 12,9 millones (23 millones si se trata de una pareja).

A pesar de que sólo beneficia al 0,2% de la población, los republicanos continúan insistiendo en su eliminación total y en abril presentaron un proyecto de ley en ese sentido.

El impuesto de sucesiones es una de las herramientas disponibles para actuar contra la desigualdad económica, en concreto para impedir que se perpetúe durante generaciones. La OCDE ha recordado que los impuestos a las herencias “pueden reducir la concentración de la riqueza y mejorar la igualdad de oportunidades”.

Franklin Roosevelt dijo en 1935 que “el poder económico heredado es tan incoherente con los ideales de esta generación como lo fue el poder político heredado para los ideales de la generación que estableció nuestro Gobierno”, refiriéndose a la lucha por la independencia contra la monarquía británica. Casi noventa años después, la derecha prefiere mencionar la muerte con el fin de defender que las herencias de los ricos sean la única transacción económica que no debe ser gravada con impuestos.