Se trata de una batalla en todos los frentes contra Pedro Sánchez y sus previsibles socios de Gobierno. Eso no se discute, pero a la vez es otra competición encarnizada entre las derechas que tres meses después de las elecciones del 23J -cuando el PP barrió a Vox- vuelven a medirse en las calles. Ambas fuerzas se movilizaron durante la pandemia, contra los indultos a los líderes del procés y ahora despliegan un calendario interminable de actos y manifestaciones contra la amnistía que además puede servir para reeditar otra coalición con Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
El PP se ha impuesto en el Congreso de los Diputados -137 escaños frente a los 33 de Vox- y en el Senado, donde tiene mayoría absoluta pero la pugna ahora es por la calle, que ambos partidos prometen agitar para evitar la investidura de Sánchez o que al menos la que empieza sea una legislatura corta. Y cada acto se mira con lupa. ¿Quién congregó a más gente contra la amnistía? ¿El PP, en el acto de la plaza de Felipe II de Madrid de hace un mes? ¿O Vox el anterior fin de semana, en Colón? La derecha y la extrema derecha andan a la gresca por la asistencia a sus respectivas manifestaciones para protestar por los acuerdos y negociaciones del PSOE con las fuerzas independentistas catalanas para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De fondo bulle una pugna por liderar la oposición y el rehazo a una medida a la que se aferrarán durante toda la legislatura, la amnistía, cuya redacción sigue sin conocerse, lo cual tampoco ha evitado que la derecha policial y judicial también se esté movilizando, en una estrategia sin precedentes -que incluye pronósticos sobre el fin de la democracia- contra el Ejecutivo en funciones.
Y en este contexto ha vuelto a emerger José María Aznar. El jueves, en un encuentro con Feijóo, aseguró que Sánchez “es un peligro para la democracia constitucional española”. El expresidente llamó a la sociedad para que actúe contra la situación “extraordinariamente grave” que a su juicio está viviendo el país ante la futura ley de amnistía. En una situación así, dijo, “se podrán hacer muchas cosas menos una: inhibirse”.
Este mismo viernes, solo unas horas después de que los socialistas escenificaran su acuerdo con ERC en Barcelona y mientras seguían las conversaciones con Junts en Bruselas, la portavoz del PP en el Congreso advertía de que su partido va a usar “todos los instrumentos” a su alcance contra la esa ley de amnistía, y eso que ni su partido ni el resto de los ciudadanos han podido leer el texto, ya que siguen las negociaciones. “Vamos a movilizar desde el punto de vista institucional, político y jurídico todos los instrumentos a nuestro alcance”, dijo, en rueda de prensa.
Aunque Gamarra descartó derogar esa ley una vez que su formación llegue al Gobierno en el futuro, sí aseguró que recuperarán la “separación de poderes” que cercena la izquierda, según el PP. “Más pronto que tarde el PP llegará al Gobierno y será el momento en el que el PP volverá a recuperar la separación de poderes, las instituciones ejemplares y el valor personal del político. Las actuaciones empiezan desde ya. Ni nos van a callar ni nos vamos a quedar quietos”, dijo Gamarra poco después de mantener una reunión en Génova 13 con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y algunos de los miembros de su cúpula, precisamente para hablar de esas acciones futuras.
Desde Vox, su portavoz parlamentaria, Pepa Millán aseguró también el viernes que “España atraviesa un momento crucial en su historia” porque “quienes deben regir el bienestar del país han entregado la gobernabilidad de España a los que dieron un golpe de Estado en el año 2017 y lo han hecho en un ejercicio de corrupción sin precedentes”. Con la amnistía, aseguró Millán sin conocer cómo será la ley, Sánchez “está diciendo a todos los españoles que la igualdad de la ley ya no existe”, que los españoles ya no van a ser “iguales ante la ley porque va a ser el Gobierno el que decida en cada momento quién debe ser castigado y quién debe ser perdonado. ”No vamos a aceptar que se desmantele España“, añadía, advirtiendo de nuevas movilizaciones.
Por mucho que suba el tono el PP -y estas últimas horas lo ha hecho hasta el punto de que Feijóo dijo el jueves que “nadie conoce el límite de la inmoralidad” de Sánchez, la extrema derecha siempre va un paso más allá y ya piensa en convocar una huelga general a través de su pseusosindicato Solidaridad. Encabezado por la palabra “Urgente”, envió a cargos, coordinadores y militantes de Vox un mensaje este mismo viernes en el que informó de que están “estudiando la forma legal para, pese a no ser sindicato mayoritario, poder convocar una huelga general”. El mensaje continuaba explicando que “el derecho a convocar una huelga está muy restringido y prácticamente limitado a CCOO y UGT”, pero justifica su necesidad y propone que “mientas tanto, es un deber de los españoles darse de baja de cualquier partido, asociación o sindicato que no condene esta vergüenza”.
Sería otro paso más en la carrera por ganar la calle después de que su último acto, el domingo 29 de octubre, Vox lograse congregar a decenas de miles de personas en Colón. La organización que correspondió a la polémica fundación Denaes comunicó una asistencia de 100.000 personas. Delegación del Gobierno (que cuenta con datos de las fuerzas de seguridad) ratificó esta cifra, pero luego Denaes elevó su cálculo a 200.000 personas.
