En política casi todo puede pasar, y en cuestión de días. Pero parece difícil que en lo que queda de legislatura se levante el bloqueo al que está sometido el Consejo General del Poder Judicial por la negativa del PP a renovarlo si no se cumplen sus condiciones cambiantes y crecientes pese a que su mandato está caducado desde hace cuatro años. La reforma exprés de la ley para permitir al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que permitirá al Gobierno de coalición hacer lo propio, rearma a la derecha, que ve cómo se va deshaciendo la mayoría que construyó en los diferentes órganos constitucionales desde 2012 y que todavía perdura.
El Senado aprobó el miércoles una pequeña contrarreforma a la ley del Poder Judicial que devolverá al órgano de gobierno de los jueces las competencias para hacer nombramientos, aunque de forma limitada al Constitucional. El tribunal de garantías español perdió por final de mandato a cuatro magistrados el pasado 12 de junio, justo el tercio que corresponde renovar de forma conjunta al CGPJ y al Gobierno. Le corresponde designar a dos a cada institución, según define la Constitución.
El problema era que el Gobierno de coalición ya promovió una modificación de la ley para evitar que el CGPJ en funciones hiciera nombramientos. Se planteó como una forma de presionar al PP –que se niega desde 2018 a cumplir con el mandato constitucional de pactar la composición del órgano– y una alternativa a la propuesta de Unidas Podemos, que pretendía una reforma más profunda para cambiar las mayorías parlamentarias necesarias y así desbloquear la negociación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amagó con la segunda opción, pero rectificó en sede parlamentaria y optó por la primera. Un año después hubo un acercamiento, todavía con Pablo Casado como líder de la derecha. Se renovó un tercio del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Pero quedó fuera precisamente el CGPJ. En la partida de ajedrez en la que se han convertido los nombramientos de los órganos constitucionales, cada movimiento anticipa los anteriores. El Gobierno aceptó los dos nombres propuestos por el PP, controvertidos, como paso previo a un vuelco futuro de las mayorías.
De hecho, en Moncloa sostienen que el cambio legal de esta semana fue uno de los acuerdos que se alcanzó en esa negociación de octubre del año pasado en previsión de que el órgano de gobierno de los jueces pudiera seguir bloqueado. Fuentes gubernamentales aseguran que lo tienen por escrito en un documento firmado por el equipo de Casado. elDiario.es ha intentado confirmar con la dirección actual del PP, y con la pasada, esta afirmación, sin obtener respuesta en sentido negativo ni afirmativo.
A pesar de los llamamientos públicos que hacen insistentemente, en el Gobierno temen que el bloqueo del Poder Judicial persista lo que queda de legislatura: “El Partido Popular ha demostrado que no tiene intención de renovar al Consejo General del Poder Judicial –asumió la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado martes–, pero lo más grave es que no tiene intención de cumplir con la Constitución”.
El pasado 11 de julio el viceconsejero de Política Institucional, Esteban González Pons, apuntalaba la tesis del Gobierno al sostener que sería de “cínicos” que ahora el PP negociara con el PSOE y planteó como condición la retirada de la proposición de ley que el Senado aprobó definitivamente el miércoles. La reacción del PP a la designación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no apunta al descongelamiento.
En Moncloa tratan con poco éxito de intensificar la presión con argumentos como que las sentencias del Tribunal Supremo se van acumulando ante la falta de magistrados provocada por el bloqueo del CGPJ, pero de poco sirve. Otras instancias judiciales, como tribunales superiores o audiencias provinciales, también están afectadas.
En el PP señalan que la responsabilidad está en el Gobierno, y viceversa. Mientras, desde el Ejecutivo acusan a Feijóo de pretender aprovecharse de una mayoría de derechas en la judicatura que no se corresponde con la voluntad popular emanada de las urnas en 2019. La mayoría absoluta que logró Mariano Rajoy en 2011 le permitió abordar las sucesivas reformas de los órganos constitucionales en condiciones muy ventajosas para la derecha. Pero el bloqueo del CGPJ y de otros órganos ha mantenido de forma artificial una mayoría conservadora que los españoles no respaldaron en dos elecciones consecutivas hace ahora tres años.
En el PP no hacen mella las quejas que llegan desde la propia institución o las advertencias de la UE, que de hecho aprovecha para azuzar unas condicionalidades que Bruselas no contempla. Por ejemplo, este mismo mes de julio la Comisión apremió a España a “proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario” para “iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus vocales de extracción judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos”.
El PP, sin embargo, plantea que ambos procesos vayan en paralelo. De hecho, en su última propuesta plantea que la reforma del actual CGPJ se haga con la ley vigente (no se puede hacer de otra forma, en cualquier caso), pero exige un compromiso al Gobierno de que se acometa con las normas que marcaría una futura reforma de la ley del Poder Judicial.
Por eso en el Ejecutivo defienden la apuesta por renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a que el PP se avenga a cambiar la actual composición del Poder Judicial. Y lo que esperan es que el órgano de gobierno de los jueces cumpla la ley que han aprobado las Cortes Generales. Por ahora Lesmes ha convocado un pleno para abordar el asunto el 8 de septiembre, cinco días antes de que venza el plazo que le da la norma al CGPJ para designar sus dos nombres. “Sería una posición peligrosa”, advierten fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que el Poder Judicial no haga esos nombramientos. “Estamos seguros de que cumplirá la normativa y la institucionalidad. No puede hacer política siguiendo la posición de un grupo parlamentario”, agregan en referencia al actual rechazo del PP.
Moncloa no quiere desvelar cuáles serían sus cartas en el caso de que el CGPJ retrase la nominación o se niegue a hacerlo. Lo que aseguran es que el Gobierno podría nombrar los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, a pesar de que la Constitución establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios y el actual corresponde a Ejecutivo y CGPJ. “En el cupo que corresponde a las Cortes Generales, que son Congreso y Senado, una institución no puede bloquear a otra”, argumentan fuentes gubernamentales, que sostienen que si una de las cámaras no llegara al acuerdo para hacer las designaciones no podría dilatar el proceso en la otra.