El PP ha sacado toda la artillería contra Ciudadanos. Lo ha hecho recientemente en el Senado, donde la comparecencia de dos expulsados del partido de Albert Rivera le bastó para dar acreditada su financiación irregular y en el Congreso, donde ha aprovechado el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona algunos de los datos aportados por Ciudadanos. Los conservadores han conseguido instar al órgano fiscalizador a pronunciarse sobre el cumplimiento de la ley en materia fiscal de Ciudadanos con la abstención de Unidos Podemos.
La Comisión Mixta para la relaciones con el Tribunal de Cuentas ha votado este martes las propuestas de resolución planteadas al informe de ese organismo sobre la contabilidad de los partidos en los años 2014 y 2015. El PP ha planteado al órgano fiscalizador que “valore” si la “documentación y el reflejo contable” referente a determinados gastos de Ciudadanos “se ajusta a la normativa vigente en materia fiscal” y “si se han cumplido todas las obligaciones tributarias” por el la supuesta labor de asesoría que Ciudadanos cobraba a sus grupos parlamentarios.
La propuesta ha salido adelante con el voto 17 votos a favor, trece en contra y cinco abstenciones. El voto en blanco que ha permitido la aprobación ha sido de Unidos Podemos, mientras que socialistas y Ciudadanos han votado en contra.
“Estamos de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas proporcione todas las explicaciones que se le soliciten, pero no nos parece que el PP pueda tener autoridad para exigir nada en materia de financiación de partidos cuando está imputado por corrupción, tiene contabilidad B acreditada en sede judicial y obstruye las labores de la justicia en la investigación”, señalan desde Unidos Podemos sobre su abstención.
El PSOE ha votado en contra porque considera que el PP está usando las instituciones para “tapar” sus casos de corrupción y que no puede “inmiscuirse” en la labor del tribunal, según declara a eldiario.es el portavoz socialista en la comisión, Antonio Hurtado.
El PP, no obstante, ha rebajado a última hora sus exigencias para el Tribunal de Cuentas. Inicialmente solicitaba al órgano fiscalizador que pusiera en manos de la Agencia Tributaria la información sobre las finanzas de Ciudadanos. En las otras dos propuestas solicitaba en un principio que el organismo presidido por Ramón Álvarez de Miranda explicara “a la mayor brevedad” los “criterios” por los que ha determinado la gravedad o no de las infracciones. Finalmente, el PP se ha conformado con que se informe “en futuros informes”.