“Modificaremos la ley de vivienda, eliminaremos las zonas tensionadas y el intervencionismo y lo sustituiremos por acciones que promuevan el incremento de la oferta de viviendas”. Es una de las principales recetas que ha el Partido Popular para solucionar el problema de la vivienda en España, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la sociedad. La declaración de zonas tensionadas que contempla la norma aprobada por el Congreso en la pasada legislatura permite a comunidades y ayuntamientos establecer limites de precios al alquiler pero ninguno de los once gobiernos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo ha usado este instrumento.
El PP tiene previsto registrar en las próximas semanas una proposición de ley sobre vivienda, siguiendo su nueva estrategia para dar un supuesto giro social a sus políticas. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha trasladado algunas de las medidas que incluirá este paquete. Además de la modificación de la actual regulación estatal, para eliminar esos topes, el paquete contempla mejorar la protección a los caseros frente a la “okupación y la inquiokupación” y aumentar la oferta de vivienda en alquiler mediante incentivos fiscales a los propietarios.
“El problema de la vivienda se ha convertido en el principal problema y el culpable es Pedro Sánchez, que ha sido incapaz de sacar adelante la ley del suelo, ha dado todos los pasos posibles en la dirección equivocada de intervención del mercado que hace disminuir la oferta e intervenir los precios [...] y ha blindado a los inquiokupas y a los okupas”, ha diagnosticado la dirigente del PP.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya anunció este martes las líneas maestras de estas nueva proposición que prepara su partido: bajada de impuestos, liberalizar suelo y “eliminar burocracia” para construir hasta 200.000 viviendas al año. Hoy Martín ha dado algunos detalles más y ha incluido dos elementos nuevos. La citada eliminación de los topes al alquiler y la protección especial de los propietarios frente a la okupación a través de una ley que el PP aprobó en el Senado y cuya tramitación está pendiente en el Congreso. La diputada del PP ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, de tener esa proposición “secuestrada en el cajón antidemocráticamente”.
Acabar con el “intervencionismo”
El PP ya había criticado anteriormente los topes a los precios del alquiler que contempla la Ley por el Derecho a la Vivienda, que pactaron primero dentro del Gobierno el PSOE y Unidas Podemos y que aprobó finalmente el Congreso en mayo del año pasado. Pero este miércoles se ha comprometido a incluir dentro de su nueva propuesta una reversión de esa medida que califican de “intervencionista” y a la que atribuyen una reducción de la oferta inmobiliaria en un 15%. También atribuye el PP a la puesta en marcha de esta ley el aumento de los precios en un 13% en el último ejercicio.
Pero lo cierto es que aunque la ley aprobada tiene carácter estatal, las competencias sobre vivienda están derivadas a las comunidades autónomas y ayuntamientos; el texto lo que posibilita es que sean esos gobiernos regionales y locales quienes pongan en marcha medidas como los topes al alquiler para tratar de contener los precios. Apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley, el PP se hizo con la mayoría de esos gobiernos -tiene en su poder once autonomías- y en ninguno de ellos se están aplicando los topes que permite la regulación.
El único gobierno que sí está aplicando la ley es Catalunya. La Generalitat ha declarado zonas tensionadas en 271 municipios, incluido Barcelona y las principales ciudades metropolitanas, aunque todavía no hay datos oficiales sobre la variación de los precios en los últimos meses.
Aumentar la oferta
El PP sostiene que uno de los grandes problemas es la caída en la oferta de vivienda en alquiler y por eso ha prometido ayudas a los caseros para revertir esa supuesta tendencia. Entre esos incentivos, el PP ofrece “protección” a los propietarios con su ley antiocupción pero también con incentivos “fiscalmente” a los propietarios de pisos. “Ayudaremos fiscalmente a quien quiera alquilar su propiedad”, ha dicho.
Entre esas ayudas fiscales, Gamarra avanzó ayer que incluirán “la exención del impuesto de donaciones” dentro de la familias “de todas aquellas cantidades que vayan destinadas a la adquisición de vivienda”. Este miércoles, Martín ha dado más detalles sobre este punto. Será una bonificación del 100% del impuesto de donaciones “a los familiares más directos”. “Normalmente va a ser a los hijos, a los jóvenes, para la compra de una vivienda o para independizarse con el alquiler de una vivienda. Y entendemos que muchas veces no resulta oportuno que se haga tributar por esa donación”, ha defendido.
A pesar de que el PP señala los problemas de oferta, los sindicatos de inquilinos apuntan desde la implementación de la ley a otro asunto, los alquileres de temporada, un subterfugio que, denuncian, están usando los caseros para sortear el control de precios que impone la norma y que ya en su momento avisaron de que podía convertirse en un auténtico agujero. Según los datos recabados por este diario, casi uno de cada tres pisos en alquiler está bajo esta modalidad actualmente. Precisamente el PP votó hace unas semanas en contra de tramitar una ley en el Congreso para regular este punto.
Proteger a los propietarios
“¿Qué ha pasado? Que muchos propietarios ya no alquilan sus viviendas por miedo a la inseguridad que supone la inquiokupación”, sostiene Martín para responder al supuesto problema de la oferta de vivienda en alquiler. “En España hay 80.000 viviendas ocupadas y no es una cifra menor, por mucho que el Gobierno quiera minimizarla. Equivale a que ciudades como Toledo, Ceuta, Cáceres o Guadalajara estuvieran completamente ocupadas”, ha denunciado la diputada del PP.
A este asunto, añaden uno similar, el de los inquilinos que, denuncian, dejan de pagar mensualemente el alquiler. “Cada año se producen en España 25.000 inquiokupaciones”, ha dicho sin citar ninguna fuente. Según Funcas, el problema de la vivienda en España se debe a la especulación.
El PP quiere incluir por tanto en su ley algunas medidas que vayan destinadas a proteger a las personas en situación de “vulnerabilidad”. “Van a tener una protección estable en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con intervención de las administraciones autonómicas y locales en materia de vivienda y asistencia social para que presenten propuesta alternativa de vivienda digna en alquiler social y medidas de atención inmediata. Posibles ayudas económicas y subvenciones que pueda recibir la persona que ha dejado de pagar esas rentas en nuestro plan”, ha defendido.
Para contribuir a esa supuesta protección, el PP plantea modificar otro aspecto importante de la ley de vivienda, los límites salariales que impiden la ejecución de un desahucio. Martín ha defendido esta medida como una forma de mejorar el acceso a un alquiler, aunque lo que pretenden es bajar el umbral por el que una unidad familiar se considera vulnerable de los 1.800 euros de ingresos, como figura ahora, a los 1.050, por debajo incluso del salario mínimo interprofesional.
Construir vivienda protegida
El partido de Feijóo critica que Pedro Sánchez no haya cumplido sus compromisos en materia de construcción de vivienda pública y proponen activar la construcción de vivienda “protegida”. “La producción de vivienda protegida en España está en mínimos. 8.646 viviendas en 2023, un 10% menos que en 2022 y un 18% menos que en 202. El gobierno ha estrangulado el mercado inmobiliario”, ha denunciado la diputada en la rueda de prensa de este miércoles. No obstante, a la hora de aterrizar una propuesta, no ha ido más allá de una simple declaración de intenciones: “Promoveremos la construcción de vivienda libre y protegida”.