Los parlamentarios del Partido Popular se van a dejar el sueldo del mes en terapia. Acabarán como Tony Soprano echándose a llorar al ver a un grupo de patos alzando el vuelo. Todos se miran entre ellos preguntándose si Génova dejará correr el presunto error sin forzar dimisiones o si impondrá cambios en el funcionamiento del grupo parlamentario. Todo parece indicar que será lo primero, aunque nadie está muy seguro. Las heridas autoinfligidas son las que dejan la cicatriz más dolorosa.
A grandes males, grandes remedios audiovisuales. El departamento de marketing tuvo una idea genial. Traer al hemiciclo a María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, para absolver a Alberto Núñez Feijóo de todos sus pecados. Ella, que es senadora, se presentó en el Congreso durante la comparecencia de Pedro Sánchez con el fin de otorgar el sello de santidad al líder del partido y posar su mirada sobre el presidente. No desde el principio de la sesión. Había que buscar el efecto adecuado. El show debía contar con el mayor impacto posible.
Ocurrió en el minuto 35 del partido que había comenzado a las nueve de la mañana. Al verla, los diputados del PP se pusieron en pie e iniciaron una larga ovación interrumpiendo a Sánchez. Lo propio hubiera sido que se arrodillaran y pidieran el perdón. Por algo había dicho Miguel Tellado en la reunión del grupo del lunes que “aquí no hay culpables, todos somos responsables”. Todos habían pecado, según la versión interesada de Génova. Feijóo y Cuca Gamarra besaron a Blanco, que se sentó al lado del primero.
A Blanco se le había visto muy tocada el día anterior en el inicio del pleno del Senado. Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote y condenado como autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco, es uno de los presos de los que se decía que podrían verse beneficiados si se computaban los seis años y nueve meses que pasó encarcelado en Francia. La senadora decidió prestarse a participar en la medida de control de daños. A fin de cuentas, el PP es su partido, que le ha dado la oportunidad de tener una carrera política desde 2009.
La futura situación de Txapote era uno de los temas más sensibles. Su foto aparecía en la portada de ABC del martes junto a otros 24 presos de ETA que se iban a ver beneficiados. En su caso, el periódico decía que podría salir de prisión el próximo año. No es cierto. Su condena no se cumplirá hasta 2031, como ya estaba previsto al consumir en esa fecha el periodo máximo de estancia en la cárcel. La Audiencia Nacional lo aceptó en 2014, bajo el Gobierno de Rajoy, tras un recurso del preso para que se le acumulara la pena ya cumplida en Francia.
Feijóo necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Por la mañana, debía de haber leído la opinión de un columnista de ABC que era bastante representativa del estado de ánimo en la derecha: “La rebaja de penas a etarras deja a la oposición ante una tesitura diabólica. La de pasar por traidores o por idiotas”. Ninguna de las dos opciones es buena para Génova. Los idiotas no gozan de una gran esperanza de vida al frente de un partido y los traidores, mucho menos.
Por eso, Feijóo comenzó su discurso en estado hiperventilado. Tenía que transmitir un enfado superlativo nada más comenzar. “Ha hablado usted de la dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA”, dijo. Hablaba después de la comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta de la cuestión migratoria, solicitada por el PP. El partido tenía el miércoles otras prioridades.
Esta es la semana en que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado vía libre a la investigación de Begoña Gómez por el juez Peinado, con excepción del asunto del rescate de Air Europa. El PSOE ya no puede decir que esto es una locura de un juez en concreto dispuesto a hacer un gran favor a la derecha antes de su jubilación. Blanco y en botella, decían, incluido el ministro de Justicia.
Sólo hay unos indicios que están muy lejos de poder ser definidos como un delito de tráfico de influencias, una tarea difícil como viene a admitir la propia Audiencia, pero Peinado podrá tomarse el tiempo que quiera. Y eso es mucho tiempo en la justicia española. La duración de una instrucción judicial se suele medir en años, no en meses.
El primer intento de encajar el golpe había concluido con un sonoro fracaso de la ministra portavoz del Gobierno. El martes, Pilar Alegría dijo en rueda de prensa que “la Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa”. También señaló a los sorprendidos periodistas que “con esta resolución, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa”.
