El PP y el sector conservador del Poder Judicial maniobran para torpedear la amnistía en el Senado

La ley de amnistía saldrá adelante. El PP ha prometido oponerse a ella en todos los ámbitos e incluso ha recurrido a la “internacionalización” del rechazo social que ha generado la norma. Pero Alberto Núñez Feijóo no tiene resortes para impedir su aprobación. Cuando eso ocurra, sólo podrá impugnarla ante un Tribunal Constitucional de mayoría progresista. Lo que sí intenta hacer la derecha es zancadillear la tramitación, retrasarla. Para ello ha recurrido a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en crisis y bloqueado hace un lustro con una petición inédita de un informe que no todos los expertos creen que tenga amparo legal.

El PP cursó el jueves la petición para que la Mesa del Senado (que controla con mayoría absoluta) reclame al CGPJ un dictamen ‘ad hoc’ sobre la proposición de ley de amnistía. El escrito, que firma como portavoz Javier Arenas, reconoce que el gobierno de los jueces solo está obligado a informar sobre los anteproyectos de ley que presenta el Gobierno, y no de las proposiciones que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía. También se insta a un informe del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público. 

Pero el PP fuerza la solicitud sin precedentes del dictamen al interpretar que el uso de la proposición es un “fraude de ley” para prescindir precisamente de los informes pertinentes de los órganos consultivos. Los de Feijóo se acogen en su escrito al artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asegura que “se someterán a informe (...) los anteproyectos de ley y disposiciones generales” que versen sobre una serie de materias relacionadas con el ámbito judicial y la actividad de los tribunales. Arenas se refiere principalmente al punto 8 de los nueve que recoge este precepto: “Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario”.

El problema es que la ley de amnistía no es, en sí, una ley penal ni sobre el régimen penitenciario. No modifica el Código Penal, aunque el PP cree que sí, pero de forma indirecta. “No es discutible que la reforma propuesta que aspira a excepcionar a determinados casos e incluso a modificar la ley penal por antonomasia: el Código Penal, motivo por el cual resulta imperativa la solicitud al CGPJ”. 

Pero el escrito revela que el PP asume que la letra del artículo de la ley al que se acoge no encaja a la perfección con su petición. Es ahí donde alude al “fraude de ley” perpetrado, supuestamente, por el PSOE. Y argumenta que los socialistas han utilizado precisamente la vía de la proposición de ley como “subterfugio” para “evitar la literalidad” del artículo que requiere de forma “expresa e inequívoca” el informe preceptivo del CGPJ en el caso de los anteproyectos de ley. 

El escrito también cita, de pasada, el punto 9 del referido artículo, que dice que someterán a informe los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre “cualquier otra cuestión” que las Cortes “estimen oportuna”. Para tratar de reforzar su petición, el PP interpreta, en consecuencia, que “el sometimiento [al CGPJ] será potestativo en el caso de las proposiciones de ley presentadas en las Cortes Generales”.

División entre los juristas 

Es una interpretación que divide a los juristas consultados por elDiario.es. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera que si el Senado aprueba la petición, el órgano de gobierno de los jueces debería “inadmitirla” porque “no cabe informe sobre proposiciones de ley”, de acuerdo al citado artículo 561 de la ley del Poder Judicial. Es una tesis que comparte también Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED y colaborador de la Fundación Hay Derecho. “Los informes de los órganos consultivos siempre son respecto a iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley”, afirma.

María Garrote, profesora de la Universidad Complutense especializada en Derecho Constitucional y Parlamentario, cree, sin embargo, que la Cámara Alta sí está amparada por la ley para solicitar ese estudio jurídico. Garrote se remite a la literalidad del artículo 561.1 cuando dice que “se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales” que versen sobre determinadas materias. A su juicio, “una disposición general es cualquier norma, por lo que sí entraría la proposición de ley”. Además, Garrote alude al artículo 183 del Reglamento del Senado, que se refiere a los informes que deben someterse al Senado por “imperativo legal” y que también se remite al citado artículo 561 de la ley del Poder Judicial. 

Respecto a las alusiones del PP al supuesto “fraude de ley”, Arbós afirma que, a la vista del escrito, no ve “ningún argumento” que justifique su existencia. Y lo argumenta en dos direcciones. “Por un lado, los grupos parlamentarios (incluidos los que apoyan al Gobierno), pueden presentar proposiciones de ley. Por otro lado, si consideramos la fecha de registro de la proposición, la iniciativa legislativa solamente podía ser tramitada mediante una proposición de ley, ya que el Gobierno estaba en funciones”. 

