Cuando el pasado viernes, 26 de julio, diez dirigentes del PP embarcaron en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en el avión que les iba a trasladar a Caracas con intención de supervisar la jornada electoral del domingo, 28 de julio, en Venezuela, todos ellos –entre ellos el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado– ya sabían desde hacía tiempo que iban a ser expulsados del país nada más tocar suelo venezolano.
Los diputados y senadores populares mantuvieron sus planes a pesar de que el propio Gobierno venezolano, a través de su embajada en España, les advirtió por escrito nueve días antes, el 17 de julio –aunque no les llegó oficialmente hasta el 19–, de que no podrían entrar en su territorio. El rechazo se explicitó en una respuesta oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue la institución encargada de gestionar las solicitudes que presentaron tanto el Grupo Parlamentario Popular como la Mesa del Senado.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, Venezuela advirtió de que la “participación” tanto de los miembros del grupo del PP como de los del Senado “en una misión de veeduría internacional durante las elecciones presidenciales” del 28 de julio “no ha sido contemplada en el Programa de Acompañamiento diseñado por el Consejo Nacional Electoral”. La embajada añadió, por ello, que la disposición mostrada por los parlamentarios “no acarrea su inclusión en dicho Programa de Acompañamiento, el cual decide el Poder Electoral Venezolano en ejercicio de sus competencias, de forma soberana e independiente”.
“En tal sentido”, añadió el texto, “se informa que, en caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar a territorio venezolano sin formar parte del referido Programa de Acompañamiento Electoral, serán inadmitidos”.
El Ministerio de Exteriores trasladó la decisión al PP y al Senado, donde consta el registro de entrada de la comunicación de las autoridades venezolanas el 19 de julio, una semana antes del viaje que finalmente sí hicieron los diputados y senadores populares desoyendo las advertencias de la embajada venezolana. El resto de grupos parlamentarios de la Cámara Alta que también pensaban acudir a Venezuela desistieron del viaje, excepto los del PP.
Una vez allí, cuando las autoridades les confirmaron su expulsión, desde el Partido Popular dieron a entender que desconocían las advertencias y trataron de convertir su desplazamiento en un acto político ya no solo contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sino también contra el de Pedro Sánchez.
“Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”, escribió en X el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, poco antes de que esa delegación cogiera el vuelo de vuelta a Madrid.
En el viaje exprés participaron, además de Tellado, el eurodiputado y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, y los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano, que es también el secretario general del PP madrileño y, por tanto, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.
Matarí es el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado cuya Mesa iba inicialmente a viajar a Venezuela junto a un senador “a designar” por cada uno de los grupos parlamentarios. Una vez conoció el rechazo de la embajada venezolana, la Presidencia de la cámara tramitó una segunda petición que no fue respondida. Pero según ha podido conocer este diario a través de los correos que se intercambiaron dentro de la comisión, Matarí insistió al resto de grupos en la necesidad de acudir a Caracas para “apoyar la democracia y la libertad en Venezuela”.
Esos otros partidos se negaron, por lo que la directora de Relaciones Internacionales del Senado, Mónica Moreno, tras constatar que no se había recibido respuesta de esa segunda solicitud, informó el 25 de julio, un día antes del viaje, de que en nombre del Senado solo se desplazarían a Caracas Matarí y Serrano. Moreno canceló los billetes del resto de senadores, que se habían comprado “en clase turista”, pero mantuvo los de los dos dirigentes del PP, que fueron sufragados por la Cámara Alta.
Fuentes del Senado reconocen a elDiario.es que la cámara donde el PP tiene mayoría absoluta pagó el viaje a Matarí y Serrano porque el desplazamiento ya fue aprobado por la Mesa el 17 de julio, justo el día en que Venezuela declinó la propuesta. Desde el PP no han querido aclarar quién pagó los billetes de los otros ocho participantes en la visita exprés al aeropuerto caraqueño. “No creo que haya mucha diferencia si se ha pagado desde el Partido Popular o desde el grupo parlamentario”, se limitó a señalar el lunes en rueda de prensa la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Cuando el sábado regresaron a Madrid los diez miembros de la delegación del PP no admitida en Venezuela trataron de convertir esa expulsión que conocían de antemano en una nueva arma arrojadiza contra el Gobierno español. González Pons criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no acudiera a “amparar a nueve compatriotas suyos sometidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial” y aseguró que “el Ministerio de Exteriores se equivoca poniéndose de parte de Maduro”.
Atendidos por el cónsul en Caracas
“No tenemos una orden por escrito de deportación, ningún documento diciéndonos que somos deportados, ni las razones ni las causas. La decisión ha sido absolutamente arbitraria”, añadieron, pese a conocer que no iban a ser admitidos en el país desde hacía diez días.
Desde el Ministerio de Exteriores explican que mientras estuvieron en suelo venezolano los parlamentarios del PP fueron “atendidos por el cónsul general de España en Caracas que estaba esperándoles en el aeropuerto para facilitarles la asistencia que necesitaran”.
El departamento que dirige José Manuel Albares señala, asimismo, que “tanto la mesa del Senado como el GPP solicitaron poder acudir como misión de observación electoral a Venezuela” y que “el Ministerio de Exteriores no vio ningún inconveniente en esta solicitud, y trasladó y realizó todas las gestiones ante las autoridades venezolanas para ello”. No obstante, recuerda que “las autoridades venezolanas denegaron la autorización” y que una vez informados de esa inadmisión “ todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje”.
Tras la jornada electoral del 28 de julio, Nicolás Maduro se autoerigió como ganador pese a las dudas de los observadores internacionales que viajaron al país, incluidos los del Centro Carter, que exigen la publicación de todas las actas de votación. Tanto España como algunos de los principales referentes de la izquierda latinoamericana han puesto en cuestión también el triunfo del chavismo y exigen total transparencia al oficialismo venezolano para conocer el resultado real de los comicios.