Las dos afirmaciones son falsas. Como mucho, pueden reflejar las esperanzas que tenía la defensa de la esposa del presidente. Como análisis del auto judicial, carecen de todo sentido y restan credibilidad a todas las afirmaciones futuras de la ministra que habla cada semana en nombre del Gobierno.
Se avecinaba una semana dura para Sánchez. Ahora no puede creerse su buena suerte. El patinazo del PP ha llenado todos los titulares y ha vuelto a poner en cuestión la entidad del liderazgo de Feijóo y el trabajo parlamentario de su escudero, Miguel Tellado.
Sánchez lo aprovechó a fondo en el pleno del miércoles. “¿Usted sabe lo que vota o no?”, dijo. A Feijóo le cayó un sarcasmo tras otro. “El problema de este país es una oposición que no tiene a nadie al volante”, afirmó en una frase escogida para hacer daño, porque esto último es lo que dijo la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), por lo demás gran aliada del PP, en su primera reacción.
Sánchez ni siquiera se cree la hipótesis del error involuntario del PP, producto de una negligencia. Negó que hubiera una “rebaja de condenas”, ya que “sólo se tiene en cuenta el tiempo pasado (en prisión) en el extranjero”. De ahí que vendiera la idea de un complot chapucero. “Ustedes lo sabían y por eso votaron a favor. Sabían lo que votaban”, acusó a sus rivales.
Para finalizar, la humillación definitiva: proyectar la sombra de Isabel Díaz Ayuso. “Usted no decide nada. El problema es que la jefa no le deja”. Lo repitió en cuatro frases consecutivas y, como no le pareció suficiente, volvió a utilizar la frase en una quinta ocasión. Había convertido su comparecencia en una sesión de control de la oposición.
En la sesión de control propiamente dicha unos minutos después, el PP reincidió en el intento de exonerarse a sí mismo. Tellado, cuya gestión del grupo parlamentario está siendo cuestionada, se apropió sin escrúpulos de los nombres de los cargos electos socialistas asesinados por ETA. Enseñó un montaje fotográfico con los rostros de doce de ellos. “¿Van a poder mirarle a la cara a sus familiares?”, preguntó a la vicepresidenta Montero.
No era suficiente para Tellado. Ya sentado en su escaño, siguió hablando y enarbolando las imágenes cuando el ministro Óscar López estaba respondiendo a otra pregunta. La diputada Macarena Montesinos se reía y señalaba las fotos. Un ejercicio de hooliganismo parlamentario que no está contemplado en el reglamento de la Cámara.
“¿Dónde estaban estos dos energúmenos cuando ETA existía?”, se preguntaba Gorka Landaburu, que sobrevivió a un atentado de ETA. “Han traspasado todas las lineas de dignidad y de respeto mínimo que hay que tener”.
La respuesta más contundente a Tellado la recibió de Maria Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa y asesinado por ETA en el año 2000. "A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria”, le dijo en Twitter.
El líder de los socialistas vascos le recordó el caso de Juan Priede, concejal del PSE en Orio, cuya foto también aparecía en el collage de Tellado. El acercamiento a cárceles vascas del etarra que lo asesinó años más tarde se produjo con el Gobierno de Aznar cinco meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, afirmó Eneko Andueza. “En 2000 fue excarcelado, también con Aznar como presidente. Apenas un año y medio después, asesinó a nuestro compañero Priede”. Nadie en el PSOE aprovechó ese crimen para acusar a Aznar de cómplice de los terroristas.
Los dirigentes del PP tienen el derecho y la obligación de mantener viva la memoria por los suyos que fueron asesinados por ETA, por los que en definitiva dieron su vida por defender ideales democráticos. Lo que también hacen es utilizarlos como materia prima esencial de su labor de oposición y de sus golpes de efecto. Hay que preguntarse en qué lugar del “abismo moral” mencionado por Feijóo se encuentra esa estrategia. Los cadáveres no deberían formar parte de los trucos de la política con los que se intentan ganar titulares o elecciones.