Apenas 48 horas después de comprometerse bajo el palio de la UE a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a asumir los cambios en el sistema de nombramientos que planteen los nuevos vocales, el PSOE y el PP han rebajado la relevancia de la propuesta del órgano de gobierno de los jueces. Un dictamen que los partidos no asumen como de obligado cumplimiento, sino que será utilizado como referencia para modificar la fórmula por la que se eligen a sus miembros. O no.
El texto del acuerdo firmado por el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP Esteban González Pons afirma que “se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”.
Esta intención se traslada a la proposición de ley presentada por ambos partidos en forma de disposición adicional con una redacción muy similar. Las palabras claves son “para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”, ya que los partidos abren la puerta a que las Cortes puedan hacer cambios en la propuesta que llegue del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo confirmaron en público durante la semana altos dirigentes del PSOE y del PP. El primero, el ministro de Presidencia y Justicia. Bolaños incidió en dos entrevistas consecutivas en que la propuesta que llegue del nuevo CGPJ “se analizará, debatirá y en su caso se tramitará”. “Hay diversos modelos en Europa”, dijo. “Si se puede mejorar el nuestro, hagámoslo”, añadió. “Es lo que hemos pactado”, zanjó.
También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en términos similares. “No tiene sentido pedirle al CGPJ que haga una propuesta para no tenerla en cuenta”, dijo en una entrevista en La Sexta el jueves. Pero Feijóo añadió que el dictamen para un nuevo sistema de elección de los vocales en el futuro “se puede aceptar en su totalidad o parcialmente”.
“Se acabó cualquier opción de controlar políticamente al Poder Judicial”, dijo Feijóo en una rueda de prensa el martes, poco después de firmarse el acuerdo. 48 horas después, abrió la puerta a no asumir el dictamen de los propios jueces.
La “participación directa” de los jueces
El cambio en el sistema de elección de los vocales ha sido el motivo esgrimido por el PP para bloquear la renovación del CGPJ durante más de un lustro. Fue la excusa que Pablo Casado se sacó de la manga cuando un mensaje de móvil filtrado reveló el control político que el anterior líder de la derecha pretendía ejercer sobre el Tribunal Supremo.
“Controlando la Sala Segunda desde detrás”, escribió en 2018 el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, para justificar el acuerdo con el PSOE a pocos meses de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy. La persona señalada para ejercer esa influencia sobre la sala encargada de juzgar el procés fue el hoy magistrado del Supremo Manuel Marchena, quien precisamente tendría que haber abandonado la jefatura de dicha sala para asumir la Presidencia del propio tribunal.
Pero el acuerdo firmado el martes en Bruselas y ante la mirada de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, evidencia que los conservadores han acabado renunciando a cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos “directamente” por los jueces. La condición era imprescindible para abordar la renovación del órgano hasta que dejó de serlo.
Esta reivindicación del PP fue apoyada todos estos años por las asociaciones judiciales de tendencia conservadora o moderada, convertidas en ariete contra el Gobierno de coalición por este y otros asuntos.
Los vocales del nuevo CGPJ tendrán que hacer una propuesta para que en el futuro los jueces tengan una “participación directa” en la elección de sus pares en el consejo. Una fórmula que no implica necesariamente que sean solo los jueces los que participen en la elección, tal y como asumen en el PP.
Aunque en público los portavoces de la oposición defienden que la redacción implica que “los jueces eligen a los jueces”, en privado califican el acuerdo como un “empate”, una renuncia y una pérdida de control de lo que pueda pasar con el CGPJ ya renovado.
La realidad es que después de cinco años y medio utilizando de coartada el cambio de modelo, el pacto suscrito esta semana ha reproducido el reparto de sillones entre PSOE y PP, que han propuesto diez vocales cada uno. El próximo CGPJ contará, de nuevo, con 12 jueces o magistrados en servicio activo y otros ocho “juristas de reconocido prestigio” nombrados con el aval de tres quintos del Parlamento. Después, esos vocales elegirán a un presidente o presidenta, que también suele ser fruto de un acuerdo político. Por el momento, su nombre no ha trascendido.
En el caso de los miembros de la carrera judicial, son escogidos de una lista determinada por los propios jueces, a la que se accede con el aval de 25 compañeros o de una asociación. De ahí, los partidos eligen teniendo en cuenta la afinidad ideológica y los vínculos asociativos. En el nuevo reparto, la mayoría están ligados bien a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, bien a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Para los ocho puestos restantes se reservan perfiles con experiencia en diferentes ámbitos del mundo jurídico con algún carácter político.
Del nuevo reparto sí han desaparecido algunos aspirantes que, en 2018, cuando el primer intento frustrado de acuerdo, fueron criticados por su politización. Por ejemplo, el PP propuso a dos exparlamentarios que ejercían de portavoces de sus posturas en materia judicial en Congreso y Senado, José Miguel Castillo y Manuel Guillermo Altava, respectivamente. Ninguno de los dos está en la lista actual. Por contra, el PSOE sí ha mantenido a Bernardo Fernández, quien fue vicepresidente en Asturias.
El pacto cerrado esta semana ha recibido las críticas por la segunda asociación judicial en número de afiliados, la Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente y que no contará con ningún representante en el nuevo CGPJ. Su portavoz, el magistrado Sergio Oliva, cuestionó que se hubiera puesto fin a una anomalía “de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces”. Es un cuestionamiento similar al realizado por la cuarta asociación en número de miembros, Foro Judicial Independiente (FJI); y que también han expresado magistrados a título particular en sus redes sociales.
La conservadora APM, que lleva años proponiendo un modelo de elección directa, mediante listas abiertas, con circunscripción nacional y sin restricciones de ningún tipo, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo cerrado por los partidos.
“Es positivo por la renovación y por el compromiso de reforma de la ley”, dijo su presidenta, la magistrada María Jesús del Barco. No hay seguridad de que la reforma del sistema de elección se vaya a realizar pero, por el momento, la APM ya ha colocado a cinco de sus asociados en el órgano que decide qué jueces acceden a las cúpulas de los tribunales. Otros tres de los nuevos vocales fueron avalados por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que también ha respaldado el acuerdo.