El PP se aferra a una ley que reformó desde el Gobierno para intentar cerrar la investigación de la caja B
El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.
De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.
El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.
La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.
“No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado”
El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: “no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado”.
“Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal”, añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.
El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que “ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción”. Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.
“Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)”, añade el escrito.
Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata “no tiene cabida en Derecho”, los abogados aseguran que “a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado”.
Anticorrupción habla de “inseguridad y ”confusión“
En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que “ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad”, por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.
Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen “inseguridad y ”confusión“. El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. ”La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza“, añade.
Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa “tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción”. Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.
