“El PP no requiere ninguna mesa de diálogo como la que ha creado con los independentistas y ahora quiere extender al resto. Si ha decidido humillarse en el extranjero con mediadores, que no cuente con nosotros para blanquear estas humillaciones. El PP no va a colaborar en el blanqueamiento de quienes le chantajean para seguir siendo presidente”. Así ha rechazado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el ofrecimiento de una “comisión de trabajo” entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para abordar tres negociaciones: Poder Judicial, reforma del artículo 49 de la Constitución y financiación autonómica.
Gamarra ha asegurado durante una intervención ante el Comité Ejecutivo del PP de Aragón que su líder, Alberto Núñez Feijóo, atenderá la llamada telefónica que Sánchez anunció durante la recepción por el Día de la Constitución en el Congreso. Un contacto que se debería producir antes de fin de año, según dijo el jefe del Ejecutivo.
El anuncio cayó mal en el PP, que criticó que se hubieran enterado por los periodistas. Pero Feijóo dijo que mientras él sea líder de la oposición acudirá siempre a la llamada del presidente del Gobierno por responsabilidad institucional.
Así que Feijóo atenderá al teléfono, y se reunirá con Sánchez llegado el caso. Pero en ningún caso dará cabida a esa “comisión de trabajo” que para el PP es sinónimo de “mesa de diálogo”, lo que les igualará hipotéticamente a Junts y ERC, según ha explicado Gamarra.
“Nuestro método de trabajo será el de siempre, el que merece la democracia”, ha dicho en Zaragoza la ‘número dos’ del partido. Las citas, si se producen, serán “en las instituciones y los parlamentos”. “Todo lo que nuestro partido tenga que negociar con el partido de Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y del parlamento”, ha reiterado. “Ni mesas ni mediadores, por supuesto en territorio español”, ha añadido.
En cuanto al contenido de la teórica cita, todavía ni siquiera convocada, Gamarra ha rebajado mucho las expectativas. Sobre el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial que ejerce el PP desde hace cinco años, la secretaria general ha reiterado que no se van a mover un ápice de su propuesta. El PP defiende que sus 137 diputados le permiten imponer la reforma del sistema de nombramientos, y obligar a que esta se apruebe a la vez que la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces.
“No vamos a cambiar de opinión”, ha dicho Gamarra, quien no ha mencionado la tercera vía que se ha abierto para buscar una solución, y que pasa por reordenar las competencias del CGPJ, en línea con la propuesta que lanzó la semana pasada el presidente accidental del órgano, Vicente Guilarte.
Guilarte y Feijóo departieron unos minutos este miércoles en el Congreso durante la recepción, aunque no ha trascendido el contenido de la conversación. El PP está enrocado en el aforismo “que los jueces elijan a los jueces”, pero desde la Comisión Europea se apremia a la derecha a poner fin a un bloqueo de un lustro.
Sánchez también quiere abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuido”, algo en lo que están de acuerdo teóricamente todos los grupos de las Cortes, pero que no se logra llevar a cabo. Gamarra ha asegurado que “el PP sigue comprometido en las condiciones ya pactadas con el PSOE” en la pasada legislatura: “Que no servirá para una reforma indirecta de otras cuestiones y que bajo ningún concepto habrá un referéndum” sobre la reforma. Si esto se cumple, ha dicho, “podrá desbloquearse de manera inmediata”.
El presidente ha mencionado la financiación autonómica como tercer punto que debería tratar esa “comisión de trabajo”. Gamarra ha sido muy escéptica y ha reclamado que lo que se llegue a acordar no se someta luego a los independentistas, quienes tienen su propio asiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, por cierto, se reunirá este lunes.
El PP también planteará que se añada un cuarto punto al orden del día de la reunión: la amnistía. “Tenemos derecho a saber lo que se está negociando y por qué se somete la soberanía nacional al control en el extranjero, qué verificadores son y cuánto va a costar”, ha zanjado Gamarra.