“Coincide sorprendentemente la cifra que dan los organizadores con los de la Delegación del Gobierno”, dijo con socarronería durante una entrevista el coordinador general del PP, Elías Bendodo, el pasado lunes. Y continuó: “En las manifestaciones que convoca el PP la cifra real, que es la que medimos nosotros, es siempre menor a la que da la Delegación del Gobierno. En este caso, Vox y la Delegación del Gobierno de Sánchez se ponen de acuerdo en la cifra. Que cada uno saque sus conclusiones”.
Un mes antes, en septiembre, fue el PP quien convocó un mitin-protesta en el centro de Madrid. La plaza de Felipe II se desbordó y los de Feijóo dijeron haber reunido a más de 60.000 personas, mientras la Delegación del Gobierno calculó 40.000.
Más allá del baile de cifras, la pugna entre el PP y Vox por capitalizar políticamente a quienes rechazan la amnistía es cada vez más feroz. De fondo, el intento de Santiago Abascal de conseguir, como en 2017, una imagen junto a Feijóo que le permita ponerse a su altura, pese a la clara diferencia de votos que ambos consiguieron el 23 de julio.
Las palabras de Bendodo recibieron una respuesta oficial desde el canal de Twitter de Vox. “Nos entristece y no entendemos este ataque a la multitudinaria manifestación contra la amnistía en Madrid sin importar su afiliación política”, escribió el partido tras hacer un llamamiento a “la responsabilidad y la unidad por encima de siglas”.
Las estrategias de PP y Vox difieren sobre esa “unidad” que reclama la extrema derecha. Los de Feijóo, ganadores claros de las elecciones del 23J, especialmente en su espectro ideológico, no quieren compartir con los de Abascal más espacios de los imprescindibles allí donde les necesitan para gobernar. Su objetivo es aparecer como única oposición real, posible, al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, y recuperar los votos de Vox en los siguientes comicios, como ya han hecho con los de Ciudadanos. El plan de Feijóo es reunificar el voto y que toda la derecha, partida en tres desde hace un lustro, vuelva a apoyar al Partido Popular, una vez desaparecido Ciudadanos y con Vox sumida en una grave crisis.
En este juego de estrategias el PP siempre va con más tiento que la extrema derecha, lo que a veces le permite salir airoso de situaciones complicadas, como la moción de censura contra Sánchez que lideró Ramón Tamames. Pero también ha provocado que para los sectores más duros Feijóo vaya a remolque de sus aliados en decenas de gobiernos autonómicos y municipales.
Ocurrió precisamente en septiembre, cuando todavía estaba intentado sacar los votos para su investidura, y el ala dura de su partido desempolvó el Espíritu de Ermua de las movilizaciones contra ETA y el guerracivilismo, impaciente por expresar su rechazo en la calle. Sociedad Civil Catalana convocó una marcha en Barcelona que Vox secundó inmediatamente. Pero el PP tardó varios días en hacerlo. Primero dijo que era partidario de que la oposición se hiciese en las instituciones, luego Feijóo convocó su propio acto y solo al final anunció su presencia en el de Barcelona.
El 'timing' con el que se gestionó aquella comunicación recuerda mucho a lo ocurrido esta misma semana. Tras la concentración de Vox en Colón fue convocada otra, para el 18 de noviembre, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Entre los organizadores, las asociaciones de Rosa Díez, Jaime Mayor Oreja o Juan Carlos Girauta, entre otras. Vox anunció de forma inmediata su presencia. Y la primera reacción del PP fue la de ponerse de perfil. En la habitual rueda de prensa de los lunes, Cuca Gamarra dijo desconocer la convocatoria, pero dejó la puerta abierta a que el PP secundara cualquier protesta “de la sociedad civil”.
Esa misma tarde se publicó la fotografía del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Una imagen que, tras pactar la amnistía con ERC, dejan pocas dudas sobre lo cerca que está la reelección de Pedro Sánchez. Horas después, el martes a primera hora, el PP informaba de que Feijóo había “conversado en la tarde de ayer” (por el lunes) con los convocantes de la concentración, a quienes anunció su presencia el 18 de noviembre.
Mientras, Feijóo mantiene su propia agenda de movilizaciones. Tras el mitin-protesta de Madrid convocó otro el pasado domingo en Málaga. Y repitió este domingo en Valencia. Vox eleva el tono para la del 18 de noviembre. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró esta semana que el Gobierno está “preparando el mayor acto de corrupción posible en democracia”. “Al PSOE hay que llamarle por su nombre, es una banda apoyada por golpistas, separatistas y filoterroristas”, añadió en declaraciones a los medios, para llamar a continuación a la movilización en la calle contra la amnistía.
El PP, por su parte, bascula entre ofrecer una imagen muy dura contra Sánchez y su coalición con Sumar y el acercamiento a los electorados nacionalistas de derechas en País Vasco y Catalunya. Feijóo llegó a decir la semana pasada que “respeta” a Puigdemont, y uno de sus principales colaboradores, Esteban González Pons, puso en valor el pasado convergente de Junts cuando todavía albergaban esperanzas de atraer algún voto que pudiera hacer presidente al gallego.
Feijóo evitó la foto con Abascal en la marcha del 8 de octubre en Barcelona. El PP esquivó también a Vox en Colón. Pero el 18 de noviembre ambos volverán a coincidir en Madrid. Para entonces es probable que Pedro Sánchez ya haya sido reelegido presidente del Gobierno por el Congreso, por lo que la concentración puede ser la primera contra el nuevo Ejecutivo de coalición. La imagen pillará a la derecha y la extrema derecha juntas, pugnando por liderar la oposición en la calle que pretenden mantener agitada durante lo que dure la legislatura.