El final del ciclo electoral de 2024 ha abierto una nueva ventana de oportunidad para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, que el PP frena desde hace más de cinco años. Aunque la confianza de la derecha sobre las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es mínima, de las declaraciones públicas de Alberto Núñez Feijóo y de sus portavoces han desaparecido algunas exigencias que eran inamovibles hace apenas semanas. En el Gobierno creen que las conversaciones han avanzado desde el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez. Pero mantienen la prudencia sobre el acuerdo porque temen que a Feijóo vuelvan a doblarle el brazo.
“Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”, dijo Feijóo este lunes en Bruselas. Ni una palabra sobre el sistema de elección de los jueces, el gran escollo para lograr un acuerdo. Pero tampoco sobre el acceso al Tribunal Constitucional, la reforma de la Fiscalía o la limitación a lo que ahora llaman “puertas giratorias” entre la justicia y la política.
Ni rastro del decálogo de exigencias inamovibles que Feijóo ha esgrimido desde que asumió el liderazgo del PP, hace ya más de dos años. Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, tampoco lo hizo, pese a la insistencia de los periodistas al preguntarle. Fuera de los micrófonos, ningún dirigente del PP ha repetido la manida frase de que “los jueces tienen que elegir a los jueces”.
Pero el giro del PP, la limitación de sus exigencias, no se produjo inmediatamente después de las elecciones europeas. Ni siquiera después del ultimátum lanzado por Sánchez la semana pasada. En un primer momento, Feijóo renegó. Ahora, prefiere no darse por enterado. “No nos preocupan los ultimátums y los chantajes”, dijo ante los periodistas en la capital belga.
El PP fía las opciones de acuerdo a la intermediación de la Comisión Europea. El comisario de Justicia, Didier Reynders, se reincorpora a su puesto el 25 de junio, y mantiene el mandato de buscar un acercamiento entre los dos partidos. Eso sí, tal y como recordó la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, su papel activo ya ha concluido y son ahora las partes las que tienen que plantear una propuesta conjunta que la Comisión validará.
El lunes, Feijóo dijo estar “esperando la propuesta definitiva” del Gobierno, y concluyó: “Tendremos en las próximas semanas alguna reunión en el marco de la UE”.
El ala dura del PP, expectante
En el PP creen que Sánchez va de farol y que no se avendrá a pactar la renovación del CGPJ, sino que intentará reformar la ley con sus socios parlamentarios para “controlar” así el órgano de gobierno de los jueces. Por eso, sostienen las fuentes consultadas, lanzó el ultimátum.
Pese a la desconfianza, Feijóo ha optado por modular el discurso del PP en público. Y eso que el ala dura del partido ya ha dicho, también en público, que rechazan cualquier pacto con el Gobierno, algo que ya explicitaron en octubre de 2022, cuando el líder del partido tenía prácticamente cerrado el pacto por el Gobierno a falta de la fecha para anunciarlo y acabó reculando por las presiones de los sectores más duros de la derecha.
Ese rechazo continúa hoy. La primera en dejarlo claro fue, como suele ser habitual, Isabel Díaz Ayuso ya la semana pasada. La presidenta de Madrid tildó de “matonismo democrático” el ultimátum de Sánchez. Y lanzó una de sus frases lapidarias: “Es el momento más inadecuado para que Sánchez meta mano e intente dominar el CGPJ y el Tribunal Supremo”.
Al costado de Ayuso se ha situado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien este mismo lunes sí explicitó la exigencia que venía manteniendo el PP. “Hasta que no consigamos que sean los jueces los que elijan a los jueces, con un presidente de Gobierno que no esconde sus deseos de someter la judicatura a sus designios partidistas, es imposible y extremadamente peligroso entrar en una renovación del Poder Judicial”, dijo.
La frase del presidente aragonés llegó el mismo día en que José María Aznar reclamaba una “movilización permanente” contra el Gobierno. El expresidente tildó de “ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España”. Aznar denunció los supuestos intentos de Sánchez de controlar a los jueces y “la prensa libre”.
Pese a las palabras de Aznar, quien no se refirió explícitamente al CGPJ, y a la primera reacción de Ayuso, el ala dura del PP está a la espera de ver el desarrollo de los acontecimientos
El Gobierno, entre el optimismo y el temor a que Feijóo flaquee
En el PSOE y en el Gobierno basculan desde hace una semana entre el optimismo por las señales que manda la calle Génova y el escepticismo por el historial de fracasos acumulados en los últimos cinco años. En la Moncloa admiten que las cosas han avanzado desde el ultimátum que lanzó Pedro Sánchez y en el que puso como fecha límite para un acuerdo el 30 de junio antes de emprender reformas al margen de la oposición. Pero siguen sin fiarse.
“El problema que tenemos con el PP es siempre el mismo, que no sabemos quién manda”, señalan en el Ejecutivo para recordar que a Feijóo ya le doblaron el brazo en el último momento desde el ala dura de su partido hace año y medio. Que la persona que encarna ese sector, Isabel Díaz Ayuso, haya mantenido un perfil discreto en los últimos días mientras las negociaciones entre el PSOE y los populares avanza, hace pensar entre las filas socialistas que el margen para el acuerdo es, esta vez, real.
“De verdad que nosotros esperamos un acuerdo. No me creo que Feijóo vaya a dejar ese legado político de no cumplir con la Constitución”, señala un dirigente de Ferraz. Pero mientras las conversaciones prosiguen, los de Pedro Sánchez mantienen abierto el plan B de una reforma al margen de los populares si es que finalmente vuelven a dar un portazo en el último momento. Y no bajan el tono de su crítica en público por los cinco años de retraso en la renovación.
“Por nosotros desde luego no va a quedar, el balón está en el tejado del PP. De hecho, el balón lleva en el tejado más de 2.000 días. Ya han pasado días suficientes para que lo bajen”, dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. En la sesión del control en el Senado, la vicepresidenta María Jesús Montero fue aún más punzante. “Deberían tener un poquito de pudor de hablar de la Constitución cuando llevan cinco años sin cumplir con el mandato constitucional de la renovación del Consejo General del Poder Judicial”, le espetó a la bancada de los populares.