Fernández Esquer, por su parte, aunque no habla de “fraude de ley” sí se muestra crítico con el hecho de que el Gobierno utilice esta vía a través del grupo parlamentario de una de las formaciones que lo sustenta —en este caso, el PSOE— precisamente para “eludir” informes que “pueden resultar desfavorables en algún punto”. Insiste, no obstante, en que se trata de una “crítica política” y que está amparada legalmente. 

Entente con el CGPJ

El escrito registrado por el PP en el Senado da pistas de la conexión existente entre el partido de Núñez Feijóo y los vocales conservadores del CGPJ. El documento se retroalimenta de la propia declaración contra la amnistía que esos consejeros emitieron a principios de mes, antes incluso de que se conociera el contenido exacto de la ley. Un “acuerdo” que Arenas cita expresamente en su petición, que deberá tramitar la Mesa del Senado. Esa declaración institucional sostenía que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho”. Fue aprobada con el voto favorable de los nueve vocales elegidos en su día a propuesta del PP, lo que augura un texto crítico en el caso de que finalmente se hiciera el informe. 

El PP recuerda que el pronunciamiento afirma también que la norma “pretende incidir en concretas sentencias de los tribunales declarando su nulidad y que cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial”. El texto de la proposición de ley registrada no menciona sentencias ni cita a jueces. El acuerdo previo firmado entre el PSOE y los partidos independentistas sí aludía a comisiones parlamentarias de investigación sobre el ‘lawfare’, el posible uso ilícito de los tribunales contra enemigos políticos. No obstante, tras el revuelo formado, el PSOE explicó que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas.

En el sector conservador ven con buenos ojos la iniciativa del PP y defienden que el Senado tiene “toda la legitimidad” para solicitarles ese informe y el CGPJ para realizarlo, pues se trata de “una ley de amnistía que desactiva sentencias de los tribunales”. En el caso de que finalmente la Mesa del Senado considerara que la Cámara Alta no puede solicitar ese informe jurídico, se da por descontado que habría movimientos en el bloque conservador encaminados a que el CGPJ hiciera igualmente el informe por propia iniciativa. “Entiendo que tocaría hacerlo nos lo pidan o no”, dice un vocal elegido en su día a propuesta del PP. 

Es una estrategia que, no obstante, ha fracasado en otras ocasiones. En noviembre del año pasado el núcleo duro del sector conservador intentó, sin éxito, que el pleno decidiera hacer un informe sobre la reforma de la sedición, que también se promovió mediante una proposición de ley. En un voto particular, estos ocho vocales reconocían que el citado artículo 561.1 de la ley del Poder Judicial “solo se refiere a anteproyectos de ley y no a proposiciones de ley”, si bien afirmaban que los “estándares europeos” obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a informe de los Consejos de Justicia. 

La actual composición del CGPJ responde a la mayoría absoluta que logró el PP de Mariano Rajoy hace más de una década, y encara su sexto año bloqueado por la negativa de Feijóo a renovarlo. En estos años el pleno ha pasado de los 21 miembros legales iniciales a los 16 actuales y va ya por su segundo presidente “por sustitución”, Vicente Guilarte, quien ha maniobrado dentro del organismo contra la opinión de parte de los vocales. Este viernes, en una reunión con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, Guilarte pidió que la renovación del órgano se haga “lo antes posible”.

El órgano de gobierno de los jueces tiene sus atribuciones limitadas y tiene vedada su principal función: el nombramiento de jueces de los tribunales más relevantes, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Supremo. Desde el PP, no obstante, mantienen su intención de bloquear la renovación de un CGPJ que ven cómo se alinea habitualmente con sus planteamientos.

En el equipo de Feijóo creen que tienen más que perder si cumplen la Constitución y la ley, y avenirse a una negociación para continuar el procedimiento de nombramientos de vocales abierto en 2018, que si lo mantienen congelado. Y todo, pese a las presiones explícitas desde la Comisión Europea para que se actualice su composición.

Feijóo lo intentó hace un año, pero sucumbió ante el fuego amigo. Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno y las terminales mediáticas de la derecha unieron sus mensajes para hacer imposible el acuerdo. La excusa: la reforma del Código Penal (esta vez, sí) para derogar la sedición y modificar la malversación. Un año después, es la amnistía la palanca para negarse a levantar el bloqueo sobre el órgano más importante del tercer poder del Estado.