“Fue un error. Pero vamos a ver si ahora lo corregimos”. El ‘lamento’ es de la diputada Carmela Silva, responsable de políticas de emigración del PSOE, que, como gallega, sabe que un puñado de votos de los españoles que viven en el extranjero puede ser decisivo para dar a un partido incluso la mayoría absoluta en unas elecciones.
Ese arrepentimiento al que se refiere Silva es la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que casi al final de la anterior legislatura propició el Gobierno socialista para privar del voto en las municipales a los residentes en el extranjero e implantar el ‘voto rogado’ –es decir, solicitado previamente– en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), como paso previo a poder participar en un proceso electoral.
Dos años después de introducir esos cambios, con los que se pretendía mejorar un sistema siempre envuelto en sospechas y aportarle mayores garantías de “transparencia”, sus propios impulsores han visto alarmados cómo la participación de nuestros emigrantes en las elecciones autonómicas y generales celebradas durante ese intervalo ha caído en picado.
Según los datos comparativos que han llevado a cabo los socialistas, “de las elecciones autonómicas de 2007 con las celebradas en 2011 (ya con el ‘voto rogado’) se observa que el porcentaje de votos recibidos en las Juntas Electorales Provinciales (JEP) representa sobre el total del Censo del CERA el 3,69%. Del total de electores CERA, solicitó el voto el 8,23%. La diferencia entre las solicitudes aceptadas y los votos que llegaron a las Juntas provinciales es del 44,85%”.
En ese estudio interno del PSOE, consta asimismo que la participación que alcanzó las generales de 2011 descendió notablemente en comparación con la que se registró en 2008, antes de la reforma de la ley. “Frente al 31,88% de los votos que sobre el total llegaron a las Juntas Electorales Provinciales en 2008, el porcentaje de votos en 2011 representó el 4,95% del total del CERA. La diferencia entre las solicitudes aceptadas y los votos que efectivamente llegaron a las Juntas fue del 53,14%. Es decir, un porcentaje altísimo de votos no se materializó, el 46,86% de los votos”.
Un ejemplo significativo es lo ocurrido en las recientes elecciones andaluzas de marzo de 2012, en las que hubo un preocupante descenso de la participación del colectivo emigrante, que no llegó a alcanzar ni el 5% frente al 30% de otras convocatorias.
El último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualizado en enero de este año, cifra en 1.609.989 el número de emigrantes inscritos en el CERA. Solo en Argentina residen 349.868; en Francia, 178.327; y en Venezuela, 150.559.
La importancia del voto emigrante no es baladí. Y precisamente por eso, siempre ha estado rodeado de polémica y, en varias ocasiones, bajo sospechas de ‘pucherazo’ con censos 'adulterados' donde han llegado a votar hasta los muertos. Los gallegos, sobre todo, y los asturianos saben mucho de eso.
En las elecciones autonómicas celebradas en Galicia en 2005, los votos de los emigrantes quitaron a Fraga –que siempre había cuidado a este colectivo con especial ‘mimo’– la posibilidad de conseguir el escaño número 38 en Pontevedra, que le hubiera dado de nuevo la mayoría absoluta necesaria para poder continuar como presidente de la Xunta. Los populares pusieron en entredicho el resultado y amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional después de que la Junta Electoral considerara no válidos los votos de emigrantes depositados en unas sacas en Barajas sin fecha de origen ni emisión. Pero no hubo tutía, y finalmente Fraga se quedó sin el escaño, lo que abrió la puerta a un gobierno entre el PSdG y el BNG.
También en las últimas elecciones asturianas, convocadas por Álvarez Cascos cuando no llevaba ni un año gobernando la Junta, se desató la polémica. Hasta tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para resolver el conflicto abierto por el voto emigrante entre el PSOE y Foro Asturias, que lo reclamaba. En su denuncia ante los tribunales, el partido de Cascos hablaba de “votos manifiestamente falsificados”. Pero, al final, el escaño en liza fue asignado al PSOE, que logró recuperar el Principado gracias al apoyo de IU y UPyD.
Tras constatar ese descenso en la participación tras la reforma de la ley, populares y socialistas iniciaron los contactos no solo para volver al sistema anterior, en el que los inscritos en el CERA no tenían que solicitar previamente el voto, sino también para agilizar los trámites y que no tengan que enfrentarse a tanta burocracia. El PSOE propone incluso que puedan votar electrónicamente, como plasmó en una proposición no de ley registrada en el Congreso en la primavera de 2012 (con muchas coincidencias con otra presentada por la Izquierda Plural en fechas muy cercanas), que irritó a los populares al considerar que era una “deslealtad” ir ‘por libre’ cuando estaban en plenas negociaciones.
Ahora parece que las aguas han vuelto relativamente a su cauce y la propia Carmela Silva reconoce que está nuevamente en conversaciones con Alfredo Prada, secretario ejecutivo del PP en el Exterior, para propiciar la ‘contrarreforma’ de la LOREG, aunque va a ser difícil que los cambios puedan estar aprobados antes de las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el 25 de mayo de 2014.
El PP no quiere esperar y ha puesto en marcha una campaña para movilizar a sus militantes en el exterior, de cara a esa importante cita que va a servir de termómetro para comprobar el comportamiento de la ciudadanía con los dos partidos mayoritarios. Prada ha comenzado un periplo por varios países europeos y latinoamericanos para ‘vender’ a los colectivos españoles el mantra de que, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, la recuperación económica está en marcha. Los socialistas afirman que ellos “siempre” están movilizando ese voto.
Según las últimas encuestas, las previsiones no son buenas ni para un partido ni para otro. La abstención a nivel nacional podría superar el 60% cuando en las anteriores europeas de 2009 rozó el 45%. No es de extrañar que PP y PSOE teman que la participación de los emigrantes con el sistema de 'voto rogado' descienda a límites históricos.