La inminente investidura de Pedro Sánchez lleva al PP de Alberto Núñez Feijóo a elevar aún más su ofensiva contra el Gobierno de coalición, con la ley de amnistía como principal arma arrojadiza. La derecha, de la mano de la extrema derecha, ensaya ya una oposición dura, blindada contra cualquier pacto o acuerdo con el secretario general del PSOE. El éxito de la movilización del domingo anima a los estrategas de la dirección nacional a pensar en una legislatura corta marcada por la tensión en la calle. Feijóo ha asumido en este contexto el discurso más duro e incita a Europa a poner en duda la calidad de la democracia en España.
La casualidad, más o menos buscada, ha querido que la ley de amnistía se conociera un día después de las multitudinarias concentraciones contra la negociación entre el PSOE y los independentistas convocadas por el PP en todas las provincias este domingo. Cientos de miles de personas (unos insólitos dos millones, según el partido) se manifestaron contra una norma que, en definitiva, garantiza un tercer mandato a Sánchez, en quien focaliza la derecha toda su frustración por la insuficiente victoria en las elecciones del 23 de julio.
Contra él se dirigió de forma expresa el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Comité de Dirección del partido. La presencia del ferrolano en la sala de prensa de la planta baja del 13 de la madrileña calle de Génova ya era una novedad en sí misma. Y una muestra de hacia dónde va el PP.
Tellado es el ‘fontanero’ mayor de Feijóo. Uno de sus principales lugartenientes no desde su llegada a Madrid, sino en sus años al frente de la Xunta. Secretario general del PP gallego, ha sido el muñidor de los deseos de su jefe de filas en los territorios. Ha puesto y ha quitado líderes y candidatos. Nadie se le ha resistido, salvo (de momento) el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.
Pero su papel como portavoz de la dirección ha sido mínimo. Aunque sí le han entrevistado en medios de comunicación y ha ofrecido ruedas de prensa a nivel autonómico o local, apenas se ha dejado ver en la sala de prensa de Génova en su año y medio como dirigente.
Hasta este lunes. No compareció el habitual Borja Sémper, o los también recurrentes Cuca Gamarra o Elías Bendodo. Salió Tellado y cumplió con su cometido. “Waterloo es la nueva capital de España”, dijo, para hablar de la “humillación de asistir en directo al regreso del señor Puigdemont al aeropuerto del Prat”. “Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación del estado de Derecho, por permitir la humillación a la separación de poderes, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez”, zanjó.
Una frase que no ha gustado a todos en la dirección del PP. Algún dirigente recuerda en privado que el camino correcto pasa por la “firmeza”, sí, pero “con moderación”.
Tellado fue también un paso más allá que otros portavoces del PP y secundó expresamente a Isabel Díaz Ayuso, quien la semana pasada aseguró que que la amnistía suponía “colar una dictadura por la puerta de atrás”.
Preguntado por estas palabras, Tellado dijo que “generalmente siempre” le “parecen acertadas” las declaraciones de la presidenta de Madrid. “Concuerdo con la presidenta Ayuso”, remachó al ser repreguntado, por si las dudas. Y zanjó: “Hoy la democracia española es más débil, los cimientos de nuestra democracia se encuentran amenazados por el Gobierno de España”, ha apuntado, porque “atentar contra la igualdad ante la ley, contra la separación de poderes, es tremendamente grave”.
Ni siquiera cierran el paso a la huelga general convocada por Vox, pese a considerarla un “globo sonda”. Feijóo el domingo en la Puerta del Sol de Madrid fue quien espoleó esta idea al asegurar que a él le habrían convocado ya esa huelga general en caso de ser él el presidente y haber pactado la amnistía.
Todo, antes de que se hubiera hecho público el texto de la proposición de ley de amnistía. Un documento en el que no hay rastro de reproches al Poder Judicial, al ‘lawfare’ o al supuesto “perdón” del Estado a los independentistas que la derecha agitó la semana pasada.
Aún así, antes de conocer el contenido de la ley, PP y Ciudadanos han relanzado la ofensiva contra el Gobierno en Europa con una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a varios comisarios, así como al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, así como a los embajadores del resto de países ante la UE para advertir del “inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”.
La batalla de Europa
El PP pidió este lunes la celebración en la Eurocámara de un debate sobre la situación del Estado de derecho en España. El cuestionamiento de los estándares democráticos en España ha sido una constante de la derecha española en Bruselas durante el mandato de Pedro Sánchez, además de sembrar dudas sobre la ejecución de los fondos europeos.
Feijóo también tiene previsto reunirse este mismo martes con los corresponsables extranjeros en España para “internacionalizar la respuesta” a la ley de amnistía. Una palabra, “internacionalizar”, utilizada históricamente por los líderes del procés catalán. El líder del PP no celebra una reunión similar con periodistas españoles desde la campaña de las elecciones generales de julio.
En el Gobierno son conscientes de que se enfrentan tanto a una batalla judicial como a una escalada del problema en Bruselas, donde la derecha lleva todo el mandato de Sánchez embarrando con la política española. De hecho, buena parte de la exposición de motivos de la proposición presentada este lunes se dedica al derecho comparado y se mencionan otros casos de amnistías en Europa.
En plena recta final de las negociaciones con Junts, el comisario de Justicia, Didier Reynders (de los liberales), envió una carta a los ministros de Justicia y Presidencia, Pilar Llop y Félix Bolaños, en la que pedía explicaciones sobre el “alcance” de la ley. La Comisión Europea justifica esa solicitud en las comunicaciones que había recibido expresando “serias preocupaciones” sobre la amnistía, aunque no las ha concretado ni en número ni en procedencia. Algunos funcionarios de las instituciones europeas han enviado una carta a Reynders y la vicepresidenta de Valores y Transparencia, VÄ›ra Jourová, en la que alertan del “cuestionamiento de la legalidad vigente” ante “una auto-amnistía ya que son los propios beneficiarios los que la proponen, la votan y la aprueban” para la que piden a la Comisión Europea que tome medidas.
Antes de todo eso, Reynders ya había lanzado una advertencia previamente al asegurar que estarían “muy atentos” a la inclusión de delitos relacionados con la malversación. “Analizaremos el contenido del texto. Es una competencia nacional, pero hay algunos límites. Saben que estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción”, expresó a mediados de octubre. Ahora la Comisión Europea sostiene que está a la espera de conocer la letra pequeña del texto y de intercambiar impresiones con el Gobierno. El PSOE, no obstante, ha incluido una salvaguarda para sortear un conflicto con Bruselas al incluir entre las excepciones a la amnistía “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Bruselas por el momento no se ha pronunciado, pero la división ha emergido con claridad. A las reticencias mostradas por Reynders -de quien en el Gobierno ven la mano del PP y Ciudadanos detrás- se ha sumado este mismo lunes el alto representante, Josep Borrell. El exministro de Exteriores ha dado un golpe en la línea de flotación de Sánchez al reconocer que “los acuerdos con las fuerzas independentistas” le provocan “bastantes preocupaciones”. “Lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil”, ha apostillado.
Borrell fue de los dirigentes socialistas más beligerantes contra el independentismo convirtiéndose incluso en una de las voces de Sociedad Civil Catalana en 2017, y una de las voces discordantes en el Gobierno cuando Sánchez comenzó a pactar con ERC tras llegar a Moncloa.
Ahora rompe el discurso del líder socialista, que ante Von der Leyen y Michel, defendió la amnistía para “superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis territoriales de la democracia”. Quien sí ha asumido ese discurso es el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que en el Congreso del Partido Socialista Europeo celebrado este fin de semana en Málaga mostró su apoyo “al proceso democrático que está en marcha en España” y defendió que “es perfectamente coherente” con el modelo democrático europeo, informa la Agencia EFE.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de restar importancia a la carta remitida por Reynders al Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Borrell. “He estado reunido con mis homólogos. Ni uno solo me ha preguntado por la ley de amnistía y han sido la mayoría los que se han acercado a felicitarme por que el presidente de España siga siéndolo”, ha afirmado el ministro, que ha reconocido que no le sorprende la “ofensiva del PP para desprestigiar a España” y ha acusado al PP de “abrazar las técnicas de la extrema derecha” de esparcir “bulos”.
Feijóo, consciente ya de que su derrota es irreversible, confía ahora todas sus opciones a una legislatura corta, de “año y medio o dos años”, tal y como aseguraba este lunes uno de sus principales estrategas. Y en unas nuevas elecciones, ahora sí, el PP arrasaría. Con esa meta en la cabeza, la oposición será lo más dura posible. En todos los frentes. También en la calle, de la mano de la extrema derecha. Algo que ya intentó Mariano Rajoy entre 2004 y 2008 con nulo éxito.